En el municipio de El Paso, epicentro de la crisis volcánica y donde se perdieron las primeras 230 viviendas bajo la colada volcánica, aún no se ha materializado la entrega de los hogares provisionales que den respuesta a las familias afectadas: 267 pisos y casas prefabricadas de distinta tipología se proyectaron inicialmente. Se preveía que 107 de ellos estarían entregados a 31 de diciembre, pero todavía no han comenzado a construirse.
El alcalde Sergio Rodríguez afirma que de las 156 primeras viviendas sepultadas por el volcán, aún no ha sido entregada ninguna:“Ahora mismo hay cero viviendas construidas para los afectados en El Paso; las 36 primeras modulares no se han comenzado a construir”.
Las modulares, anunciadas como las primeras en llegar a El Paso tras el proceso de adquisición que inició el Ejecutivo autonómico, siguen siendo un proyecto, porque “no se ha empezado con la urbanización: los trabajos de perimetraje, que permiten que se sumen a las 30 previstas inicialmente seis más, no imposibilitaban esas labores de urbanización, cuyo proyecto han contratado hace solo dos semanas”. Así lo explica el alcalde del municipio, Sergio Rodríguez, a quien se señaló desde la Alcaldía de Los Llanos de Aridane y desde la Consejería de Acción Social del Cabildo como el hombre que rompió el consenso en el reparto de los donativos, acuerdo que el regidor local asegura que nunca existió y que incomodó a ambas administraciones palmeras cuando se convirtió en el primero en hacer efectivos esos pagos, porque “era urgentísimo dar respuesta a la gente”, afirma.
“Nada, ni de índole político ni de otra naturaleza, me va a sacar de una hoja de ruta que tengo la obligación de cumplir, y es cubrir las necesidades de la gente afectada”, indica. “No me importa que se me critique una o mil veces, lo importante es que las personas afectadas tengan respuesta”, subraya. Rodríguez juzga injusto que se trate de visualizar como foco de la destrucción provocada por la erupción a Los Llanos y aclara: “Hemos atendido a 460 familias, unas 1.100 personas entre afectados y evacuados, 230 edificaciones destruidas por completo, 156 de las cuales son primera vivienda”.
El alcalde agradece la participación en la Comisión Mixta, pero reclama sumar la participación ciudadana. Su principal demanda: que el decreto aprobado el pasado diciembre por el Gobierno, que pasó de 30.000 a 60.000 euros el máximo de las ayudas del Estado por familia para reconstruir su vivienda, pueda ampliarse.