El seguimiento de la huelga de empleados de la administración pública en Canarias que ha comenzado este lunes contra el abuso de la temporalidad laboral se sitúa en el 3,6%, concretamente 289 personas de las 7.956 que podía ejercer su derecho, descontando a los trabajadores que están de vacaciones, de días de permiso o baja laboral, según datos recabados por Europa Press del Gobierno regional y obtenidos por una empresa externa.
La huelga, impulsada por la Plataforma de empleados públicos en fraude de ley de Canarias (Pefralca) y los sindicatos Sepca e Intersindical, más la adhesión de Co.bas, ha tenido concentraciones ante la sede de Presidencia del Ejecutivo autónomo en las dos capitales canarias, y no estaban llamados al paro los trabajadores de Sanidad, Educación y Justicia, entre otros servicios públicos.
Sin embargo, los convocantes cifran el seguimiento de la huelga en el 90% de los afectados, en torno al 55% de la plantilla total de administración pública en las islas.
“Ha sido un éxito, solo basta con mirar la gente que había en la calle en las concentraciones, más de 2.000 personas”, precisa a Europa Press el secretario general de Intersindical Canaria, Rafael Rodríguez.
Los convocantes han insistido a lo largo de la jornada en que hay riesgo de “despido inminente sin indemnización”, algo prohibido por la legislación española, y en medio de una “grave” crisis sanitaria y económica.
Además, aseguran que la directora general de Función Pública, Laura Martín, no es una interlocutora válida y debe “quedar al margen” de la negociación, criticando que el Gobierno “está ignorando” la Proposición No de Ley aprobada por unanimidad el pasado diciembre en el Parlamento de Canarias donde se insta al Ejecutivo a sentarse a negociar con la mayoría representativa sindical (IC y Sepca) y la Plataforma de afectados.
De los aproximadamente 11.000 trabajadores públicos de la Administración general, un total de 2.949 son interinos y temporales –según cifras del Ejecutivo– quienes exigen que se cumpla la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que obliga a dar fijeza al personal, por lo que proponen una ley autonómica para regular la situación o la convocatoria de una OPE restringida.
La directora general de Función Pública, Laura Martín, sostiene que el Gobierno “no se puede salir de la legalidad vigente” y la Constitución recoge que el acceso al empleo público se basa en los principios de igualdad, capacidad y mérito y “hay que respetarlos”.
En esa línea, señala que ni la sentencia del TJUE ni las posteriores del Supremo modifican la Constitución, y sostiene que en otros servicios, como en educación, sí se aprobó en diciembre la Oferta de Empleo Público de consolidación.
REUNIÓN EL MIÉRCOLES CON EL COMITÉ DE HUELGA
Martín afirma que el Ejecutivo mantiene su “oferta” de realizar una OPE donde se primen la experiencia y la antigüedad en el puesto frente a un proceso restringido que no tiene “viabilidad jurídica” porque no cumpliría la normativa vigente.
No obstante, cree que la “negociación” permitirá alcanzar un acuerdo basado en el cumplimiento de la legalidad vigente, subrayando que tampoco cabe en este caso una ley autonómica porque la función pública es normativa básica del Estado.
“¿Si hubiera una solución tan sencilla como cambiar una ley autonómica o dictar un decreto estaríamos pasando por este proceso?”, se pregunta.
Con todo, Martín va a convocar al comité de huelga el próximo miércoles para proseguir con las negociaciones y empezar a negociar las bases de las futura OPE, que tardaría entre dos o tres años, con lo que niega “falta de interés” del Ejecutivo por más que los trabajadores quieran reunirse directamente con el consejero de Administraciones Públicas, Julio Pérez.
La huelga se retomará el próximo viernes y el jueves, los 800.000 empelados públicos temporales de España se concentrarán ante las sedes de las delegaciones del Gobierno a las 11.00 horas.