El Juzgado de Instrucción Número 2 de Santa Cruz de La Palma ha admitido a trámite una querella por la presunta comisión de delitos tales como prevaricación, coacciones, acoso, allanamiento de morada y vejaciones injustas, y que ha sido presentada contra altos mandos de la Guardia Civil en La Palma y -solo respecto a la posible prevaricación- contra cinco militares togados con galones tan relevantes como los propios de un coronel, dos tenientes coroneles y dos comandantes.
Así consta en la amplia documentación que obra en poder de este periódico, siento el querellante un médico que hace dos años fue arrestado en la Isla Bonita por miembros del Instituto Armado por acusaciones que fueron sobreseídas tanto por parte de la justicia ordinaria como por la militar. Precisamente, el hecho de que un tribunal militar entendiera del caso cuando ya el juzgado de Instrucción Número 1 de la capital palmera lo había archivado es uno de los argumentos que justicia la inclusión de los militares aludidos en la denuncia que nos ocupa.
Para comprender esta historia hay que remontarse a marzo de 2024, cuando los guardias civiles detuvieron a dicho galeno en su centro de trabajo y delante de sus pacientes como supuesto autor de un delito continuado de falsedad en documento público que, hay que insistir, tanto la justicia ordinaria como la militar descartase de plano que, como se le achacaba, hubiera concedido ilegalmente más de 100 bajas laborales a guardias civiles.
Así lo determinó en primer lugar el Juzgado de Instrucción Número 1 de Santa Cruz de La Palma al dictar el sobreseimiento de la causa mediante un auto fechado en julio de 2024 con términos tan contundentes como por ejemplo que “es el propio facultativo que expide el parte de baja o no la exploración médica, y más aún cuando están basadas en informes de especialistas”. Dicho juzgado ordinario descartó relevancia penal alguna, limitando a la condición de errores y/o irregularidades administrativas algunos de los hechos en los que pretendía sustentarse la acusación contra el médico.
Sin embargo, probablemente motivados por la presencia de guardias civiles que fueron dados de baja y pese a que la Fiscalía planteó una cuestión competencial, los mismos hechos fueron investigados por un tribunal militar que, finalmente, también sobreseyó definitivamente este asunto en enero de este mismo año.
Además de la posible duplicidad procesal, en la querella se argumenta igualmente que la jurisdicción militar no era competente en su caso concreto dado que el doctor no es personal militar.
Respecto al resto de los delitos citados (coacción, acoso, vejaciones injustas y allanamiento de morada), sostiene el querellante que tuvieron lugar en relación con su arresto en 2024, figurando entre los guardias querellados el capitán del Instituto Armado en La Palma, un teniente, un sargento, un miembro de la Guardia Civil con funciones de Policía Judicial en Los Llanos de Aridane y, de forma genérica, todo guardia civil que participara en aquellos hechos.
Puestos al habla con el doctor, explicó que, tras ser exonerado por la justicia, ahora pretende resarcirse de los perjuicios que considera sufrió su imagen pública por el proceder de los guardias involucrados en su detención y califica claramente desproporcionado.
El doctor fue esposado en su centro de trabajo y delante de sus pacientes
La querella admitida a trámite en un juzgado palmero contra altos mandos de la Guardia Civil en la Isla y varios militares togados se basa en el arresto del doctor ahora denunciante que tuvo lugar en 2024.
El querellante considera probado que tal detención, acaecida en su centro de trabajo e incluso siendo esposado delante de sus pacientes, fue absolutamente desproporcionada para un caso de supuesta falsificación de documentos públicos que además luego fue archivado por los tribunales, además de que no contaba con orden judicial y que se produjo pese a la oposición de la Fiscalía, que veía insuficientes los motivos expuestos por los investigadores del Instituto Armado para apresar al galeno.
Otro dato relevante radica en que la noticia de su detención, enmarcada por la Guardia Civil en la operación double check y difundida por sus gabinetes de prensa, se publicó en la gran mayoría de los medios insulares, autonómicos y hasta encontró notable a nivel estatal, pero el archivo posterior pasó mucho más desapercibido.