La Sección Segunda de la Audiencia de Jaén ha juzgado a una madre acusada de permitir que un hombre abusara sexualmente de su hija de ocho años, que además es discapacitada intelectual.
Los hechos, según mantiene el Ministerio Fiscal, se remontan a noviembre de 2016 cuando la madre, acompañada de sus dos hijas, viajó desde Canarias hasta la península para encontrarse con el hombre al que había conocido por las redes sociales.
De esta forma, en un primer momento, la mujer y las dos niñas, de seis y ocho años, pararon en Bélmez de la Moraleda (Jaén), en casa de una familiar de la persona que había conocido por redes sociales. Seguidamente se marcharon a Jódar (Jaén) donde entraron en contacto con el supuesto agresor, que también estaba imputado en esta causa pero que falleció en octubre de 2020.
Fue la menor la que casi un año después y ya en Canarias reconoció a su familia de acogida que había sufrido “una violación” cuando estuvo en Jaén con su hermana y su madre. La menor relató que fue un amigo de la pareja que había conocido su madre la que la violó y que ella se lo contó a su madre, pero que ésta no le creyó.
“Él me violó”, ha dicho la menor, actualmente con 13 años, en su declaración ante el tribunal. Ha señalado que fue una noche cuando su madre permitió que el otro acusado, ya fallecido, se le llevara a su casa para dormir. Ha añadido que le tapó la boca para que nadie en la casa la oyera gritar y que cuando terminó, como ella no paraba de llorar, vino la pareja de su madre a llevarla de vuelta con su madre y su hermana.
La madre ha declarado por videoconferencia desde Canarias y lo ha hecho para negar todos los extremos del testimonio de la menor. Ha señalado que durante su estancia en Jaén las niñas estuvieron todo el tiempo con ella y que nunca durmieron solas. Ha reconocido que llevó a la menor al médico porque le molestaba al hacer pipí y que le pusieron un tratamiento para la infección de orina, pero que en ningún momento pensó que su hija hubiera sufrido algún tipo de agresión.
En el juicio también han declarado las familias de acogida con las que ha estado la menor desde que a la madre le retiraron la custodia. Ambas han señalado que fue la menor la que de forma espontánea contó haber sufrido una violación.
Los psicólogos han señalado que teniendo en cuenta la discapacidad intelectual de la menor, su relato es “consistente”, aunque su testimonio sobre lo ocurrido fue “muy escueto” y por lo tanto “insuficiente” para poder aplicar todos los criterios de cara a establecer su grado de credibilidad.
Por estos hechos el Ministerio Fiscal reclama para la madre que se imponga una pena de un año y once meses de prisión como cómplice de un delito de abuso sexual. También solicita que se le imponga la prohibición de acercarse a menos de 500 metros del domicilio, centro escolar, lugar de trabajo o lugar donde se encuentre la menor y de comunicarse con ella por cualquier medio durante tres años por encima de la duración de la pena de prisión.
Para el acusado fallecido, cuya responsabilidad penal se da por extinguida, el Ministerio Fiscal pedía una pena de seis años de prisión. En la causa también está personado el Gobierno de Canarias, ya que las menores están bajo la custodia de la Dirección General de Protección de Familias.
