Los cuatro nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) jurarán o prometerán su cargo ante el Rey Felipe VI el próximo sábado 31 de diciembre, y no será hasta el 9 de enero cuando se celebre en la sede del tribunal de garantías el acto solemne de toma de posesión de sus cargos.
Según fuentes del tribunal de garantías consultadas por Europa Press, estas dos fechas ya están fijadas en el calendario, por lo que tras el 9 de enero vendrá el siguiente paso, que es la elección del nuevo presidente.
Para ese paso se convocará formalmente un nuevo pleno, que no puede programarse hasta que los nuevos magistrados hayan tomado posesión, pero que varias fuentes del TC aseveran que será previsiblemente el 10 de enero.
Cabe recordar que este jueves el Pleno del TC ha dado el visto bueno a los magistrados propuestos por el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para la renovación parcial del órgano de garantías tras examinar si cumplían con los requisitos de idoneidad que fija la ley.
Según ha informado el órgano de garantías, el Pleno Gubernativo ha aprobado por unanimidad las candidaturas del magistrado de la Audiencia Nacional y exministro de Justicia Juan Carlos Campo y de la ex directora general del Ministerio de Presidencia Laura Díez –propuestos por el Gobierno–; así como del magistrado del Tribunal Supremo (TS) César Tolosa y de la magistrada jubilada del TS María Luisa Segoviano –por parte del CGPJ–.
El tribunal ha considerado que los cuatro cumplen con los requisitos establecidos en la ley: son ciudadanos españoles de carrera magistrados, fiscales, abogados, profesores universitarios o funcionarios públicos, “todos ellos juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional o en activo en la respectiva función”.
Los cuatro magistrados designados por el Gobierno y el CGPJ reemplazarán al presidente del TC, Pedro González-Trevijano; su vicepresidente, Juan Antonio Xiol; y los magistrados Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares, que componen el tercio que la Constitución encarga renovar al Ejecutivo y al órgano de gobierno de los jueces.