Las multas que la Policía Local de Santa Cruz ha colocado a una decena de taxistas por llevar en el cristal delantero un adhesivo no autorizado, y que fue proporcionado por el propio Ayuntamiento, van a terminar ante la Fiscalía, con una denuncia contra el concejal de Servicios Públicos, Guillermo Díaz Guerra, por presunto “tráfico de influencias y prevaricación”. Así la avanzó, ayer, el sindicato de la Policía Local CSIF, que tiene previsto presentar hoy la denuncia, y lo hace tras conocer que el edil dictó una instrucción dirigida al jefe del servicio de Seguridad Ciudadana solicitando que “se suspendan” los procesos sancionadores a estos taxistas hasta que se aclare si es legal, o no, llevar esas pegatinas.
La queja del colectivo de taxis, ante lo que consideran un problema de competencias entre dos áreas del Ayuntamiento, ha hecho que Díaz Guerra intervenga con esa instrucción, en la que puede leerse que pide al servicio que, “cautelarmente, suspenda los procedimientos sancionadores iniciados con motivo de la presencia de los citados adhesivos, así como abstenerse de realizar denuncias por tal motivo…”.
Esta instrucción fue dictada por el concejal en respuesta a una aclaración pedida por Seguridad Ciudadana, sobre si era o no legal colocar los adhesivos. De momento, se han dejado de poner las pegatinas y se ha trasladado a los taxistas que retiren las que ya estaban.
El CSIF considera “inaudito” que un concejal “no solo cuestione la labor policial, sino que, además, intervenga para paralizar un proceso sancionador a un particular”. “La diferencia entre sancionar a un taxi y hacerlo a otro conductor es que el edil de Servicios Públicos va a a paralizar el procedimiento al primero mientras que el segundo tendrá que pagar” argumenta el CSIF.
Desde el sindicato recriminan, además, a Díaz Guerra que solo haya escuchado una parte “y con eso haya dado una instrucción a un funcionario de carrera para que no tramite un expediente sancionador, con el agravante de que si se suspende, puede prescribir”.