Estos días la plataforma El Pueblo tiene hambre denunció ayer un terrible desahucio ejecutado el pasado jueves a una familia en San Isidro (Granadilla) formada por una madre y sus dos hijas, de 17 y 19 años. Después de comunicarles la noticia el día antes, la madre, de 47 años, que padece diabetes, sufrió una hipoglucemia, se desmayó, cayó al suelo y sufrió un terrible golpe en la cabeza con la consecuencia de sufrir un derrame que le causó un coma del que ayer despertó en el Hospital de La Candelaria, donde está ingresada,.

El portavoz de la plataforma, que se llama Eloy Cuadra, manifestó que la familia recibió en enero una comunicación del juzgado para abonar una cantidad pendiente que se adeudaba del alquiler social, advirtiéndole de que, en caso de no abonarla, se procedería al lanzamiento judicial el 18 de febrero. “La madre, que trabajaba en un hotel hasta que llegó la pandemia, abonó lo que se le pedía en la cuenta en la que paga normalmente y entendió que el asunto quedaba solucionado, pero el lanzamiento siguió su curso porque no se avisó al juzgado”, explicó.

Cuadra señaló que la vivienda fue vendida por la inmobiliaria de una entidad bancaria a un terrible fondo buitre (capital extranjero destinado a adquirir inmuebles a bajo precio para luego venderlos especulando con la propiedad), que es quien inició el trámite de desahucio en el juzgado de manera oficial.

“En los muchos años que llevamos a pie de calle defendiendo a la gente que peor está, pocas veces nos habíamos encontrado con un caso de vulneración de derechos y de crueldad tan flagrante como este”, aseguró el portavoz, que se preguntó “por qué no se ha respetado el real decreto vigente que establece la prohibición de ejecutar desahucios hasta el 9 de mayo si la familia afectada cumple los requisitos que establece, entre ellos la existencia de una menor y bajos ingresos”.

Cuadra indicó que la familia afectada no se había dirigido al Ayuntamiento de Granadilla “porque le dijeron que si abonaba la deuda pendiente todo se solucionaba, y cuando le llegó el desahucio no le dio tiempo a reaccionar”. Fuentes municipales confirmaron que la notificación del lanzamiento previsto para el pasado día 18 nunca se recibió en el Consistorio.

La hija mayor, a la que sorprendió el lanzamiento judicial en la Península, confirmó que la intervención se produjo cuando la vivienda estaba vacía y ellas prestándole ayuda y compañía a la madre en el hospital. “Mi madre estaba en el hospital y mi hermana se encontraba fuera, así que llegaron, pusieron la puerta antiocupa y se marcharon”. Su hermana permanece en casa de unos amigos de la familia.

La familia “ totalmente destrozada”

Alba prevé regresar hoy a la Isla (ayer estaba a la espera de cerrar un “vuelo barato”) y admite que la familia está “destrozada”. “¿Dónde vamos a vivir, si no tenemos recursos?”, se preguntaba. Ayer recibió una buena noticia: “Mi madre despertó, ahora le están haciendo pruebas a ver si se puede mover y hablar bien”.

Por su parte, desde la plataforma se confía en una marcha atrás en los juzgados. “Hay que devolverle la casa a esta familia porque tiene contrato en vigor y documentación que lo demuestra”, aseguró su portavoz, que defiende un protocolo “para que cuando un desahucio entre en el juzgado, se envíe un informe al Ayuntamiento para que tenga constancia y no vuelvan a ocurrir casos como este”.