Los gobiernos de las Comunidades Autónomas han delegado en el ciudadano la mayor parte del control de la pandemia a través del uso obligatorio de la mascarilla. Estos equipos de protección individual, junto a la higiene de manos y la distancia social, son elementos ineludibles para reducir el contagio. Sin embargo, los aspectos que dependen de la gestión de las administraciones no han ido en consonancia con el esfuerzo que se le está exigiendo a la población.
La eclosión de nuevos rebrotes por todo el territorio ha sacado a relucir la falta de previsión de los Ejecutivos regionales desde el fin del estado de alarma para hacer seguimiento de los contagios, test masivos e imponer cuarentenas. Tampoco se ha desplegado una regulación para que con el fin del mando único se definieran las medidas a tomar ante una emergencia sanitaria.
Las recomendaciones sobre restricciones formuladas por los gobiernos tampoco han tenido un seguimiento destacable. Por ejemplo, la recomendación del Ejecutivo de Quim Torra a los barceloneses para que no abandonaran la ciudad apenas ha logrado reducir el tráfico: la salida de vehículos de Barcelona a destinos como la Costa Brava solo ha bajado un 7,8% respecto al fin de semana pasado, según los datos del Servei Català de Trànsit.
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