El autocaravanismo en Canarias dejó de ser hace tiempo un fenómeno minoritario. En Europa figura entre los principales motores del turismo itinerante, con un impacto económico que los Estados receptores cuantifican en cientos de millones anuales. En ese contexto, la Asociación Canaria de Autocaravanistas (ACAT Tenerife), con representación en siete de las ocho islas, sostiene que la ausencia de un marco normativo común en el Archipiélago está “denostando y privando al sector de mirar hacia adelante”.
Bajo esa premisa, hace una semana 423 vehículos vivienda recorrieron el sur de Tenerife en una caravana (valga la redundancia) de 22 kilómetros que evidenció el hartazgo del colectivo. Tras la movilización, la asociación ha abierto una ronda de contactos institucionales: una reunión con parlamentarios del Partido Popular y con la gerencia de Ashotel previa al encuentro que la patronal hotelera espera mantener próximamente con la Federación Canaria de Municipios (Fecam).
La movilización del pasado 25 de abril partió desde la estación de servicio El Gomero, San Miguel de Abona, con 368 vehículos y sumó 423 a lo largo del recorrido entre la TF-1 y la TF-2. La caravana llegó a extenderse 22 kilómetros: cuando los primeros vehículos alcanzaban Candelaria, los últimos seguían incorporándose desde Abades. ACAT la describe como “la mayor concentración autocaravanista celebrada hasta la fecha en Tenerife”.
Su secretario general, José Domingo Rodríguez, sitúa que según los datos remitidos en octubre de 2024 a la Jefatura Provincial de Tráfico, en Canarias hay matriculados más de 15.000 vehículos vivienda, con un crecimiento anual de matriculaciones superior al 10%.
El argumento jurídico de ACAT se apoya en una constatación que el propio Ejecutivo autonómico ha reconocido por escrito. La modalidad de campamentos de turismo, recogida en la redacción inicial de la Ley 7/1995 de Ordenación del Turismo de Canarias, desapareció con la reforma de 2009, y el Decreto 142/2010, que aprueba el Reglamento de la Actividad Turística de Alojamiento, no incluyó referencia alguna a los establecimientos al aire libre. El resultado, durante más de quince años, ha sido un vacío que obligaba a aplicar normativa estatal preconstitucional y dejaba sin cobertura a un fenómeno en pleno crecimiento.
Ese vacío empezó a cerrarse en junio de 2025, cuando la Consejería de Turismo y Empleo sometió a información pública el borrador del Reglamento de los Establecimientos Turísticos de Alojamiento al Aire Libre. El texto, que entró en trámite el 19 de junio de 2025 con plazo de aportaciones hasta el 19 de julio, aborda por primera vez de forma integral los campings, las áreas de acampada y las áreas de pernocta para autocaravanas. La norma distingue cinco tipologías y diferencia, en lo que afecta directamente al colectivo, entre áreas de acampada con servicios completos y áreas de pernocta para estancias máximas de 72 horas con dotaciones básicas.
ACAT reivindica haber aportado más de la mitad del contenido técnico del borrador y haber introducido 33 páginas de modificaciones durante la fase de audiencia. La asociación también figura como autora íntegra de otras ordenanzas reguladoras presentadas en municipios como San Miguel de Abona, Santiago del Teide y Los Silos. “Trabajamos en pro de conseguir avanzar en regulaciones”, aportó el secretario.
La principal traba que la asociación identifica para implantar áreas privadas se encuentra enfrascada en la legislación urbanística. La Ley 4/2017, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, exige que los usos no previstos por el planeamiento en suelo rústico (como serían las áreas de autocaravanas) se tramiten por la vía de los actos y usos de interés público o social regulados en los artículos 62, 76 y 77, lo que obliga a una declaración insular previa antes de la licencia municipal.
Donate sostiene que ese requisito “ha sido históricamente la barrera que ha impedido la aparición de áreas privadas”. De esta forma, la reunión con representantes del Partido Popular —entre ellos el vicepresidente del Gobierno regional, Manuel Domínguez, y la consejera de Turismo, Jessica León— habría incluido el compromiso de los populares, en todos los municipios y regiones “en la que ellos gobiernen”, de agilizar la puesta en funcionamiento del reglamento de ocio y tiempo libre, considerando así el autocaravanismo como “actividad de interés general” y además, facilitando las promociones públicas y privadas de iniciativas que creen lugares para esta actividad.
Según ha sabido ACAT, cuatro propietarios privados habrían manifestado ya su intención de impulsar terrenos (dos en Tenerife, dos en Gran Canaria y uno en Fuerteventura) bajo este modelo.
El proyecto piloto que ACAT considera más avanzado se ubicaría precisamente en la estación de servicio de El Gomero, punto esratégico para el colectivo, donde se prevé la creación de un espacio con capacidad para 50 plazas, autosuficiencia y sistemas de tratamiento de aguas. La inversión estimada por la asociación (el proyecto ha sido redactado por ellos), “no superaría los 200.000 euros”.
Mientras avanza el marco autonómico, los conflictos se multiplican. La asociación mantiene contenciosos abiertos contra la instalación de gálibos a cielo abierto en aparcamientos de Barlovento (La Palma), Candelaria y la playa de Las Teresitas. “Tienen que perseguir a los que lo hacen mal, no a todos, sin distinción”, resume el secretario. Y lo más grave, estiman, el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional del Teide, que les impide pernoctar y estacionar dentro del perímetro protegido
147.918 euros en 137 días
ACAT acompaña su discurso institucional con un seguimiento contable inusual en este tipo de colectivos. La asociación ha documentado, mediante recopilación de tickets durante 30 jornadas de convivencia celebradas a lo largo de 137 días en el área superior provisional de Amarilla Golf, un gasto en territorio de 147.918,72 euros, con una media diaria de 1.079 euros. El día y medio que duró el dispositivo de la manifestación en Oroteanda Baja generó, según el mismo método de cómputo, 9.088 euros adicionales. Donate utiliza esos datos para sostener una tesis: “el autocaravanista distribuye riqueza, no la concentra”, en contraposición al modelo existente en los grandes núcleos turísticos del sur insular.
Junto a la regulación de áreas, la asociación ha trasladado a los siete cabildos una propuesta para habilitar puntos ecológicos —instalaciones de carga de agua potable y vaciado de aguas grises y negras— en los puntos limpios ya existentes. Donate cifra el coste de adaptación en menos de 5.000 euros por instalación y plantea “que se gestionen con el personal y horario actuales de cada planta”. De los siete cabildos, solo el de Tenerife ha respondido hasta la fecha, con dos reuniones mantenidas con la consejera del área de Medio Natural, Blanca Pérez.
Recientemente, la organización de caravanistas se reunió con la gerencia y la dirección de comunicación de Ashotel, y según el comunicado emitido, la patronal hotelera trasladará a la Fecam la necesidad de una normativa común para todos los municipios y presentará la propuesta de ordenanza elaborada por la asociación como base técnica de discusión.