«Los datos, desgraciadamente, son malos», dice el vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez.
Canarias cerró 2019 con unos ingresos tributarios de 2.619,7 millones de euros, 177,6 millones menos de los previstos por el anterior Gobierno en los Presupuestos de aquel año, lo que supone un descenso del 6 por ciento, de acuerdo con los datos de la Agencia Tributaria Canaria. De esos 177 millones de euros de reducción, 91,8 millones se corresponden con los tributos propios y cedidos, mientras que 85,7 millones lo son de ingresos procedentes del denominado Bloque de Financiación Canario.
En el caso del IGIC, la merma de ingresos se sitúa en los 116 millones de euros, puesto que se ha pasado de recaudar 1.702 millones en 2018 a 1.585 millones el pasado año, lo que supone un descenso del 7 por ciento. Precisamente, para este año ha sido necesario acometer una revisión fiscal, de modo que se puedan recuperar ingresos por esta vía.
El vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, explicó que los datos, “desgraciadamente son malos, pero la situación podría haber sido peor si el actual Ejecutivo no hubiera tomado en su momento medidas para equilibrar las cuentas autonómicas”.
“En 2019 hubo gasto sin cobertura presupuestaria y una caída sustancial de los ingresos por las irresponsables rebajas fiscales del anterior Gobierno”, precisó Rodríguez, quien recordó que “ante esa situación tuvimos que reasignar gastos entre los departamentos autonómicos para poder cerrar el ejercicio cumpliendo con las normas fiscales”.
Particularmente negativa ha sido la evolución del IGIC, cuya recaudación ha caído 73,9 millones de euros con respecto a la previsión de ingresos de los Presupuestos de 2019, como consecuencia fundamentalmente de la rebaja de medio punto aplicada al tipo general por el anterior Gobierno.
A la luz del cierre del ejercicio, el vicepresidente insistió en el acierto de las medidas adoptadas por el actual Gobierno desde el mes de agosto para equilibrar las cuentas de 2019, heredadas con notables desajustes dada la merma de ingresos y el incremento del gasto comprometido sin cobertura presupuestaria.
“Hoy vemos cómo la reducción de los ingresos tributarios es una realidad incontestable y cómo una vez más el argumento de los gobiernos liberales de que una bajada de impuestos permite un incremento de la recaudación no es cierto”, aseguró.
Una de las primeras medidas adoptadas por el nuevo Gobierno, a instancias de la Consejería de Hacienda, fue la retención de créditos no esenciales para afrontar el pago de las nóminas del personal educativo y sanitario, incrementadas por los compromisos de reducción de jornada adquiridos por el Ejecutivo anterior sin la preceptiva cobertura presupuestaria y realizados, además, en un contexto de reducción de ingresos tributarios.
Las medidas de choque adoptadas por la Consejería de Hacienda han permitido a Canarias cerrar el ejercicio dentro de los parámetros fijados legalmente en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, además de elaborar unos Presupuestos autonómicos para 2020 “sin la espada de Damocles de una posible intervención de las cuentas”, en palabras del vicepresidente.
Se da la circunstancia de que tanto la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal como el Ministerio de Hacienda alertaron en la segunda mitad del año pasado a la Comunidad Autónoma del posible incumplimiento de la regla de gasto, conminándola a presentar medidas correctoras.
A estos informes se unió también un estudio elaborado por los técnicos de la propia Consejería de Hacienda que, con los datos que estaban sobre la mesa hasta agosto, proyectaban una desviación del déficit de casi medio punto sobre lo autorizado para Canarias.
Rodríguez destacó hoy que el conjunto de medidas adoptadas por el nuevo Gobierno ha permitido el cumplimiento de los preceptos legales, si bien insistió en la necesidad de que las Cortes modifiquen la Ley de Estabilidad para flexibilizar la regla de gasto y permitir que las administraciones públicas cumplidoras puedan destinar el dinero acumulado en el superávit a la mejora de los servicios públicos o al impulso de las infraestructuras.