Europa empezó a construirse sobre las ruinas de la posguerra, para evitar los nacionalismos que estuvieron en la base de su destrucción. Desde sus inicios el Tratado de Roma del 58, Acta Única 87, Maastricht 93, Ámsterdam 99, Niza 2003 y Lisboa 2009. En la UE-28, somos 510 millones de europeos con el mayor PIB del mundo conjunto, 15,87 billones de euros en 2018, y 31.100 euros por habitante. Somos el 7% de la población, con el 22% de la riqueza y el 50% del gasto social. La UE se fundó bajo el consenso político de la socialdemocracia y la democracia cristiana, que la globalización ha reconfigurado. La garantía del mantenimiento de la UE reside en su clase media abandonada por la crisis. Sin que la UE y sus naciones hayan sido capaces de reaccionar, generando un problema de desconfianza en las instituciones políticas, que reflejan los índices de confianza de forma alarmante. Los fenómenos del brexit, el procés y los populismos en los extremos a derecha e izquierda responden a esta situación, que avanza sin que la democracia ejerza un riguroso contraataque. Estas posturas a la defensiva se esconden en los propios conflictos nacionales, donde el procés, ya irreversible sin traumas, ofrece posturas ajenas a la globalización. Bajo el humo del antifranquismo se presentan las rebeliones carlistas catalana y vasca, que van contra el mercado, violentando desde los nacionalismos la lógica económica europea. Nos llevan a peores situaciones, repitiendo errores pasados. Entre la política y el ciudadano se sitúan las Administraciones, que han crecido de tal forma que sus fines son autónomos y ajenos al votante. La arquitectura constitucional de la UE ofrece limitaciones democráticas al carecer de control ciudadano, por lo que la responsabilidad política, la rendición de cuentas y la atención pública se diluyen. El juego básico de la UE se mueve entre tres instituciones, el Parlamento de 751 miembros, la Comisión, órgano ejecutivo de gobierno de la UE, con 28 comisarios, y el Consejo representando a los Gobiernos, que asume funciones legislativas, presupuestarias, política exterior y seguridad común. Esta complejidad institucional, en un club de 28 diferencias, hace ingobernable el conjunto e incapaz de reaccionar ante el cambio. En la práctica mandan los funcionarios. Para pertenecer al club se deben asumir las cuatro libertades, bienes, servicios, capital y personas, esta negada por el brexit. La UE tiene cedida soberanía de sus Estados, con competencias exclusivas en unión aduanera, mercado interior, política monetaria, pesquera y comercial común. Competencias compartidas, de apoyo y de coordinación. Un elefante administrativo difícil de mover. Con una dimensión presupuestaria propia de unos 165.000 millones de euros (2019), en torno al 1% del PIB europeo. Cantidad que podemos calificar de menor, cuando su incidencia por razones legislativas, financieras y geopolíticas va más allá. Y donde militar y diplomáticamente somos actores secundarios de la globalización, al carecer de políticas comunes y ejército propio. Los convencidos europeístas abogamos por una Europa que aligere su andamiaje normativo. Muchas menos normas y más ligeras e integradoras. Reforzar el papel del Parlamento y la Comisión, contra el Consejo. Integración económica, monetaria, política y social y mercado único. Sólidas fronteras con control efectivo y selectivo de la inmigración. Valores de la ilustración y los derechos humanos, de cultura cristiana. Desarrollo de la UE en positivo contra el negacionismo de los populismos, abordando realidades políticas, económicas, sociales y de empleo, geopolíticas y demográficas. Demografía olvidada, que exige disponer de una política de inmigración, integración y asilo común, para sostener la libre circulación y las pensiones de los Estados miembros No es posible una Europa plena sin el Reino Unido.
