Un nuevo caso de agresión sexual a una trabajadora del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) de Santa Cruz de Tenerife, supuestamente llevado a cabo por parte del marido de una usuaria a la que atendía durante la mañana de ayer en la vivienda conyugal, se ha sumado a las siete denuncias ya presentadas ante los juzgados por situaciones similares sufridas, en poco más de un año, contra auxiliares sanitarias de la capital. El colectivo ya no puede más y anuncia movilizaciones ante la “indefensión” laboral que padecen.
La presidenta del comité de empresa del SAD santacrucero, Verónica González, explicó a DIARIO DE AVISOS que la compañera “se encuentra en estado de ansiedad tras el violento episodio vivido, pues fue víctima de tocamientos en pechos y genitales contra su voluntad por parte de esa persona”. Un hecho que la llevó a salir corriendo de la vivienda en cuanto pudo soltarse del presunto agresor y acudir de inmediato al médico de la Mutua Universal, encargada de tramitar la baja laboral en la empresa concesionaria del servicio municipal, Atende.
“La sorpresa es que la Mutua no reconoce como accidente laboral la agresión sexual a la trabajadora, amparándose en que no hay un fallo judicial al respecto y la remite a la Seguridad Social. Una situación insólita que, aparte de constituir delito por omisión de socorro, demuestra el desamparo legal y laboral en el que desempeñamos cada día nuestro trabajo”, manifestó González.
La presidenta del comité de empresa detalló que “tras la negativa de la Mutua a atender esta situación como accidente laboral, hemos ido con la compañera afectada a un centro de salud, donde se activó de inmediato el Dispositivo de Emergencias para Mujeres Agredidas (DEMA). De allí, nos hemos ido a la Policía Nacional a presentar la correspondiente denuncia y, además, hemos exigido a la empresa que active el protocolo de igualdad, para que reciba apoyo psicológico. Algo que hasta el momento no se ha llevado a cabo”, alegó.
González lamentó la situación de “soledad y abandono” a la que están sometidas las trabajadoras del SAD por parte de la empresa y, por ende, del Ayuntamiento de Santa Cruz, ante situaciones de esta índole que “se quedan sin atención porque ni a los usuarios que realizan estas agresiones se les penaliza”.
Esta “desidia” administrativa ha llevado a las trabajadoras a convocar movilizaciones a principios de octubre para exigir que los percances que sufren en su trabajo e incluso durante los trayectos en coche hasta los domicilios de los usuarios sean, al menos, reconocidos como accidentes laborales para que no les perjudique en la reducción salarial de las nóminas, que no superan los mil euros mensuales.
La presidenta del comité de empresa del SAD alegó que “no podemos seguir así, siempre en el último puesto de los servicios sociales. Este nuevo caso de agresión a una compañera no es el primero y, seguramente, no será el último. O nos ponen vigilantes de seguridad o al final habrá que lamentar una desgracia aún mayor”.
El SAD cuenta en la actualidad con casi 1.300 usuarios. Una demanda asistencial que cubren 300 trabajadores, de los que 280 son mujeres.