Las competencias de la Ley del Suelo que desde el 2017 asume el Cabildo palmero, con la inmediata creación de la denominada Comisión Ambiental que ha venido a dar autonomía a la elaboración de los informes de impacto ambiental de los proyectos turísticos y viarios, no se han correspondiendo con la llegada de la financiación regional necesaria.
Mientras se piensa en adoptar esa decisión y darle carácter oficial, lo que ocurrirá tras el debate y análisis de los costes en el seno de la Federación Canaria de Islas (FECAI), tanto los costes de personal como los derivados de la comunicaciones y otros gastos generales derivados de la prestación de estos servicios a los ayuntamientos, corren a cuenta de las arcas públicas. Ese acuerdo de la FECAI que permita determinar con exactitud las contrapartidas económicas derivadas de la creación de las denominadas Comisiones Ambientales y de la redacción de los proyectos de impacto ambiental necesarios para dar cobertura a todos y cada uno de las solicitudes de los ayuntamientos, permitirá coordinar la posición de todos los cabildos ante el Gobierno de Canarias en una solicitud que debería ser conjunta.
Así lo indicó en la última sesión plenaria el titular del Cabildo palmero, Anselmo Pestana, quien apuntó la necesidad consensuar esta solicitud, que también será analizada con los ayuntamientos, en el caso de La Palma con la Comisión Insular de la Federación Canaria de Municipios (FECAM).
Esta reflexión del presidente del Cabildo responde a las dudas planteadas desde el grupo Mixto en la institución insular, cuyo consejero y portavoz, Daylos González, expresó sus dudas al respecto del colapso que podría sufrir la Comisión de Evaluación Ambiental, constituida en noviembre de 2017.
El presidente del Cabildo asegura que el órgano, que hasta la fecha ha asumido la tramitación de los planes generales de nueve de los 14 ayuntamientos palmeros, algunos de ellos pendientes de aprobación desde hace hace tres lustros, puede hacer frente a la demanda de trabajo.
Una treintena de nuevos establecimientos
Actualmente se tramitan en la Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma, un total de 30 nuevos establecimientos turísticos, todos ellos con una limitada carga alojativa, con la suma total de 95 nuevas camas turísticas. Esta nueva oferta de alojamiento se tramita por parte de este organismo a petición de los ayuntamientos de Puntagorda, Tijarafe, Garafía y Tazacorte, y solo ocho de todas las solicitudes presentadas, han sido inadmitidas por falta de calidad del documento ambiental preceptivo.
La Comisión de Evaluación Ambiental es un organismo autónomo e independiente que recibe proyectos sujetos a declaración de impacto ambiental de Medio Ambiente, Planificación y de otros órganos del Cabildo palmero. Los últimos ayuntamientos palmeros que se han sumado a la lista de corporaciones que han firmado la encomienda de gestión para apoyarse en este organo son El Paso y Breña Alta.