“Debacle económica” o “cuentas saneadas y estables”. El estado de las dinámicas de gastos, así como de la situación de las arcas del Ayuntamiento de Granadilla de Abona, admite estos días dos relatos frontalmente opuestos. Por un lado, el argumento de la oposición socialista, que invoca la liquidación del ejercicio 2025, documento que constata el incumplimiento de la regla de gasto de casi doce millones de euros y obliga por ley a un plan de corrección; mientras, el grupo de gobierno (CC, PP y Vox) responde con la evaluación de Intervención sobre el proyecto de presupuesto de 2026, que certifica superávit y deuda viva cero. Dos fotografías, una estática y otra en movimiento, de la salud de las cuentas municipales.
El Grupo Municipal Socialista, encabezado por su portavoz, Jennifer Miranda, sostuvo ayer en una rueda de prensa que la liquidación del presupuesto de 2025 “acredita un incumplimiento de la regla de gasto” por un importe cercano a los doce millones de euros, según un informe de Intervención emitido el pasado mes de marzo. Conforme a la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, esa presunta desviación obligaría a la Corporación a formular y aprobar un Plan Económico-Financiero (PEF).
Los socialistas granadilleros reclamaron su aplicación, a la vez que denunciaron que dicho plan “no se ha elaborado ni elevado al pleno pese a haber vencido los plazos establecidos en este tipo de casos, todo ello tras tener conocimiento de la situación económica”, y acusaron al gobierno de, presuntamente, barajar la aprobación de una “nueva liquidación que dejara sin efecto la anterior”, en lo que consideran “un intento de maquillar la realidad económica”.
Para Miranda, el incumplimiento de la regla de gasto evidencia una gestión “temeraria, imprudente y ruinosa”. Por todo lo expuesto, la portavoz reclamó la dimisión del alcalde, José Domingo Regalado (CC).
Recordó que el regidor acumula casi trece años en el gobierno municipal (nueve como alcalde y cuatro como concejal) y concluyó que “ya no caben excusas ni culpables externos, solo responsabilidades”. Ahondó en “las obligaciones de un alcalde”, que según citó, una de ellas es “proteger la estabilidad económica de su municipio”. Advirtió que “lo que se encontrarán los granadilleros cuando termine este mandato es un auténtico solar”.
Miranda recordó que el gobierno todavía no ha presentado los presupuestos municipales de 2026 “pese a haber consumido ya casi la mitad del año”.
La falta de presupuesto, advirtió, pone en riesgo la capacidad económica de la empresa pública Sermugran, encargada de servicios como la limpieza viaria o la recogida de residuos. La portavoz dibujó un cuadro de deterioro más allá de lo contable. Denunció casi medio millar de facturas pendientes de pago a empresas y autónomos, inversiones paralizadas y contratos esenciales bloqueados, como el de juventud -que afecta a la atención psicológica de los jóvenes y a los puntos de información juvenil- y el de participación ciudadana, parado desde hace más de un año.
El Gobierno responde
Por su parte, el grupo de gobierno respondió amparándose en el informe de evaluación de estabilidad y deuda pública del presupuesto de 2026, suscrito por la Intervención municipal el pasado 29 de mayo. El documento concluye que el proyecto de cuentas para el próximo ejercicio “cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria”, con una capacidad de financiación positiva de 2.154.068 euros, una vez practicados los ajustes de contabilidad nacional.
El mismo informe certifica que el Ayuntamiento cuenta con una deuda viva, a 31 de diciembre de 2025, de cero euros, frente a un límite legal del 110 % de los ingresos corrientes que se situaría en torno a los 69,7 millones. El presupuesto de 2026, aún sin aprobar, prevé unos ingresos no financieros de 68 millones de euros y unos gastos no financieros de 67,8 millones, con los capítulos de personal (28,7 millones) y de gastos corrientes en bienes y servicios (31,4 millones) como principales partidas.
Estabilidad
Sobre esa base, el grupo de gobierno defiende que la situación económica del Consistorio es de “estabilidad”. A su vez, ya prepara la tramitación del expediente del proyecto de presupuesto de 2026, que será llevado próximamente a comisión informativa de Hacienda como paso previo a su aprobación en sesión plenaria.
La aparente contradicción entre ambas versiones se explica por la naturaleza de los documentos que cada bando esgrime. La regla de gasto que la oposición da por incumplida se mide sobre la liquidación de 2025, es decir, sobre el gasto ya ejecutado y cerrado.
El superávit que invoca el gobierno procede, en cambio, de la evaluación previa del proyecto de presupuesto de 2026, una proyección de ingresos y gastos para el ejercicio que aún no ha comenzado a ejecutarse.
Conviene precisar que el cumplimiento del objetivo de estabilidad y de deuda en el presupuesto de 2026 no neutraliza por sí mismo la posible obligación legal del Ayuntamiento de Granadilla de aprobar un Plan Económico-Financiero, una coyuntura derivada del presunto incumplimiento de la regla de gasto constatado en la liquidación de 2025, exigencia normativa autónoma.