Un sexto informe sobre el sinhogarismo y la exclusión residencial extrema elaborado por Cáritas Diocesana e impulsado por el Cabildo de Tenerife cifra en 2.853 las personas en situación de sinhogarismo en la isla durante 2025, condición que abarca a quienes viven en la calle o en infraviviendas, una cifra es ligeramente superior a las 2.838 las personas identificadas el año pasado, lo que pone de manifiesto el agravamiento de una crisis social con dimensiones estructurales.
Para el director de Cáritas Diocesana de Tenerife, Juan Rognoni, el sinhogarismo “no solo es una emergencia social sino también de salud pública” que debe afrontarse con respuestas “integrales y coordinadas”, con un procedimiento que dote de acompañamiento social, atención sanitaria y psicológica, apoyo jurídico y procesos de inserción.
Esta cifra es la más alta en los últimos cinco años, aumentando en más de un millar las personas en situación de sinhogarismo desde los 1.784 registrados en 2020 a los 2.853 actuales, por tanto “es necesario seguir poniendo el foco sobre una realidad “cada vez más compleja y cronificada”.
Rognoni hizo hincapié en que detrás de las situaciones de exclusión residencial extrema “confluyen múltiples factores” como la ruptura de redes familiares, el desempleo, las dificultades de acceso a la vivienda, los problemas de salud o las adicciones. Estas personas atendidas “son historias de sufrimiento, de pérdida y muchas veces de invisibilidad”, con situaciones de “enorme vulnerabilidad emocional y psicológica”, en muchos casos sin el acompañamiento adecuado.
Alertó del impacto de “la ansiedad y la depresión crónica que llegan a alcanzar un 26,9%”, un deterioro de la salud mental que encaja en un “entorno de precaridad”. Además, el 40,3% presentan enfermedades crónicas diagnosticadas o un 13,2% problemáticas de salud mental grave, por tanto, “no podemos hablar, únicamente, de una cuestión social u habitacional, hay que abordar esta realidad también desde una perspectiva de salud pública”.
Por tanto, defendió la necesidad de ampliar el parque de viviendas públicas disponible, facilitar el acceso al alquiler y garantizar los mecanismos de prevención necesarios para evitar que “más personas terminen en una situación de la que luego no puedan salir”.
Consideró “clave fortalecer” los equipos que sirven de puente entre la calle y los servicios sociales y los recursos sanitarios para “evitar que las personas queden atrapadas en circuitos de abandono institucional”. También ve imprescindible “avanzar hacia respuestas integrales y coordinadas”, y “agilizar procedimientos básicos como el empadronamiento”, porque la mayoría no están de paso “el 64% lleva más de tres años residiendo en ese municipio”.
El técnico del área de Vivienda e Inclusión Social de Cáritas y coordinador del estudio, José Antonio Díez, recordó que casi el 75% de estas personas son hombres, aunque ese 25% femenino es un “sinhogarismo oculto, invisibilizado, más difícil de detectar porque suelen buscar alternativas a la calle”. El 52% tienen nacionalidad española y aumenta un 6% las personas extranjeras, de ellas solo un 17% están en situación irregular, pero muchas “atrapadas en laberintos administrativos”.
Casi la mitad de los afectados reside a la intemperie, en parques, bancos o portales, otro 25% lo hace en estructuras improvisadas como chavolas, cuevas, casetas de campaña, pajeros, trasteros, almacenes, obras, caravanas y vehículos; mientras un 12% reside en viviendas sin derechos adquiridos (en proceso de desahucio, dificultades de pago de alquiler o hipoteca), mientras que un 15% accede a alojamientos de instituciones.
En cuanto a su distribución territorial, Santa Cruz, Arona, La Laguna, Puerto de la Cruz, Adeje y Granadilla reúnen la “mayor densidad” de casos detectados, con éxodo de municipios pequeños. El 48% se concentra en el área metropolitana, quizás por contar con más recursos.
Trabajadores o pensionistas viven en caravanas al no acceder a vivienda
Hay una realidad de “personas con empleo, con pensiones, o incluso con redes familiares” y que, aún así, “no pueden acceder a una vivienda” y, por tanto, se ven “obligadas a comprar caravanas y vehículos adaptados” o vivir en “estructuras improvisadas” porque el mercado residencial “las expulsa”. “Esto demuestra hasta qué punto la vivienda se ha convertido en un factor de exclusión social esencial”, añadió Rognoni. Los denominados asentamientos informales surgen como una realidad social relativamente reciente que, en caso de que se “mantenga y cronifique” en el tiempo puede suponer, también, “un problema a largo o medio plazo”