El Pleno del Ayuntamiento de San Juan de la Rambla aprobó ayer personarse como acusación particular en las diligencias previas 73/2026 que se siguen en el Juzgado de Instrucción número 1 de La Orotava contra el alcalde, Juan Ramos, por un presunto delito de prevaricación administrativa en relación con la cesión de las instalaciones municipales del Mirador de Mazapé a la Asociación de Airsoft El Atlántico sin tramitar expediente administrativo.
La propuesta salió adelante con los seis votos a favor de PSOE, AUP-Sí se puede y Nueva Canarias (NC), y el rechazo de CC y PP. El alcalde no asistió a la sesión por ser parte afectada en condición de investigado y quien presidió la sesión fue su compañero de filas, Jonay Méndez, desde el lunes primer teniente de alcalde tras la renuncia del concejal Juan Siverio.
Méndez se aprovechó del informe de la secretaria municipal, favorable pero condicionado al no estar claro el perjuicio en la causa, para intentar dejar el asunto sobre la mesa y retomarlo con el nuevo grupo de gobierno, a partir del 4 de noviembre, pero su intento no fructificó, ya que esa valoración puede realizarse a posteriori, según ella misma explicó.
La primera en intervenir fue la portavoz del PSOE, Gloria Méndez, quien justificó la petición de la sesión plenaria por parte de su grupo al no constar un expediente administrativo de concesión del uso del Mirador del Mazapé. Fueron varios empleados municipales quienes advirtieron de dicha circunstancia y solicitaron el desalojo de las instalaciones y la depuración de responsabilidades, recordó.
Ante estos hechos, el papel del Ayuntamiento “es defender su patrimonio, proteger el interés general y contribuir al esclarecimiento de unos hechos que afectan a la Corporación, sin juzgar a nadie porque eso le corresponde a los órganos judiciales”, aclaró.
En este sentido, la incoación de diligencias previas y las distintas diligencias de investigación “no supone una condena ni acredita por sí misma la comisión de un delito, pero sí que los hechos merecen esclarecerse”, sostuvo Méndez.
La última en pronunciarse fue la concejal del PP, Dolores Rodríguez, en representación del Grupo Mixto, del que también forman parte AUP-Sí se puede y NC, pero según se desprendió de su discurso, habló solo en nombre del PP.
Apenas 17 minutos tardó el Pleno en debatir y aprobar la propuesta, un tiempo solo interrumpido por la alarma del ES-Alert avisando del simulacro de riesgo volcánico que se realizó en los municipios de Guía de Isora y Santiago del Teide. Aprovechando el contexto, el futuro alcalde, Ezequiel Domínguez, advirtió que la sala en la que estaban no cumplía con la normativa y en caso de tener que realizar una evacuación resultaría imposible porque estaba bloqueada la puerta de salida. “Que el pleno vuelva a mudarse a su sitio”, reclamó.