El Ayuntamiento de Santa Cruz se enfrentó a 592 litigios entre los años 2024 y 2025, de los cuales ganó 282 y, por contra, perdió 161, según se desprende de los datos de gestión de la Asesoría Jurídica municipal a los que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS. El Consistorio señala que este balance pone en valor el funcionamiento “eficaz, con capacidad de adaptación y la orientación a la mejora continua en la prestación del servicio público”.
En el ámbito de la función judicial, el informe evidencia un comportamiento sólido y favorable para los intereses municipales. Durante 2024 se registró una reducción de la litigiosidad del 6,93% respecto al año anterior, con un total de 305 resoluciones, de las cuales 143 fueron favorables al Ayuntamiento frente a 89 desfavorables.
Este balance “no solo refleja una mayor proporción de resoluciones positivas, sino también una gestión eficaz de los procedimientos, en la que la posición municipal ha sido mayoritariamente respaldada por los órganos judiciales”, indica el Consistorio. Además, cerca del 24% de los procedimientos se resolvieron sin necesidad de sentencia, mediante fórmulas como desistimientos, satisfacciones extraprocesales o archivos, “lo que evidencia la capacidad para anticiparse al conflicto y resolverlo en vía administrativa, reduciendo, por tanto, costes y tiempos procesales”.
En 2025, pese al incremento del 13% en los procedimientos contencioso-administrativos iniciados, la tendencia favorable se consolida. Con 287 resoluciones judiciales, 139 han sido favorables al Ayuntamiento frente a 72 desfavorables, hecho que” refuerza la defensa jurídica municipal incluso en un contexto de mayor carga de trabajo”.
Intereses públicos
El resultado pone de manifiesto la consistencia de los criterios jurídicos aplicados, la calidad técnica de los informes y la eficacia en la estrategia procesal, que garantiza la adecuada protección de los intereses públicos y la seguridad jurídica en la actuación administrativa. Asimismo, el Ayuntamiento afirma que este desempeño se complementa con una estrategia orientada a la mejora de la gestión interna.
Entre los logros destacan la revisión y actualización de procedimientos, la elaboración del reglamento de la asesoría jurídica y de su carta de servicios, así como la estandarización de informes y la publicación de guías de tramitación en ámbitos clave como la contratación pública. Además, se ha reforzado la coordinación interna y la comunicación con los servicios gestores, promoviendo una mayor anticipación en la resolución de conflictos y una reducción de la judicialización innecesaria.
El análisis comparativo de la función consultiva de la Asesoría Jurídica entre 2024 y 2025 refleja, además, una evolución en la productividad a pesar del incremento de trabajo. En 2024, el Servicio experimentó un crecimiento del 18% en el número de informes emitidos, alcanzando los 482 frente a los 403 de 2023, pese a contar con dos letrados habilitados menos.
Por otra parte, se logró reducir el tiempo medio de emisión de informes en un 70,83%, de los 7,99 días en 2023 a 2,33 días en 2024 y 2.24 en 2025, año en que volvió a incrementarse, con 635 entradas registradas frente a los 481 informes del año anterior, lo que supone un aumento del 17% que sitúa a la Asesoría Jurídica en niveles de demanda cada vez más elevados.
Más carga laboral por los informes de responsabilidad patrimonial
El Ayuntamiento enfrenta varios litigios judiciales que afectan a la gestión urbanística, la movilidad y el personal municipal, siendo el de mayor repercusión el acontecido el pasado año, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Canarias anuló la ordenanza de Movilidad y provocó el desmantelamiento del carril bici en el centro de la capital. Pese a ello, la Asesoría Jurídica afirma que los tiempos de respuesta ante conflictos judiciales “se han mejorado ligeramente”, logrando una reducción adicional del 3,86%.
El Consistorio añade que los datos revelan la capacidad organizativa “robusta” de los servicios jurídicos, al absorber más actividad pero dar respuestas cada vez más ágiles. Por ello, pese al incremento laboral en 2025, tanto en su función contenciosa como consultiva, y ante el aumento significativo de solicitudes de informes, en especial de responsabilidad patrimonial, se “garantiza la adecuada defensa jurídica municipal”.