Aunque la conversación navega sobre temas propios de su actual cargo o de la crisis a cuenta de la pandemia, es la vertiente política lo que termina protagonizando esta entrevista, la primera que concede desde que volviera formalmente a su casa de siempre, el PSOE. Entre los temas de antiguo que siguen tan presentes hasta el porvenir más cercano que se intuye en el horizonte, bueno es recabar la opinión de un experto en la materia como Santiago Pérez García (La Laguna, 1954).
-¿Se puede regir un ayuntamiento sin levantar reparos?
“Se puede y se debe”.
-Pero ahora usted es parte del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de La Laguna, donde el levantamiento de reparos ha sido una constante. ¿Cuántos han levantado ustedes desde que es alcalde Luis Yeray Gutiérrez (PSOE)?
“Ninguno”.
-¿Qué está pasando entonces con los contratos que los alcaldes de CC aseguran haberse visto obligados a extender en el tiempo sin concurso ni publicidad alguna?
“Depende de la casuística. Al entrar con el nuevo equipo de gobierno nos encontramos con contratos que se habían dejado vencer como quien deja el anzuelo para una carnada, como pasó con el de la gestión de los Centros Ciudadanos”.
-¿Quiere decir que se hizo a modo de una celada, una trampa para que ustedes acabaran haciendo lo mismo?
“Exacto. Desde Coalición Canaria se comenzó al principio de este mandato a circular el rumor por los Centros Ciudadanos de que iban a ser cerrados, de forma que el nuevo gobierno se viera en el brete de cerrar los centros o autorizar la continuidad de esas relaciones, ya sin título jurídico, reproduciendo así la práctica ilegal, que CC convirtió en un modus operandi. Como si La Laguna fuera un paraíso jurídico donde no se aplicasen leyes de contratación local ni las normas de hacienda de las entidades locales, porque en eso es lo que consiste el caso Reparos”.
-¿Qué han hecho ustedes?
“Respetar la ley. Se asume temporalmente la gestión directa de dichos servicios y se integra, también temporalmente, a los trabajadores que lo prestaban. Y, automáticamente, se empieza con el procedimiento para un nuevo concurso que incluye en el pliego de condiciones una cláusula perfectamente legal por la que las empresas licitadoras asumen el compromiso de subrogarse el personal”.
-¿Ha sido así en todos los casos?
“No. En otros casos nos hemos encontrado con acuerdos ilegales, pero que son ejecutivos, y lo que se ha hecho es prestarse a toda prisa, pese a la complejidad de los contratos, a redactar nuevos pliegos de condiciones y sacarlos a concurso, como ha pasado esta semana con el contrato de residuos urbanos. Se podían abrir procedimientos para la anulación de esos contratos, pero habría implicado la interrupción de servicios y posibles reclamaciones de las empresas afectadas. Creo, en resumen, que se ha hecho, y se está haciendo, cumplir con la legalidad vigente”.
-¿Han requerido para ello un refuerzo del funcionariado, o medidas similares?
“No, no. Simplemente, tener siempre presente el respeto a la legalidad vigente, que en el caso de la contratación no es un capricho, como no lo es para la gestión de los fondos públicos, porque se tiende así a preservar el bien público y a la correcta administración del dinero de los contribuyentes. Por eso hay que convocar licitaciones públicas para que se pueda elegir la mejor oferta”.
-Sin embargo, desde CC se ha insistido en que, sin levantar reparos, los ayuntamientos canarios son ingobernables…
“Eso no solo lo han dicho dos exalcaldes de CC en La Laguna, sino también, lamentablemente, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Antonio Doreste. No lo hizo en sede judicial, porque no se atrevería, sino en el ámbito político, donde a él le gusta moverse. Sencillamente, es falso. Un alcalde puede, perfectamente y ante circunstancias excepcionales, dictar una resolución frente a los reparos interpuestos desde la Intervención, pero siempre que cuente con una justificación, que puede ser un estado de necesidad. Eso sí, siempre que dicho estado de necesidad no haya sido provocado, intencionadamente o por desidia, por la autoridad que quiera hacerlo valer. Si tienes un contrato como el de las basuras firmado por ocho años más dos de prórroga legal, lo normal es que durante esos dos años se prepare ese concurso. Pero no vale dejar de hacer nada con ese contrato, que es de muchos millones de euros y puede interesar a cualquier empresa de la Unión Europea, dada su cuantía económica, porque eso impide al Ayuntamiento no elegir esa mejor oferta. Esto es lo que tiene que hacer un gobierno, porque la legalidad es un capricho”.
-¿Entiende que a la gente le llame la atención que en ayuntamientos como San Juan de la Rambla o El Tanque se inhabilite judicialmente a sus alcaldes por levantar reparos en contrataciones aisladas y de menor cuantía, pero que eso no se repita con ayuntamientos mucho mejor dotados como el de La Laguna?
“Cuando hemos hablado del caso Grúas siempre he sostenido que su sustancia delictiva era inequívoca, por mucho que sin el menor argumento el señor Marchena haya dictado su archivo, algo que sigue teniendo su recorrido. Le decía sobre esta sustancia delictiva, donde había un préstamo ilegal de 120.000 euros y una prórroga igualmente ilegal de un contrato de servicios que llevaba aparejada varios millones de euros, cuando a la alcaldesa de San Juan de La Rambla le han caído ocho años de inhabilitación por la contratación de un medianero por unos 4.000 euros. Pero, insisto, el caso Grúas no llega, ni de lejos, al alto voltaje que en cuanto a ilegalidad lleva aparejado el llamado caso Reparos. Aquí hablamos de prácticas sistemáticas en contratación de servicios públicos, un modo de actuar en los gobiernos de Fernando Clavijo y José Alberto Díaz. Por cierto, a mi juicio dicho modo de actuar son enseñanzas recibidas de la maestra de ambos dos, Ana Oramas, si bien en esa etapa yo no era concejal. El caso Reparos es en mi opinión un caso de extraordinaria envergadura, jurídica y económica, en los que se pueden haber producido cuantiosos perjuicios para la hacienda local lagunera, además en una etapa de crisis económica en la que el Ayuntamiento estaba sometido a un control financiero durísimo por el quebranto económico que fue la verdadera herencia de Oramas y por la cual se mandó a mudar de La Laguna sin dar la verdadera explicación sobre ello. Y que conste que, si finalmente acudí a los tribunales por el caso Reparos, fue tras dos años de denunciar públicamente en los plenos esta práctica ilegal”.
-¿Por qué ilegal?
“Porque, lo primero, hay beneficios no justificados para muchas empresas que, en realidad no son muchas sino siempre las mismas. Luego hay compromiso ilegal de dinero público por causas no justificadas y cuyo importe es de muchos millones de euros. Y, por la experiencia que se me debe exigir por los muchos años que llevo en política, hay que decir que todo el mundo sabe que esos favores a empresas no son gratis. No suelen serlo, desde luego. Cuando llega una campaña electoral tras otra y Coalición parece contar con recursos ilimitados, uno tiene que hacerse algunas cábalas. Desde luego, en mi papel como garante, dentro de lo posible, de los intereses de los laguneros, pero también en defensa de la limpieza democrática. Esta es mi composición de lugar”.
-Pero esas empresas han cumplido con los servicios…
“Sí. Pero si otra empresa sabe que ese contrato no va a durar cuatro años sino ocho o diez, podrían haberse interesado en esos concursos. No es lo mismo. Por eso, que los próceres de CC y sus corifeos en los medios se hagan las víctimas me parece repugnante”.
-¿No se cansa de ser etiquetado como la principal pesadilla de CC desde hace tantos años?
“Si quiere que le sea franco, los años no pasan en balde, y estoy al límite de mi resistencia física. Tomé conocimiento, muy tempranamente, de lo que se estaba fraguando y acabó siendo ATI, y vi que una gran parte del poder en esta Isla pasaba, sin solución de continuidad desde el franquismo y la dictadura, tomaba cuerpo en una organización con dos grandes señas de identidad, el antisocialismo y la justificación del enemigo exterior, que podía pasar del oro de Moscú o la Pérfida Albiol hasta los canariones”.
-¿Me lo explica mejor?
“No solo hubo personas destacadas, líderes que todos tenemos en la memoria, sino el tejido sociológico del franquismo era evidente para quienes lo vivimos en primera línea, y con el paso de los años la prueba del nueve se ha producido”.
-¿Qué prueba es esa?
“Desde que se fundó ATI, todo ese tejido del franquismo sociológico se agrupó tras el PP en las elecciones nacionales, como en las locales lo hizo tras ATI. pero resulta que ahora ese tejido sociológico cuenta con voz propia. Vox les está drenando votos tanto al Partido Popular como a ATI-CC, donde se integraron otros náufragos del estalinismo”.
-¿Por qué dice que está al límite de su resistencia física, si hasta ha vuelto al baloncesto?
“Porque preferiría que Clavijo, Díaz u Oramas me dijeran las cosas a la cara, pero ellos apuntan y otros aprietan el gatillo, no el de las balas sino el de la desinformación y el de las insidias informativas”.