En un panorama donde las dinámicas familiares se encuentran en constante evolución, los datos más recientes ofrecidos por el servicio de estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) revelan una realidad impactante en las Islas Canarias. A medida que cerraba el año 2023, esta comunidad autónoma se ubicó, por un período continuado que inicia en diciembre de 2019, en el punto más alto del espectro nacional en lo que respecta a las demandas de disolución matrimonial por cada 100.000 habitantes.
Este fenómeno no solo destaca las peculiaridades regionales en los asuntos de derecho familiar, sino que también pone de relieve la creciente necesidad de servicios legales y de apoyo emocional adaptados a las circunstancias de las parejas y familias en transición.
Durante el transcurso del año 2023 en Canarias, los tribunales civiles de las islas contabilizaron un total de 5.473 casos de solicitudes para disolver matrimonios, ya sea por separación, divorcio o nulidad, marcando un ligero incremento del 1,4% en comparación con el año 2022, donde se registraron 5.398 demandas.
Este incremento señala no solo una tendencia ascendente sino también coloca a Canarias con una tasa de 247,3 rupturas matrimoniales por cada 100.000 habitantes, la más elevada de todo el territorio español durante el mencionado lapso. En contraste, las comunidades de Baleares y Murcia siguieron en la clasificación, con tasas de 219,9 y 204,3 respectivamente, mientras que la media nacional se situó en 192,1, quedando así la cifra canaria notablemente por encima.
Canarias a la cabeza por quinto año consecutivo
Examinando los datos por provincias, se observa una competencia cercana entre Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, registrando 2.754 y 2.719 casos respectivamente, lo que evidencia una realidad homogénea en cuanto a la disolución matrimonial a través del archipiélago.
A nivel nacional, el panorama difiere ligeramente, con una disminución general del 3% en las demandas de disolución matrimonial. Esta variación se percibe en todos los tipos de demandas, con una notable reducción en los divorcios consensuados, que disminuyeron un 4,2%, y las separaciones consensuadas, que bajaron un 8,2%. En contraste, las modificaciones en los divorcios no consensuados y las separaciones no consensuadas fueron mínimas, revelando así una complejidad en las dinámicas de las rupturas matrimoniales en el país.
Los últimos meses del año 2023 siguieron mostrando una tendencia a la baja en el número de demandas de disoluciones matrimoniales, con una reducción del 1,4% en comparación con el mismo trimestre del año anterior. Sin embargo, es notable el incremento en las demandas de divorcio no consensuado, lo que podría indicar un cambio en las preferencias o circunstancias bajo las cuales las parejas deciden finalizar su unión.
Más allá de las cifras y las comparaciones regionales, lo que estos datos reflejan es un panorama complejo y multifacético de las relaciones familiares en la España contemporánea. Canarias, como líder indiscutible en esta estadística, no solo muestra la necesidad de adaptarse a las realidades cambiantes de sus habitantes sino también la importancia de proporcionar servicios legales, de mediación y apoyo emocional adecuados para navegar por estas aguas a menudo turbulentas.
Este escenario pone de manifiesto la imperiosa necesidad de abordar las cuestiones de disolución matrimonial con una mirada integral, entendiendo que detrás de cada número hay historias personales, desafíos y, en muchos casos, la búsqueda de un nuevo comienzo. Así, mientras las cifras pueden ofrecer una instantánea del estado de las uniones matrimoniales en Canarias y más allá, el desafío y, a su vez, la oportunidad, reside en comprender y atender las complejidades inherentes a las dinámicas familiares de nuestra era.