Carlos (nombre ficticio) tiene 23 años. Prefiere mantener su anonimato porque cobra en negro lo que gana trabajando como repartidor para Glovo. No está dado de alta como autónomo y la cuenta que utiliza en la aplicación se la ha prestado un conocido. Solicitó un usuario a la empresa, pero le han puesto en espera ante la gran demanda de trabajo. Lleva en esta situación varios meses, desde que llegó con su padre de Venezuela: “Vinimos para trabajar y así poder mandar algo de dinero a mi madre”, explica.
Le encontramos en la calle San José, en Santa Cruz, sentado en un banco mientras merienda pan y chacina que ha comprado en un supermercado cercano. Accede a que le entrevistemos mientras espera a que le entre un nuevo pedido, sin dejar de mirar al móvil. El repartidor asegura que si no acepta un encargo, su puntuación baja y le deshabilitan horas de trabajo.
En la aplicación, Carlos enseña el sistema de evaluación al que se somete su servicio: una ponderación del número de pedidos aceptados, la rapidez de entrega, la valoración del restaurante, la opinión del cliente y la antigüedad del repartidor. Lamenta que a veces pierde puntos al no poder aceptar pedidos de restaurantes donde comprueban que su identidad se corresponda con el usuario de la aplicación: “Si algún comercio notifica el engaño, pierdo yo y pierde el propietario de la cuenta”.
La presión por cumplir con el sistema de evaluación ha abierto un debate, tras la muerte de un joven arrollado por un camión mientras realizaba una entrega en Barcelona. Se llamaba Pujan, estaba en España en situación irregular, no conocía la ciudad y se comunicaba en inglés con el resto de sus compañeros. Carlos, que tiene casi la misma edad que Pujan y que, como él, no está dado de alta como autónomo, reconoce tener “un trauma” tras ver la foto no censurada en las redes, pero lamenta no tener alternativa: “Qué te digo… tengo que hacerlo”.
El joven venezolano asegura que trabaja “de 10 a 11 horas diarias, de lunes a lunes”. La aplicación permite hacer hasta 12 horas al día, aunque en España la jornada laboral está establecida en un máximo de 8 horas. Intentando salir de esta situación, ha buscado trabajo en la hostelería, pero relata que es muy complicado: “Te piden certificación de esto y de lo otro. La verdad es que en mi país nunca me pidieron nada para demostrar mi valor como trabajador. Aquí con un simple papel se demuestra lo que sabes hacer, aunque en realidad no sepas”.
David es otro de esos riders o repartidores, también es venezolano, aunque en su caso tiene cuenta propia en la aplicación y está dado de alta como autónomo. Optó por unirse a una plataforma digital de reparto porque le permitía organizar su propio horario, algo que necesita para compaginar el trabajo con sus estudios de Ingeniería Informática en La Universidad de La Laguna. Sin embargo, reconoce que le preocupa tener un accidente de moto: “La plataforma no se hace responsable de ningún daño, ni personal ni material, he visto cómo le ha pasado a otros compañeros”.
En el caso de Alejandro se trata de un repartidor de Glovo, que nació en Tenerife, pero en 2016 se mudó a Madrid en busca de las oportunidades laborales que no encontraba en la Isla. En la capital, trabajó en diferentes restaurantes hasta que decidió transportar pedidos para Glovo: “En aquel momento el sistema estaba empezando, éramos pocos y daba la sensación de que eras autónomo. Cogías los pedidos según tu disponibilidad y cobrabas hasta 13 euros por hora”.
Meses después, explica, la situación cambió y “el sistema ya no funcionaba por disponibilidad, sino por cercanía, por lo que tenía que estar en continuo movimiento para que entrara el pedido y gastaba demasiado dinero en gasolina”.
Sin poder hacer frente al alquiler, la comida, el coste del autónomo y los servicios de asesoría que desde Glovo le recomendaron, Alejandro decidió dejar de trabajar para la startup: “Acabé ganando 6 euros la hora y con eso es imposible vivir en Madrid. Al final de mes no llegaba al salario mínimo y tenía que hacer mis pagos, no me salían las cuentas después de trabajar 7 días a la semana”.
Tras un accidente laboral que le supuso una baja, Alejandro decidió abandonar Glovo. Durante su recuperación intentó localizar a la empresa para justificar su ausencia, pero no le escucharon. Más tarde, no le sorprendió no recibir una llamada cuando abandonó la plataforma: “Les da igual si te vas o no, porque como tú tienen a mil esperando para entrar”.
Cursos de formación, descuentos en concesionarios e incluso acceso preferente a horarios de trabajo, estos son solo algunos de los beneficios de los repartidores que se unen a Aso Riders. Héctor Merino, su presidente, defiende que estos servicios son fruto de “la negociación con las plataformas digitales”.
La sintonía entre estas empresas y Aso Riders es evidente; desde la propia asociación defienden el modelo laboral: “No somos falsos autónomos porque exista un sistema que evalúe nuestro servicio, un instalador de gas también recibe una valoración de su labor”.
A la hora de definir el perfil del repartidor, Héctor Merino señala que “más del 70% son venezolanos, personas jóvenes y principalmente varones”. Para él, este perfil no está relacionado con la inseguridad laboral: “Precariedad es no haber conseguido empleo como diseñador gráfico cuando vine para acá, no el hecho de trabajar como autónomo y poder tener ingresos como rider”.
“El vacío legal deja a los trabajadores sin descanso y solos ante el peligro”
La geolocalización de los dispositivos móviles permite a Glovo conocer en tiempo real dónde se ubica cada repartidor y a qué velocidad se mueve. Para Esther Martín, secretaria de Acción Sindical de Comisiones Obreras en Canarias, esta situación pone en riesgo la seguridad: “Tenemos constancia de mensajes en los que se pide al repartidor que vaya más rápido y si no lo hace, le sancionan sin acceder a horas de trabajo”.
En las Islas se desconoce cuántos repartidores prestan servicios a la aplicación, “la inexistencia de un centro de trabajo no permite ver la realidad del problema, por eso hemos tenido que lanzar campañas informativas para que sean los propios repartidores quienes se acerquen al sindicato”.
El fin de la inseguridad laboral pasa, según Martín, por la derogación de la reforma laboral y una nueva legislación que contemple la existencia de estas plataformas: “No hay descansos establecidos, ni horarios lógicos, y tampoco una exigencia en materia de riesgos laborales y de seguridad”.