Canarias afronta un escenario de insostenibilidad creciente en su estado del bienestar, según concluye el nuevo informe presentado hoy por el Colegio Oficial de Economistas de Las Palmas (Coelpa), que alerta de que la falta de planificación y de recursos impide garantizar el cumplimiento efectivo de las leyes de dependencia y de atención sanitaria, tanto en el presente como en los próximos años.
El estudio, titulado ‘El envejecimiento poblacional en Canarias, un reto asistencial creciente’, analiza con datos oficiales la evolución demográfica, la situación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y la capacidad operativa del sistema sanitario, poniendo de manifiesto una brecha cada vez mayor entre las necesidades reales de la población y la capacidad de respuesta de las Administraciones públicas.
Según el decano del Colegio de Economistas, Alcibíades Trancho Lemes, “los datos evidencian un deterioro progresivo en la capacidad de atender a la ciudadanía. El envejecimiento acelerado, la insuficiencia de plazas residenciales, las demoras excesivas en la dependencia y el estancamiento de los recursos sanitarios obligan a replantear la planificación pública”.
Aumento acelerado de la población dependiente
La doctora en Ciencias Económicas y Empresariales y directora y coordinadora del informe, Rosa Rodríguez, explica que “Canarias ha registrado en las últimas dos décadas un crecimiento extraordinario de su población mayor. Entre 2000 y 2022, la población de 65 años o más creció un 86,54%, más del doble que la media española, y seguirá aumentando en los próximos años”.
En esta línea, indica que “solo entre 2024 y 2030, se prevé que este grupo de edad aumente un 27,3%, hasta superar las 508.700 personas, representando más del 21% de la población total del archipiélago. En paralelo, la población potencialmente dependiente alcanzará las 274.773 personas en 2030, un 8,36% más que en 2024”.
El informe recuerda que Canarias registra un aumento sostenido de la población de 65 años o más, y que este crecimiento, junto a su creciente peso relativo sobre la población total de las islas, representará en 2030 un 21,09%, en 2035 casi el 25% y, en 2039 el 27%.
En 2023, las islas presentaban un déficit de 9.400 plazas residenciales para alcanzar los estándares recomendados -5 plazas por cada 100 personas de 65 o más años-. De mantenerse esta tendencia, para 2030 el déficit superará las 10.500 plazas, y en 2035 se estiman casi 13.000 plazas adicionales necesarias.
Entre 2017 y 2024, un total de 23.351 personas fallecieron en Canarias mientras esperaban la valoración o la concesión de prestaciones de dependencia. De ellas, el 60,82% ni siquiera había sido valorada.
En este sentido, el tiempo medio desde la solicitud hasta la resolución del Programa Individual de Atención es de 567 días. En 2024, 31.675 personas permanecían en listas de espera, un 41,7% más que en 2023. De continuar la tendencia, las listas podrían alcanzar las 34.324 personas en 2030. Para poder atenderlas se requerirían 160 millones de euros adicionales sobre las cantidades disponibles en 2024. Se estima que esta cifra debería ascender a 170,2 millones en 2030 y a 192 millones en 2039.
“La demora de más de año y medio para acceder a prestaciones básicas vulnera el espíritu de la ley y genera un impacto humano y familiar muy significativo”, subraya Rodríguez.
El gasto sanitario deberá aumentar para sostener la demanda
El envejecimiento también tendrá un impacto directo sobre el sistema sanitario. Entre 2024 y 2030, la población mayor crecerá un 27,3%, mientras que el número de médicos lo hará solo un 20,8%, lo que exigirá incorporar cerca de 1.000 profesionales adicionales para mantener los niveles de atención actuales. Dato que debería incrementarse aún más para solventar las listas de espera.
Asimismo, la disponibilidad de camas hospitalarias por cada mil habitantes seguirá cayendo, pasando de 3,13 en 2023 a 2,91 en 2030.
El gasto sanitario, que en 2022 ascendió a 4.098 millones de euros, debería incrementarse hasta 4.248 millones en 2030, y alcanzar los 4.388 millones en 2039, siempre que se mantenga la capacidad actual del sistema -el mismo gasto medio por persona- y el actual nivel de listas de espera. A futuro, estas estimaciones deberán revisarse al alza a fin de incorporar el coste adicional generado por las listas de espera.
El Colegio de Economistas concluye que el envejecimiento demográfico, la presión asistencial y la insuficiencia de recursos conforman “un desafío estructural que no puede abordarse con medidas aisladas”.