La Fundación Cruz Blanca señala que la pandemia ha dejado “atrapadas” a muchas inmigrantes que se dedicaban a esta actividad y que ahora “no tienen ningún recurso económico”.
“Estamos recibiendo llamadas continuamente de mujeres que se dedican a la prostitución y que nos transmiten su angustia, porque no tienen ningún recurso económico y están muy preocupadas, ya que no pueden afrontar los alquileres y temen quedarse sin un sitio donde vivir”, manifestó ayer a este periódico María Rosa Henríquez, coordinadora de la Fundación Cruz Blanca en Tenerife, entidad que desde el verano de 2017 presta un servicio de atención a este colectivo en el municipio de Arona.
Henríquez explicó que la situación de estas personas se ha agravado a raíz de la declaración del estado de alarma, pues muchas de ellas son extranjeras y en situación administrativa irregular y, además, se encargan de mantener económicamente a las familias en sus países de origen.
“Entendemos que muchas mujeres que rotaban por diferentes clubes de alterne, ahora cerrados por el decreto que obliga al confinamiento, pudieron salir en avión en los primeros días, pero las que se han quedado aquí permanecen atrapadas, y les estamos informando y asesorando sobre los recursos de respuesta inmediata como Cruz Roja y el Banco de Alimentos de Arona”, señaló la responsable de Cruz Blanca en Tenerife.
COLECTIVOS VULNERABLES
Pero la nueva realidad económica a raíz de la pandemia de coronavirus golpea también a otros colectivos en situación de vulnerabilidad en la comarca Sur. Henríquez señaló que “hay gente que nos llama para decirnos que se acaban de quedar en la calle y no tienen ni donde dormir esa noche; esos casos los derivamos al albergue temporal montado por el Ayuntamiento de Arona en en pabellón de Los Cristianos.”
La mayoría de los grandes perjudicados por el frenazo de la economía son, en gran medida, las personas que viven de la economía sumergida y ahora, de la noche a la mañana, se han quedado sin trabajo y sin ingresos. “La economía sumergida no está bien, pero las personas que viven de ella también tiene que comer”, apostilló Henríquez, que explicó que “en la mayoría de casos son familias de emigrantes, principalmente de Venezuela, Cuba y Colombia, que están aquí en situación administrativa irregular esperando que pasen los tres años de periodo de arraigo para ver si pueden optar a un empleo para regularizarse”.
Ante este panorama, Henríquez admitió que en la Fundación Cruz Blanca “estamos muy preocupados” y augura unas “consecuencias críticas” para las familias más vulnerables, porque “no es solo la urgencia que atendemos ahora de gente que se queda sin alimentos, sino la gran crisis que viene, porque hay familias que perderán sus empleos y no pueden pagar sus alquileres. Viene una crisis social bastante grave”.
