Condena a una influencer en Marruecos de 10 meses de cárcel y 3 años sin redes por un controvertido motivo
La detuvieron en el aeropuerto de Casablanca, Marruecos cuando iba a salir del país por un directo en redes
Un tribunal de Marrakech ha condenado a diez meses de prisión a la creadora de contenido Soukaina Janah, conocida en redes como Soukaina Glamour, según la información difundida este lunes por medios locales de Marruecos. La resolución incluye además una multa de 500 dirhams, en torno a 46 euros, y un elemento bastante más singular: la prohibición de utilizar redes sociales durante tres años.
Esa inhabilitación digital es probablemente lo más relevante de la sentencia y lo que menos se está comentando. Para una persona cuya actividad profesional consiste íntegramente en publicar en plataformas, una prohibición de tres años equivale a una inhabilitación para ejercer, con efectos que se prolongan mucho más allá del tiempo que pase en prisión.
Del directo comercial al aeropuerto: la cronología del caso en Marruecos
El origen del procedimiento está en unos vídeos difundidos en redes que las autoridades consideraron ofensivos para la decencia pública. La investigación se centró concretamente en las imágenes de una emisión en directo reciente en la que la creadora promocionaba ropa de casa, y en la que, según la instrucción, quedaron expuestas partes de su cuerpo. La fiscalía lo calificó como un acto de indecencia pública.
La detención se produjo el 12 de agosto y en un escenario llamativo: el aeropuerto Mohammed V de Casablanca, cuando la influencer se preparaba para salir del país. Según los relatos publicados, la policía de Marrakech llevaba tiempo investigando el contenido y coordinó con las autoridades aeroportuarias para impedir su salida de Marruecos. Fue puesta bajo custodia y trasladada a la prisión de Oudaia, en Marrakech, a la espera de juicio.
El caso ha generado un debate considerable en las redes marroquíes, y no exactamente en la dirección que cabría esperar. Buena parte de la discusión no ha girado sobre la sentencia, sino sobre si lo ocurrido durante la emisión fue un accidente o una maniobra deliberada para dar visibilidad a los productos que estaba promocionando. Esa pregunta ha dominado la conversación pública tanto como la condena.
Conviene una cautela importante: la propia información que circula está basada en fuentes locales y no en una lectura directa de la resolución judicial, y no consta si la defensa ha anunciado recurso. En el sistema marroquí, una sentencia de primera instancia es susceptible de apelación, de modo que el fallo no puede darse por definitivo.
La prohibición de acceder a redes sociales durante tres años abre una cuestión de fondo que va más allá de este caso concreto: cómo se ejecuta y se verifica una pena de este tipo cuando abrir una cuenta requiere apenas un correo electrónico y un minuto de tiempo.
El antecedente que arrastra y el contexto legal en Marruecos
Hay un elemento biográfico que explica parte del interés mediático en Marruecos. La misma creadora ya cumplió una pena de dos años de prisión por el conocido como caso Hamza Mon BB, relativo a una cuenta de redes sociales acusada de difamar y extorsionar a personas conocidas en Marruecos.
Fue detenida en 2019 y condenada en 2020 junto a otros dos acusados. Los cargos de entonces incluían el acceso fraudulento a un sistema automatizado de tratamiento de datos, la difusión de fotografías y declaraciones privadas sin consentimiento, difamación y participación en extorsión y amenazas. Salió de la misma prisión de Oudaia en octubre de 2021 tras completar la condena.
El contraste entre ambos casos en Marruecos es evidente y merece señalarse sin cargar la mano: en el primero se la condenó por difundir material privado de otras personas sin permiso, y en el segundo por contenido propio publicado voluntariamente en su propio canal. Son supuestos jurídicamente muy distintos.
En cuanto al marco legal, el Código Penal de Marruecos, promulgado en 1962 y reformado en varias ocasiones, tipifica los denominados atentados contra el pudor dentro del capítulo de delitos contra las buenas costumbres. Es el bloque normativo que sostiene este tipo de procedimientos y también el que centra desde hace años el debate sobre libertades individuales en el país, con organizaciones de derechos humanos y colectivos feministas reclamando su reforma.
El caso tampoco es aislado en el ámbito de los creadores de contenido. En julio de este mismo año, el Tribunal de Primera Instancia de Temara condenó a ocho meses de prisión a un influencer con más de dos millones de suscriptores por difundir un vídeo en el que aparecía cocinando y consumiendo los restos de un perro callejero. Dos sentencias de prisión contra creadores de contenido en apenas seis semanas apuntan a una línea de actuación cada vez más firme de los tribunales de Marruecos frente a lo que se publica en plataformas.
El asunto se cruza además con una discusión legislativa abierta. El Ministerio de Justicia ha anunciado en los últimos años su intención de endurecer las penas por delitos electrónicos relacionados con la vulneración de la vida privada, en el marco de una reforma del Código Penal que lleva tiempo pendiente en Marruecos y que reaparece cada vez que un caso como este alcanza notoriedad.
