El futuro del monumento a Franco ha quedado en manos del Consejo de Patrimonio de Canarias tras conocerse el pasado martes que los expertos de la ponencia técnica han rechazado declararlo Bien de Interés Cultural (BIC). Será este órgano del Gobierno regional, que nunca ha aprobado un expediente en contra de los informes emitidos por los expertos, el que diga la última palabra sobre el polémico conjunto, aunque sus defensores ya anuncian que recurrirán de nuevo a la justicia y “hasta las últimas consecuencias” para proteger lo que consideran un “valioso tesoro cultural”.
En estos términos se pronunció ayer el presidente de la asociación para la Investigación y Protección del Patrimonio Histórico San Miguel Arcángel, Luis Sosa-Tolosa, que aseguró que la organización “seguirá actuando por los cauces legales permitidos, y hasta las últimas consecuencias, para defender el patrimonio de todos y conservar para las futuras generaciones un valioso tesoro cultural que nos fue legado”.
El Ayuntamiento, a la espera Mientras, el Ayuntamiento chicharrero, propietario del monumento a Franco y que, además, se ha posicionado a favor de la conservación de la obra al aludir a sus valores artísticos y patrimoniales aunque abogando por su resignificación, evitó pronunciarse sobre el rechazo de la ponencia técnica de Patrimonio Arquitectónico del Gobierno a proteger la obra de Ávalos. Por ello, alegó que por el momento “se sigue a la espera” del expediente.
La asociación que logró en su día la protección cautelar de la obra de Juan de Ávalos en la capital, afirmó que el proceso para declarar o no Bien de Interés Cultural el monumento aún “no ha concluido”, pues el Consejo de Patrimonio de Canarias tendrá la última palabra.
En cambio, añadió, “los talibanes ya piden su retirada y destrucción y no podemos consentir que un patrimonio escultórico de tan alto valor sea destruido por motivos infundados puramente ideológicos”.
Sosa-Tolosa indicó que “la asociación siempre ha defendido esta obra, que fue erigida para conmemorar los 25 años de paz y del fin de la guerra. Una escultura que se llama monumento a la Paz de Tenerife, que es el nombre que su autor le dio”. Sobre el informe del órgano asesor del Gobierno, consideró que “es ridículo que sostenga que la obra no posee valor artístico, por lo que resulta extraño el pronunciamiento de estos expertos que, salvo uno que se abstuvo, consideran que la escultura de Ávalos no tiene relevancia artística”.
Al respecto, dijo que “el despropósito de esta valoración viene motivado por el miedo que suscita la imposición social y política de las leyes de memoria, pero estas no dicen que haya que quitarlo todo, pues si una obra posee valor artístico y no se aprecian elementos que exalten, confronten o menosprecien, entonces debe conservarse y protegerse”, apuntó Sosa-Tolosa, quien recalcó que la escultura en la capital tinerfeña, “no posee ni simbología ni rótulos que contravengan las leyes”.
Por su parte, Izquierda Unida Canaria (IUC) calificó ayer como una “victoria de la dignidad democrática” el dictamen de la ponencia técnica del Gobierno al rechazar la declaración como BIC del monumento y consideró que el hecho de que este órgano (compuesto por expertos, académicos e historiadores) no haya emitido ni un solo voto a favor para asegurar su protección supone “un ridículo histórico para el Cabildo y el Ayuntamiento de Santa Cruz, quienes han intentado disfrazar de arte lo que es pura exaltación de la tiranía”.
El coordinador de IUC, Francisco Santamaría, señaló que este dictamen “no es casual, sino fruto de la insistencia de las fuerzas democráticas y los colectivos de memoria histórica, dando así respuesta a años de presión política y social contra los intentos de ambas administraciones públicas de blindar el fascismo en el espacio público”.
“Estamos ante un intento burdo del Cabildo para proteger un monumento al recuerdo de un dictador, donde no han dudado en usar fondos y personal públicos para elaborar informes con el objetivo de blanquear un vestigio que el propio Catálogo de Símbolos Franquistas de Canarias sentenciaba como elemento a retirar”, apuntó. Por ello, la formación exigió al Consistorio capitalino que retire de “manera urgente” el monumento y cumpla con la Ley de Memoria Democrática y con el Catálogo de vestigios franquistas.
Por su parte, la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, declinó valorar el pronunciamiento técnico en contra de la declaración del monumento a Franco como BIC e indicó que el órgano asesor del Gobierno aprobó casi por unanimidad, con la abstención de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que la obra no reúne valores excepcionales para su protección. El Cabildo, dijo, “se ha inhibido” en la reunión de la ponencia técnica, por lo que la decisión final corresponde al Consejo de Patrimonio. Dávila recordó que el Cabildo se vio obligado por una sentencia judicial a incoar el expediente, pero “se entiende” que la obra no será BIC.
La presidenta de la asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife, Mercedes Pérez Schwartz, expresó su satisfacción: “Es un paso necesario para acabar con un símbolo que choca frontalmente con los valores democráticos y que constituye un agravio para las víctimas”, dijo.