Un nuevo caso de ocupación ilegal ha sacudido en Canarias en la ciudad de La Laguna (Tenerife), donde una mujer ha sido condenada por invadir la vivienda de una anciana de 87 años mientras esta permanecía hospitalizada. La sentencia, emitida por el Juzgado de lo Penal número 4 de Santa Cruz de Tenerife, considera probado que la acusada entró en la vivienda sin consentimiento y que residió en ella de forma ilegal durante varios meses, impidiendo el regreso de su legítima propietaria.
Los hechos se remontan a julio de 2022, cuando la propietaria, una mujer octogenaria, tuvo que ser ingresada en un centro hospitalario. Aprovechando esta circunstancia, la acusada accedió al inmueble situado en la zona de El Cardonal y se instaló allí sin ningún tipo de autorización ni título legal que lo justificara. La ocupante se negó a abandonar la vivienda a pesar de los reiterados intentos por parte de los familiares de la víctima para que la desalojara, situación que finalmente derivó en una denuncia judicial.
Durante el juicio, la defensa intentó argumentar que la acusada actuó por necesidad y que no tenía intención de perjudicar a la propietaria. Sin embargo, el tribunal concluyó que la conducta fue deliberada y que la ocupación se mantuvo pese a saber que la vivienda tenía dueña y que esta deseaba regresar a su domicilio en Canarias.
Una sentencia en Canarias que refuerza el derecho a la propiedad y la protección de personas vulnerables
La sentencia impone a la acusada una condena de seis meses de prisión por un delito de usurpación de bien inmueble. Además, se le ordena abandonar de inmediato la vivienda y restituir la posesión a su propietaria. Aunque la pena no implica ingreso inmediato en prisión al ser inferior a dos años y no contar con antecedentes penales, el fallo subraya la gravedad del caso por el perjuicio causado a una persona mayor en situación de vulnerabilidad en Canarias.
Este episodio de ocupación en Canarias ha generado una fuerte reacción en la comunidad local, donde vecinos y asociaciones de mayores han mostrado su indignación por la indefensión sufrida por la víctima. También ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre la protección de personas mayores que viven solas y la eficacia de los protocolos existentes para evitar situaciones similares.