Canarias cuenta con 45.806 armas amparadas por licencias de particulares, una cifra que representa apenas el 1,72% de las 2.657.248 unidades registradas en el conjunto del país, según el recién publicado Anuario Estadístico del Ministerio del Interior correspondiente a 2025. Las Islas se encuentran entre los territorios con menor presencia de estas piezas, sin embargo, existe un escenario que obliga a la unidad de Intervención de Armas de la Guardia Civil a mantener una vigilancia específica: las que permanecen olvidadas en los hogares, especialmente tras el fallecimiento de sus propietarios, algunas al margen del control de las autoridades.
“Por la casuística de la Guerra Civil hubo personas que conservaron armas en sus domicilios sin haberlas legalizado conforme a la normativa de la época”, explica Ramón Suárez Negrín, guardia civil de la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife. El caso más habitual suele ser el de alguien que, tras la muerte de un familiar, descubre una escopeta, una carabina u otra pieza en la vivienda. “Puede incurrir en un delito de tenencia ilícita si no deposita el arma”, advierte.
Cuando estas piezas están registradas, el Reglamento establece que los herederos o albaceas deben depositarlas en la Intervención de Armas y entregar también la correspondiente guía de pertenencia. El depósito debe realizarse tan pronto como tengan conocimiento de la obligación y, en todo caso, dentro de los seis meses siguientes al fallecimiento. El arma permanece depositada durante un año a disposición de los herederos, que pueden optar por adquirirla si cumplen los requisitos, enajenarla, inutilizarla o conservarla como recuerdo familiar. Transcurrido ese periodo sin que se le haya dado alguno de esos destinos, puede ser destruida.
Por otro lado, cuando el hallazgo corresponde a una pieza antigua, sin documentación o cuya procedencia no consta en los registros, la Guardia Civil inicia un procedimiento para averiguar su trazabilidad, teniendo en cuenta la voluntad de quien acude a entregarla. “Muchas veces, por la forma en la que se produce el hallazgo, ya se puede determinar que no existe intención de mantenerla de manera ilegal, sino que se debe a las circunstancias del momento”, subraya Eduardo Maldonado Gómez, jefe de la unidad de Intervención de Armas de Santa Cruz.
El estado de estos ejemplares puede ser muy diverso, desde modelos antiguos o con un avanzado grado de oxidación hasta otros que carecen de punzonado. La recomendación ante uno de estos hallazgos es clara: no manipularlo y comunicarlo a las autoridades. “Puede estar cargada y se puede producir un accidente fortuito”, alerta. El volumen de material que termina fuera de circulación ayuda a dimensionar esta parte del trabajo. En 2025 se destruyeron en España 80.289 armas. De ellas, 3.399 procedían de Canarias, el 4,23% del total nacional.
Nueve licencias por cada mil habitantes
El Anuario Estadístico del Ministerio del Interior sitúa en 21.669 las licencias y autorizaciones en vigor en las Islas a 31 de diciembre del pasado año: 11.606 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 10.063 en Las Palmas. Una misma licencia puede amparar más de un arma, de ahí que el número de permisos no se corresponda con el total de piezas registradas. La mayor parte corresponde a escopetas y otras armas largas de ánima lisa, mientras que los permisos para armas cortas destinadas a defensa personal son prácticamente testimoniales. Canarias se mantiene entre los territorios con menor número de permisos del país, muy lejos de Andalucía, que reúne 320.610, Cataluña, con 135.912, o la Comunitat Valenciana, con 128.413.
El dato más revelador se obtiene al poner estas cifras en relación con la población. Con aproximadamente 2,2 millones de habitantes y 21.669 autorizaciones, la tasa se sitúa en 9,8 por cada 1.000 habitantes en el Archipiélago. Una cifra muy alejada de regiones con mayor tradición cinegética como Extremadura o Castilla y León. La primera, con 80.275 permisos para 1,05 millones de habitantes, presenta una tasa cercana a los 76 por cada 1.000 habitantes, casi ocho veces superior a la de nuestra comunidad autónoma. En Castilla y León, con 114.748 y aproximadamente 2,4 millones de habitantes, el indicador supera los 47 por cada 1.000, casi cinco veces el registrado en Canarias.
Por tipos, la licencia E es, con diferencia, la más habitual. Permite disponer de escopetas y otras armas largas de ánima lisa, además de determinadas piezas destinadas al tiro deportivo, y suma 15.989. Le siguen las D, destinadas a armas largas rayadas para caza mayor, con 2.572; y las F, correspondientes a armas de concurso para tiro deportivo y olímpico, con 1.220. También existen 932 C, vinculadas al personal de vigilancia y seguridad privada y a los guardas rurales, mientras que las autorizaciones especiales para armas de avancarga, Flobert y antiguas alcanzan las 499.
El camino hasta el permiso
Para obtener un permiso, el trámite comienza en la propia Intervención de Armas de la Guardia Civil. “Lo primero que tiene que hacer es solicitar una cita o realizar la solicitud a través de la sede electrónica. Luego el proceso varía un poco y depende también del tipo de licencia que quiera obtener y para qué la quiera”, expone el jefe de la unidad en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. El interesado debe presentar el formulario correspondiente, acreditar su identidad y aportar un certificado de aptitud psicofísica para la tenencia y uso de armas. Además, debe justificar el motivo por el que pretende obtenerla. “En España no existe un derecho a obtener armas, sino que tiene que fundamentarlo”, recuerda.
La E, la más extendida, exige superar unas pruebas de capacitación que se realizan en la propia Guardia Civil. El aspirante debe superar una prueba teórica y otra práctica. Después llega otro de los filtros: comprobar que reúne las condiciones necesarias para disponer de un arma. “Consultamos la idoneidad de esa persona para ver si puede causar algún perjuicio a la seguridad ciudadana. Para ello se comprueba su información de conductas, si tiene antecedentes penales, antecedentes policiales…”. El plazo para resolver la solicitud es de tres meses. Mientras tanto, el volumen de personas que pasan por estas dependencias deja también una imagen del trabajo cotidiano: “Tenemos ocho citas diarias y se cubren todas”.
Aunque el número de autorizaciones apenas ha variado en los últimos años, el volumen de armas sí lo ha hecho ligeramente. Canarias pasó de tener 46.971 unidades amparadas en 2022 a 45.806 en 2025, una reducción de 1.165, el 2,48%. Los permisos, por su parte, pasaron de 21.817 a 21.669, apenas un 0,68% menos. Hay, sin embargo, un dato significativo en la evolución de las licencias F, correspondientes al tiro deportivo. Estas aumentaron de 823 a 1.220 en ese mismo periodo, un 48,24% más. El crecimiento se produjo tanto en Las Palmas, donde pasaron de 380 a 560, como en Santa Cruz de Tenerife, que pasó de 443 a 660.
El perfil de quienes disponen de estas autorizaciones tampoco se reparte de forma homogénea por edades. El grupo más numeroso es el de entre 50 y 59 años, con 6.444. Le siguen quienes tienen entre 60 y 69 años, con 5.529, y el tramo de 40 a 49, con 3.791. A partir de ahí, la cifra desciende progresivamente: 2.504 entre los 70 y 79 años y 517 entre quienes tienen 80 o más. Entre los más jóvenes, hay 771 entre los 18 y 29 años y apenas 29 entre los 14 y 17.
Inspecciones
Una vez que alguien dispone de un arma, la Guardia Civil mantiene distintos mecanismos de supervisión. El principal llega cada cinco años, cuando debe renovarse el permiso. Esta revisión implica también presentar físicamente las piezas en una Intervención de Armas para que pasen revista. Puede hacerlo el propio titular o un tercero debidamente acreditado.
Durante esta inspección, los agentes comprueban que el arma mantiene las condiciones con las que fue fabricada y que no ha sufrido modificaciones que alteren sus características. Para ello revisan especialmente sus componentes fundamentales o esenciales y verifican que la numeración coincide en las distintas partes que deben conservarla. Cualquier modificación de esos elementos está prohibida y puede alterar las características de la pieza hasta el punto de marcar “la diferencia entre un arma legal y un arma de guerra”.
Pero la vigilancia no se limita a esa comprobación periódica. La normativa permite realizar controles extraordinarios cuando existen indicios de que las circunstancias de una persona han cambiado. “Si ha cometido un delito o tiene varias infracciones administrativas, ahí entra a jugar el papel de la Intervención de Armas para acreditar que sigue manteniendo la idoneidad para tener un permiso de armas y que no causa un perjuicio a la seguridad ciudadana”, señala Eduardo Maldonado Gómez.
No acudir a una revista tampoco es una cuestión menor. Si el titular no presenta las piezas cuando corresponde, recibe un requerimiento para hacerlo en un plazo de diez días hábiles. Si tampoco cumple, se formula una denuncia por una infracción administrativa. Y si, pese a haber recibido la notificación, transcurre un mes sin que acuda, puede formularse una nueva denuncia por desobediencia, además de ponerse los hechos en conocimiento de la autoridad judicial si pudiera existir un delito de tenencia ilícita.
Esta labor ha dejado alguna que otra anécdota. “Nos han llamado preguntando si, para pasar la revista del arma, puede mandar una foto de la numeración del arma y una foto del arma. Como vive lejos, pregunta si puede hacerlo así”, cuenta el guardia civil Kévin Martinez. La respuesta es que no. La revisión debe hacerse físicamente porque los agentes tienen que comprobar el estado y las características del arma.
El trabajo de la Intervención de Armas, sin embargo, va mucho más allá de las licencias de los particulares. En Tenerife, sus competencias incluyen, por ejemplo, el control de los explosivos utilizados en obras, especialmente en la perforación de galerías y la excavación de pozos.
Y existe incluso un ámbito menos evidente: el audiovisual. “Muchas de las armas que se utilizan para las películas necesitan determinadas características. Aunque no sean armas simuladas, de alarma y señales o inutilizadas, cuando se utilizan en la vía pública los compañeros tienen que revisar que todas esas armas cumplen los requisitos y que tienen las autorizaciones pertinentes para estar en espacios públicos”.
También eso forma parte del perímetro que vigila la Intervención de Armas. Y es que, “al final, el trabajo que realizamos aquí es mucho más amplio de lo que puede parecer a primera vista”.