El Pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles, con el voto a favor de los grupos del cuatripartito (CC, PP, AG Y AHI) y Vox, y la abstención de PSOE y NC-bc, la ley de autoridad del profesorado.
La nueva norma incluye apoyo jurídico y psicológico para los profesores víctimas de agresiones, la creación de una unidad administrativa de atención, protección y asesoramiento al profesorado, el reconocimiento de la condición de autoridad pública y la presunción de veracidad, aunque con algunos matices.
Javier Nieto (Vox) ha afirmado que ya hay normas jurídicas para dar autoridad al profesorado pero “no está llegando” y hay una “demanda social” para incrementarla ya que el problema “no está resuelto sino que está empeorando”.
Ha comentado que hay agresiones físicas, verbales y acoso personal, incluso en redes sociales e incidido en que las revueltas sociales en Francia tienen como origen el “descontento” en los centros educativos. “Esperemos que en España no lleguemos a una situación tan dramática”, ha comentado.
Nieto ha comentado que el problema “no es de una gravedad terrible” pero hay que atajarlo y aunque ha mostrado su apoyo a la ley, cree que no tendrá grandes efectos porque hay “problemas estructurales” de fondo. “Los docentes no pueden hacer milagros”, ha indicado.
Ha pedido que se recorte la burocracia, se eliminen algunos criterios “ideológicos” –la figura del coordinador de Igualdad– y se cambie la fórmula de evaluar a los alumnos porque “ha caído muy mal”.
Carmen Hernández (NC-bc) ha comentado que su grupo comparte la necesidad de “reforzar” la autoridad de los docentes pero entiende que la nueva ley carece de “consenso” entre la comunidad educativa y faltan recursos materiales y humanos.
Ha reprochado al cuatripartito que la ley sale “de espaldas” a los actores de la educación, no como ocurrió con la Ley Canaria de Educación No Universitaria, y lamentado que las enmiendas de su grupo, que no han sido aprobadas, están avaladas por el Consejo Escolar.
En esa línea ha comentado que la ley es solo una “palmadita en la espalda” y “papel mojado” al tiempo que ha pedido más complementos retributivos para los cargos directivos, más personal, menos burocracia y asistencia jurídica y psicológica. “No queremos generar falsas expectativas”, ha destacado.
Marcos Hernández (PSOE) ha afirmado que la ley toma como referencia “lo ya legislado” por lo que tiene “poco recorrido”, algo que ha reconocido el propio Consejo Consultivo, que reconoce que “la innovación es escasa” e incluso puede generar “inseguridad jurídica” por duplicidad normativa con la ley canaria de educación y el decreto de convivencia.
Ha apuntado que la ley se reduce a una acción de “propaganda” ya que “no va a pasar nada” cuando entre en vigor y frente a ello ha reclamado “cuestiones precisas” como la recuperación del sistema de pagos de sexenios, el reconocimiento económico de las tutorías o la estabilidad de los claustros.
Raúl Acosta, portavoz del Grupo Mixto (AHI), ha comentado que el profesorado ejerce una labor “fundamental” en la sociedad y la nueva ley reconoce la autoridad del profesorado en el ejercicio de sus funciones, refuerza su protección jurídica y contempla medidas de asistencia y apoyo ante situaciones que puedan afectar a su trabajo y a su bienestar.
Ha comentado que se da “mayor seguridad” a los equipos directivos y ha instado a la Consejería de Educación que se dote de medios económicos y materiales para lograr su cumplimiento efectivo.
ASG: UNA LEY PARA DAR “TRANQUILIDAD”
Melodie Mendoza (ASG) ha dicho que la ley es “necesaria” para que los docentes puedan efectuar su trabajo con “tranquilidad” y remarcado que ahora se dará asistencia jurídica y psicológica gratuita en caso de agresiones.
Ha valorado la creación de una unidad administrativa especializada para atender y asesorar al profesorado y resaltado que la ley surge de la demanda de los propios docentes.
Sonsoles Martín (PP) ha dicho que esta ley es necesaria porque “las leyes que estaban en marcha no eran suficientes” ante la “pérdida progresiva” del reconocimiento social de la figura del profesor, subrayando que “reconocer su autoridad no significa situar al profesorado por encima de nadie” sino proporcionarle herramientas.
Ha negado que la ley nazca “de espaldas” a la comunidad educativa y reprochado a PSOE y NC-bc que no estén a favor del consenso, indicando que “no se puede meter todo en una olla y esperar a que encaje” porque se acercan las elecciones.
Jonathan Martín (CC) ha dicho que los profesores merecen “reconocimiento, pero también protección” y se trata de dar más apoyo en su labor de prevención del acoso escolar, gestión de los conflictos o acompañamiento emocional al alumnado.
En su opinión, el reconocimiento de la condición de autoridad pública del profesorado “no debe interpretarse como un privilegio, no se trata de situar al docente o la docente por encima de las familias o del alumnado, se trata de reconocer jurídicamente la importancia de una función esencial para la sociedad que debe estar respaldada por las instituciones”.
Ha comentado también que las familias “desempeñan un papel decisivo” en la educación y el respeto a los profesores y entiende que “defender la labor del docente no significa enfrentar a docentes con el alumnado y las familias, significa reforzar la confianza entre todos ellos, significa reconocer que los derechos deben ir acompañados de responsabilidades, porque proteger al profesorado es proteger al alumnado”.