En ‘Years and years’, una serie fundamental para quien sea aficionado a las distopías políticas, el guionista Russell T. Davis retrata la vida de una familia británica en un mundo posbrexit que avanza hacia la descomposición económica y social, el autoritarismo y el racismo institucionalizado. Como la historia empieza en 2019, uno tiende a identificarse enseguida. Como acaba algo más de una década después, es imposible no sentir un vértigo ansioso ante una degradación que parece absolutamente verosímil.
En el caso de las migraciones dentro del continente europeo, la distopía no está en el futuro, sino a unos miles de kilómetros de Canarias, en las islas griegas que, desde 2016, se han convertido en una zona de detención para miles de refugiados y migrantes que intentan llegar a Europa. Hablar del término “isla-cárcel” para describir la realidad del archipiélago canario es activar en el inconsciente colectivo la imagen de Lesbos. ¿Pero es acertado como concepto? ¿Está Canarias en una situación similar?
“Tenemos la manía de copiar conceptos que vienen de otros sitios”, explica Gemma Pinyol, directora de Políticas Migratorias y Diversidad en Instrategies, un ‘think & do’ (centro de pensamiento y acción) especializado en asuntos europeos e internacionales . “La ‘isla-prisión’, en realidad, es un concepto muy marcado por el modelo de gestión australiano en el sistema de asilo, que ha generado una red de centros que están en sus atolones propios, es decir, en territorio australiano, o en países vecinos como Vanuatu. Son centros cerrados en espacios muy delimitados. Nosotros hemos ampliado el concepto para hablar de las ‘islas-cárceles’ en la UE. Y a mí esto me preocupa, porque aquí, de lo que se trata en realidad es de espacios donde hay gente que vive con normalidad mientras otros están en situación de privación de derechos. Y cómo lo hemos naturalizado. El debate no es que Canarias sea una prisión, sino que nos estamos acostumbrando a vivir en lugares con agujeros muy serios de vulneración de los derechos humanos, también en los territorios peninsulares. Lo que pasa es que en la islas es más visible porque el control del territorio puede hacerse más fácilmente. Y eso le gusta mucho a quienes se encargan de controlar las fronteras, a la gente de Interior. Pero en democracia, la protección a los derechos llega hasta la frontera”.
En 2015, 856.723 personas llegaron a Grecia huyendo de varias zonas de conflicto, fundamentalmente Irak, Afganistán y, sobre todo, Siria. Fue un aumento muy sustancial frente a los 41.038 de 2014. La gente era rescatada por la precaria guardia costera griega, FRONTEX -el servicio de control de fronteras de la U.E- y por numerosas ONGs y, en la mayoría de los casos, seguían su ruta hacia otros países más ricos de Europa. Ese año, casi un millón de refugiados llegaron a Alemania. “Al principio, la gente iba a ayudarlos cuando llegaban”, explica Apostolos Veizis, médico y director general de Intersos Hellas, una ONG que trabaja en la atención e integración de los refugiados que llegan a Grecia y que conoce muy bien la realidad de la islas griegas. “En algunas ciudades los recibían con flores, les daban la bienvenida. Pero, de repente, algunos países, como Austria, Hungría o Croacia empezaron a cerrar sus fronteras”. En marzo de 2016, comenzó a funcionar el acuerdo entre la U.E y Turquía, que se convertía, de facto, en una frontera externalizada de la Unión que dificultaba el paso por el Mediterráneo y se comprometía a quedarse con quienes consiguieran llegar a Grecia pero finalmente no obtuvieran el asilo. Actualmente hay en Turquía 3,6 millones de refugiados sirios.
“Pasaron olímpicamente de la Convención de Ginebra, que implica el deber de proteger a las personas que vienen de un conflicto. Eso, que saltó por los aires en 2016, es muy fuerte a nivel ético y legal, pero no pasó nada”, afirma Raquel González, secretaria de Relaciones Externas de Médicos Sin Fronteras.
Las islas griegas dejaron de ser un lugar de tránsito para convertirse en zonas de retención. Y se crearon varios espacios para meter a los migrantes mientras se resolvía su solicitud de protección internacional. Son los llamados ‘hotspots’ -puntos calientes, en terminología europea-. Actualmente hay cinco campamentos, en las islas de Lesbos, Chíos, Samos, Leros y Chos. Con una capacidad para 13.338 personas en total, aunque ahora hay unas 10.000. Viven en régimen cerrado.
Pero la realidad ha sido mucho peor de lo que se intuía al principio. El campamento más grande, el de Moria, en Lesbos, -una isla con una población de 114.800 personas-, llegó a albergar a 26.000 en sus momentos de mayor hacinamiento, a pesar de que fue planteado inicialmente para 3.000. En septiembre pasado se quemó y se construyó sobre la marcha un nuevo campamento en otra zona de la isla, el Kara Tepe 2, con una supuesta capacidad para 10.000 personas. La situación en Lesbos ha sido duramente criticada por las organizaciones de Derechos Humanos.
“En Moria se cronificó una situación que no cumplía con ningún estándar de los que tiene que haber en un campo de desplazados o refugiados, con condiciones peores que en los campos de refugiados de países como Jordania”, afirma Raquel González. “No se hizo nada para mejorar el día a día de esas personas. Y se les dijo: de aquí no salís. Solo había un médico del Servicio Griego de Salud en el campo de Moria. Ha habido gente con los pies congelados, violaciones, suciedad, abusos sexuales todos los días, intentos de suicidio de niños de 10 años como algo habitual y corriente…”
“Mantener a la gente en condiciones así me recuerda a Estados que no son democráticos. Es una forma de tortura a mujeres, niños y hombres”, cuenta Apostolos Veizis, que hace unos días recordaba en un tuit que solo 178 de los 2090 menores migrantes que hay en las islas griegas están escolarizados. Y únicamente 7 pueden acudir con regularidad, según datos del Defensor del Pueblo griego. “Allí hay mucha gente que llega sana y acaba enfermando física y psicológicamente. No hay voluntad política de tratarlos como seres humanos. Lo primero que habría que hacer, cuando llegan, es preguntarles: ¿Quién eres? ¿Qué necesitas? Tienes estos derechos y estas obligaciones. No puedes meter a la gente en estos campos, en los que se pasan entre seis meses y un año, como si estuvieran en un limbo”, explica Veizis, que también relata la degradación en la relación de la población local con los migrantes.
“Las comunidades locales, en Grecia, tenían al principio una actitud muy solidaria hacia los migrantes y los refugiados. Incluso venía la televisión para hablar de los salvamentos de la gente. Pero la retórica cambió en un año. El Gobierno empezó a decir que no eran refugiados, que las ONGs eran malas porque estaban trabajando con mafias. El Estado no respondió a las necesidades de los refugiados. Y la población local, viendo el retrato que se hacía en los medios y la situación en los campos, empezó a mostrar una mayor negatividad. ‘Queremos que se vayan, déjenlos marcharse al continente’, decían”. El año pasado se produjeron en las islas griegas 75 ataques a migrantes, refugiados y ONGs, un 43% más que el año anterior. “Es normal que haya problemas en los centros. Son personas de distintas culturas en situaciones de tensión. Si a veces nos peleamos en el supermercado porque alguien se salta una cola, imagínese ahí. El Estado se tiene que hacer cargo, la U.E tiene que buscar fórmulas de cooperación entre los países. Tampoco basta con decir: ¡Hay que dejarlos circular! No, hay que integrarlos, ver bien qué hacemos y dejar de invertir todo ese dinero en la política de fronteras, como si se tratara de enemigos”.
Detrás de estas políticas de retención está el intento de disuadir a los migrantes y refugiados de venir a Europa, como si estos centros fueran el escaparate de lo que les espera si se les ocurre llegar en una embarcación irregularmente. “Los que hacen estas políticas no se dan cuenta de que más que efecto-llamada, lo que existe es un efecto-expulsión por las circunstancias que hay en esos países”, afirma Gemma Pinyol.
Una de las claves para poder mantener en las islas griegas a los refugiados y migrantes ha sido la llamada política de “restricción geográfica” que ha consagrado el Gobierno griego con reformas legales que impiden que un solicitante de asilo vaya por su propia cuenta al continente. Solo casos especialmente vulnerables pueden ser trasladados por el Estado. Una reforma ‘ad hoc’ para la contención migratoria que ha recibido críticas de juristas y ONGs, pero que permanece en vigor.
Mientras, por muchos impedimentos que ponga el Ministerio del Interior, en España no hay una legislación que ampare la restricción de movimiento de los migrantes si no han podido ser expulsados y están documentados, y ya hay varios autos judiciales recientes que respaldan esos derechos y comienzan a romper los bloqueos que ha intentado establecer el Gobierno español en las Islas. Aunque siempre ha habido grietas: de los cerca de 30.000 migrantes que han llegado a Canarias desde 2019, quedan en las recursos de las Islas 4.900 adultos y 2.776 menores. También hay unos cientos fuera de los recursos, entre la calle y alojamientos particulares, pero el resto están fuera del archipiélago, con traslados que no se publicitan, unas pocas repatriaciones y gente que se ha ido por su propio pie cuando al Ministerio levanta la mano.
Dice Raquel González que percibió la preocupación por el fenómeno migratorio en las conversaciones cotidianas que escuchó durante una visita que hizo a Canarias en enero, en un contexto socioeconómico tan complejo como el actual. Critica los múltiples fallos que ha habido en la acogida a los migrantes, desde el Muelle de Arguineguín a la falta de atención a la salud mental, entre otras muchas cosas que ya conocemos, aunque reconoce las dificultades del sistema ante la llegada de tantos migrantes. “Pero hoy por hoy, en las Islas no existe el nivel de descomposición ética en el tratamiento a los migrantes al que se ha llegado en Grecia. Aunque nos preocupa que Canarias pueda convertirse en una nueva Lesbos. Porque detrás de eso subyace la lógica europea de securitización y externalización de fronteras”. Sin embargo, también recuerda las cosas positivas, como que España sea el único país europeo de la frontera sur con una misión salvamento marítimo. “Aunque falten medios y haya quien quiera cargarse este sistema, existen helicópteros públicos del ministerio, hay barcos, hay gente contratada para hacer rescate y salvamento. En 2013, la U.E tenía la operación ‘Mare Nostrum’, un dispositivo de rescate que se puso tras el aumento de barcos que salían desde Libia. Pero luego la dejó de financiar y la sustituyó por una operación de control de fronteras [para evitar la salida de las embarcaciones]”. De esos polvos, estos lodos.