El grupo José Sánchez Peñate (JSP), una de las grandes firmas del sector alimentario en Canarias, termina este junio de hundirse después de años de protección de todo tipo como el AIEM, REA, incentivos regionales y de importación de mercancías que mató a las pequeñas panaderías de Canarias y sector ganadero de Canarias desde 1991. La empresa asegura que ha sido vendida, tesis que ha soltado Asinca también. Pero es mentira: todo eso que cuentan los diarios vegetales de haberse cerrado venta alguna es información falsa.
Se pretendería crear la idea de una operación cerrada para después aparecer con el fracaso y pedir a la Administración regional (Hacienda, Nueva Canarias) y que rescate al grupo alimentario como si el Gobierno de Canarias tuviera una Sepi propia.
Al final, el patriarca del grupo, José Sánchez Rodríguez, lograría su objetivo: vender la empresa con protección arancelaria a un postor seguro con fondos públicos, como ya hizo con el sector panadero o la fabricación de tartas congeladas.
Atrás queda la historia no escrita del papel Almacenes Molina en la gestión de la sociedad, que fueron humillados por los herederos de JSP hasta que el karma fiscal de las islas, ese esquema de macroprotecciones que solamente defiende cuatro industrias que quedan viviendo del BOC y Bruselas, hizo su papel de la mano de los consumidores, que dieron la espalda a un producto que renunció a su firma para vender marcas blancas.
El negocio logístico hará cierto daño a empresas navieras locales y a las que desarrollan transportes de mercancías desde Reino Unido y productos cárnicos de Holanda, mayormente; pero se ahorran el calvario de la concursal, iniciada en 2018. La pandemia del Covid19 ya dejó los almacenes hasta la bandera y apenas había movimientos salvo en grandes cadenas y que tenían su logística propia. Además de vender toda la maquinaria y equipos de sus cuatro fábricas por cinco millones de euros al grupo inversor Gordon Brothers enm 2020, el fondo Heperion se hace cargo de desguazar a la empresa y darle salida a la plantilla de 500 trabajadores.
El cierre de JSP trinca con el pie cambiado al Gobierno de Canarias. La propuesta de renovación del AIEM aprobada en enero de 2021 por la Comisión Europea ni impide su revisión a corto plazo tal y como defiende Cecapyme, la patronal que preside el industrial portuario José Juan Socas. Socas defiende que «estamos convencidos que el AIEM es un impuesto recaudatorio y que ningún gobierno en Canarias se atreverá a quitarlo pero es evidente que hay que hacer una limpia de las barbaridades que han puesto en este impuesto”.
El negocio del fabricante de marcas como leche Millac, yogures Celgán o café JSP estaba tocado de muerte antes de la pandemia de covid-19 y su impacto en el turismo y economía de las islas. El grupo llegó vía KPMG a un acuerdo de reestructuración sus acreedores financieros, principalmente bancos españoles. Además de la refinanciación de la deuda existente, el acuerdo de reestructuración incluye una inyección de dinero nuevo en el grupo por parte de Gordon Brothers y los bancos. Heperion se encargará ahora de ver qué salidas tiene en el negocio de la alimentación o de trocear el grupo.
El director financiero de JSP, Aridani Ramírez, destacaba hace unos meses, por su parte, que este grupo inversor haya «entendido de forma muy rápida el valor» de sus fábricas. «Han sido fundamentales para llegar al acuerdo de reestructuración con los bancos de manera rápida y eficiente», apostillaba.