“Pensé que vendría aquí convencida de que me iría más tranquila y se me aclararían las dudas, pero me voy sin saber si la Administración podrá hacer algo, y quizás no por falta de voluntad sino de premura”, dijo ayer María, una vecina de Tacoronte que vive en el número 26 de la calle Juan Pérez, en el barrio de Lomo Colorado.
Lo hizo durante la reunión informativa sobre las gestiones realizadas para el control y erradicación de la termita subterránea Reticulitermes flavipes, celebrada en la Casa de la Cultura y a la que acudieron apenas unos 50 vecinos. Casi media hora después de lo previsto en la convocatoria, comparecieron la consejera insular de Gestión del Medio Natural y Seguridad, Isabel García; el alcalde, José Daniel Díaz; la concejal de Medio Ambiente, Carmela Díaz; el técnico insular Cristóbal Rodríguez; y el responsable de la empresa pública Tragsa, encargada de acometer los trabajos de erradicación, Juan Pestano.
Pese a la insistencia de todos ellos de recalcar el esfuerzo realizado por las distintas administraciones para afrontar el problema, la coordinación existente entre a la hora de actuar, el empujón dado en los últimos tres meses y el millón de euros destinado por el Cabildo de Tenerife para elaborar un plan que permita extinguir esta especie invasora, no lograron despejar las dudas ni los miedos de los vecinos presentes.
Las preguntas por parte de la ciudadanía fueron muchas y variadas, desde qué tipo de producto se va a aplicar, si es o no nocivo, pasando por qué zonas se tratarán, cuándo se iba a iniciar el tratamiento, cuánto tiempo iba a durar, hasta la forma de actuar con aquellas personas que todavía dejan enseres y muebles supuestamente contaminados por la termita subterránea, entre otras.
Tanto Isabel García como el alcalde dejaron claro que el tipo de termicida que se aplique será una decisión que adoptarán los técnicos en base a los documentos e informes que tengan de las empresas, mientras que el responsable de Tragsa precisó que actualmente se barajan dos (hexaflumurón y diflubenzurón, aunque no los nombró) o un uso combinado de ambos.
En cualquier caso, dejó claro “que no existen alternativas” a los biocidas, cuyo uso no es perjudicial para la salud. Y aunque tampoco hay “riesgo cero” para el medio ambiente, “hay que evitar la propagación”, aseguró.
Una vez que se decida el tipo de producto que se va a utilizar, Tragsa se encargará directamente en base a la Ley de Contratos Públicos, ya que ello permitirá agilizar todo el procedimiento. La empresa tendrá sus propios aplicadores y si tienen que recibir formación e información previa, “lo van a hacer”, subrayó la consejera.
Respecto al inicio del tratamiento, Pestano indicó que se comenzará a elaborar en breve el plan definitivo que permitirá precisar los lugares en los que se colocarán los cebos con biocidas y ver las acciones concretas que se llevarán a cabo.
La idea del Cabildo es crear un gran cinturón sanitario en las zonas afectadas para evitar que esta especie invasora se extienda y se comenzará a actuar en los bordes de las carreteras al ser de titularidad pública.
Hubo vecinos que se quejaron de que había postes de teléfono contaminados, que la compañía no había retirado del lugar pese a haberle avisado, mientras que otro propuso la creación de una comisión en la que participen los afectados aportando su experiencia junto a los técnicos.
Tras las quejas de no tener un contenedor específico para la basura con Reticulitermes flavipes, Isabel García planteó la posibilidad de instalar uno, no solo para maderas y enseres sino también para podas. En la misma línea, tras la pregunta de qué sucedía con los muebles infectados, contó que el Cabildo planteó la posibilidad de comprar una incineradora itinerante para éste y otros casos.