Fundación Fündec, Asociación Solidaridad Venezuela, Asociación Asistencial Nahia y Federación de Asociaciones de Mujeres Arena y Laurisilva denuncian la respuesta insuficiente, la lentitud excesiva, la falta de coordinación y los obstáculos administrativos que diversas administraciones están ejerciendo en el proceso de regularización extraordinaria.
A pocas semanas del vencimiento del plazo de solicitud de la regularización el 30 de junio de 2026, se constata una actitud de boicot institucional por parte de las administraciones, con serias dificultades de acceso al procedimiento para un número significativo de migrantes, especialmente cuando requieren acreditar su vulnerabilidad.
El marco normativo vigente contempla, entre las vías de acceso a la regularización, la acreditación de vulnerabilidad mediante el certificado que puede ser expedido por los Servicios Sociales o por entidades inscritas en el Registro de Colaboradores. Lamentan una aplicación desigual, con municipios que han activado mecanismos de atención, aunque sin eficacia, y otros que no han desplegado recursos suficientes y accesibles.
Canarias podría contar con 30.000 personas en situación administrativa irregular, pero el volumen de solicitudes formalizadas, de informes de vulnerabilidad emitidos y de los testimonios recogidos no se aproxima a lo esperado. Denuncian que el acceso a la regularización depende del municipio de residencia y de la capacidad de las entidades sociales acreditadas, las cuales se ven limitadas.
La falta de voluntad política y de medios, la ausencia de coordinación o la demora administrativa limitan el acceso a un procedimiento extraordinario con plazo perentorio, habla de un racismo institucional cuyo resultado material es la exclusión de personas beneficiarias de la regularización. Esto vulnera los principios de igualdad, proximidad administrativa y buena administración, y exige una actuación pública urgente, coordinada y proporcional a la magnitud del proceso abierto.