La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha vuelto a dar la razón al policía nacional destinado en Tenerife que ha denunciado sufrir un presunto acoso.
Si en la primera ocasión fue, precisamente, el hecho de que no se tramitase el expediente por dicha denuncia de acoso laboral lo que motivó la intervención del Alto Tribunal regional, ahora ha sido la detracción retributiva que se le impuso a cuenta de una baja laboral.
En ambos casos, el TSJC ha estimado los recursos presentados por el funcionario contra esos dos actos administrativas, dando así por buenos los argumentos de su representante legal, que es la letrada de la Confederación Española de Policía (CEP), Cristina Martos.
Los magistrados, que ya ordenaron en su día que se investigase si existió o no el supuesto acaso laboral, entienden ahora que la merma de honorarios por la baja tampoco se sostiene legalmente, por lo que nuevamente ha condenado en costas a la Administración General del Estado, que tendrá que devolver el dinero al policía nacional.