El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 aportará 500.000 euros a la ciudad autónoma de Ceuta y 4,5 millones a las comunidades autónomas para el traslado y acompañamiento socioeducativo de 200 menores migrantes no acompañados que ya estaban en Ceuta antes de la crisis migratoria de la semana pasada.
En total, se repartirán 5 millones de euros a través de un crédito extraordinario aprobado este martes por el Consejo de Ministros. En concreto, los 4,5 millones de euros para las comunidades autónomas, se repartirán en proporción al número de niños, niñas y adolescentes que acojan.
La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha explicado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que esta dotación económica extraordinaria, con cargo al fondo contingencia, “forma parte de la respuesta que está dando el Gobierno de forma inminente a la situación que se produjo en la frontera con Marruecos” y muestra el “compromiso para que los niños tengan sus derechos protegidos”.
Según ha precisado Montero, el Gobierno ha trabajado “desde el primer día con Marruecos para aclarar la situación de los menores”. En este sentido, ha detallado que “se han realizado trámites de reagrupación de los menores que han expresado su voluntad de regresar” para que puedan hacerlo “con todas las garantías”; y en el caso de aquellos que quieren quedarse, ha dicho que están trabajando para que “gocen de una atención digna”.
LA COMUNIDAD VALENCIANA TUTELARÁ A 25 MENORES
De acuerdo con el reparto publicado este martes por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, las CCAA que más menores migrantes acogerán son la Comunidad Valenciana, que recibirá 25; la Comunidad de Madrid y Galicia, con 20 cada una.
Les siguen Castilla y León, con 18; Cataluña, con 15; Castilla-La Mancha, con 14; Andalucía, con 13; Asturias, Baleares y Extremadura, con 11 cada una; Aragón, con 9; País Vasco, con 8; Cantabria y Murcia, con 7 cada una; Navarra, con 6, y La Rioja, con 5.
Según ha precisado el Ministerio, a La Rioja le correspondía acoger a 17 de los 200 menores, pero finalmente recibirá solo a cinco, “dadas sus capacidades actuales”. Los restantes 12 menores los asumirá solidariamente, en un esfuerzo adicional, la Comunidad Valenciana, que tutelará a 25 menores, en lugar de los 13 que le correspondían inicialmente.
Entre los criterios que se han tenido en cuenta para realizar este reparto, destacan el de la población, la situación económica y la tasa de paro, de forma que aquellas comunidades con mejor situación económica y laboral recibirán un número mayor de menores.
Por otro lado, el Ministerio ha tenido en cuenta el esfuerzo que actualmente está haciendo cada comunidad en la acogida de estos niños, niñas y adolescentes, incluyendo la oferta solidaria que ya han realizado para acoger menores migrantes solos procedentes de Canarias.
En concreto, el 25% de las plazas se han repartido en proporción a la población total de cada comunidad; otro 25%, en función de la mejor situación económica y laboral (12,5% según la renta per cápita, y 12,5%, de acuerdo a la tasa de paro); y el 50% restante, en función de los menores que las CCAA tenían acogidos en el segundo semestre de 2020.
PREPARAN UN MODELO COMPARTIDO DE ATENCIÓN
La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha indicado que la situación que se está viviendo en Ceuta, como la reciente de Canarias y otras anteriores, “ponen de manifiesto la necesidad de contar con una estrategia estable que no requiera estudiar una reacción diferente en cada caso”.
En concreto, quiere contar con unos criterios consensuados y estables de derivación, protocolos de actuación y un modelo compartido de atención.
En este sentido, según informa el Ministerio, el Observatorio de la Infancia ha trabajado en los últimos meses en un modelo compartido; y partiendo de estos trabajos, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 impulsará en el seno de la Comisión Delegada de Servicios Sociales un acuerdo con todas las administraciones implicadas que pueda presentarse al Consejo Territorial en el plazo de dos meses para su discusión y su aprobación, si procede.