Desde el inicio de la pandemia se han incrementado los discursos de odio por racismo y xenofobia tanto en las redes sociales y el entorno digital como en los barrios y en la esfera pública en general, ya que la migración se ha planteado como una amenaza para la seguridad y la sanidad desde algunos sectores.
Es una de las conclusiones del informe anual 2021 del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes (FISI) que analiza los desafíos, oportunidades y desventajas que la post pandemia ha provocado en las personas migrantes y refugiadas, especialmente en grupos concretos como la juventud, la infancia o las mujeres.
Un aumento de los discursos racistas y xenófobos que, según advierte el FISI, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, pueden debilitar los éxitos de los procesos de integración y cohesión social de los inmigrantes alcanzados hasta ahora.
De este modo, subraya el informe, durante la pandemia se ha vuelto a plantear la migración como una amenaza para la seguridad y la sanidad, se han agudizado desigualdades y las situaciones de pobreza y exclusión social, y ha sido necesario reforzar los sistemas de apoyo social esenciales para brindar cobertura a más personas en situación de vulnerabilidad.
«Esto es una amenaza para la cohesión social y la construcción de pilares comunitarios en un momento en el que la integración de las personas inmigrantes encuentra múltiples desafíos y en el que debemos fortalecer la solidaridad y, sobre todo, los principios democráticos de nuestra sociedad», resalta el estudio.
Los efectos de la covid-19 han agudizado además la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los menores de edad que han llegado solos a España, la «debilidad» del acompañamiento a los jóvenes extutelados en su proceso de transición hacia la autonomía e integración, así como la ausencia de mecanismos sólidos para detectar y atender a las víctimas de trata de seres humanos.
Respecto a la protección internacional, el FISI señala que con la pandemia se han hecho visibles las barreras que ya existían y han emergido otras, de modo que pese a que se han reducido los plazos en las citas, sigue habiendo demoras en algunas provincias y se exigen requisitos que obstaculizan el acceso al procedimiento.
Incide además en que la brecha digital se ha instalado como una nueva variable de exclusión y ha sido especialmente dura para las personas inmigrantes y refugiadas, a quienes les ha afectado en asuntos concretos como la tramitación de autorizaciones iniciales o la obtención de tarjetas de identidad.
Asimismo, el informe hace hincapié en las consecuencias de la covid-19 sobre la situación sociolaboral de la población migrante trabajadora por cuenta propia o ajena y sobre el retraso educativo de aquellos alumnos «con pobre o nulo acceso» a espacios y recursos para poder seguir la educación a distancia durante la pandemia.
