La intención del Partido Popular (PP) en La Palma es llegar a un entendimiento con la dirección nacional de los conservadores, antes de que se emita una sentencia en el marco de la demanda civil que han presentado para que sus consejeros en el Cabildo puedan recuperar su posición de afiliados. La expulsión fulminante decretada en un plazo de siete días, desde la apertura del expediente disciplinario, por su moción de censura contra la nacionalista Nieves Lady Barreto (CC), prohibida expresamente desde la calle Génova, no ha dado curso ni respuesta a los 40 folios de alegaciones que se presentaron ante dicha medida, pautada por Teodoro García Egea, secretario general de los populares, y comandada por su homóloga canaria, María Australia Navarro.
El presidente del Cabildo palmero, Mariano Hernández Zapata (PP), quien ayer se estrenó en el cargo en la constitución de la Comisión de Cabildos en el Parlamento de Canarias , explicó, en declaraciones a DIARIO DE AVISOS, que “no hemos tenido ni oportunidad ni posibilidad de defendernos” ante la dirección nacional del PP, del que, subrayó, “nos sentimos parte”.
Si la vía del diálogo no da resultados, los populares palmeros están dispuestos a plantar cara en los juzgados al Comité de Derechos y Garantías de su partido en un proceso que, como primera medida, podría dar en los próximos días la clave de este terremoto político en el seno del PP: la readmisión de los consejeros insulares a las filas del Partido Popular de forma cautelar mientras se desarrolla el proceso judicial. Esa medida podría conocerse, aseguran fuentes jurídicas de los conservadores palmeros consultadas por este periódico, antes de que termine la próxima semana.
Inhabilitadas
El mismo día en el que el recién estrenado grupo de gobierno en el Cabildo bajo la presidencia del popular Mariano Hernández Zapata designaba la vicepresidencia de Anselmo Pestana (PSOE), a la espera de la convocatoria del pleno extraordinario donde se aprobará el reparto de las áreas de responsabilidad del nuevo equipo, las tres consejeras del PP no afiliadas recibían del Comité de Derechos y Garantías de los conservadores en la calle Génova las misivas oficiales en la que se les informaba de su “inhabilitación” para actuar en representación y en nombre del Partido Popular.
Los populares palmeros ratifican en todos los foros y espacios públicos y privados su unidad frente a la “sinrazón” de la decisión de la calle Génova. Señalan a Teodoro García Egea como el valedor de una medida inquisitorial contra su trabajo, desde “un profundo desconocimiento de la realidad palmera”, a la que “se acercó durante cuatro días de la campaña electoral para pasar dos en el Observatorio sin acercarse a los problemas de un territorio que es víctima de una política errática de Coalición Canaria en el Cabildo, de forma casi ininterrumpida, durante los últimos 28 años”.
A partir de ahora se abre la incógnita de qué ocurrirá con el pacto de gobierno que cerraron populares y nacionalistas en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, donde los cuatro votos de CC, con Toni Acosta a la cabeza, hicieron alcalde al popular Juan José Cabrera Guelmes. CC no quiere ni oír hablar de esa posibilidad, pero cada vez son más las voces que, desde dentro y fuera de las filas del PP palmero y del PSOE, señalan la firma de un pacto entre Cabrera Guelmes y el socialista Elías Castro Feliciano, con seis concejales, como un objetivo a alcanzar antes de que termine este año.