Las carreteras, poco a poco, van recuperando la afluencia que perdieron el marzo, con la declaración del estado de alarma. En las últimas semanas, se ha incrementado el número de desplazamientos –aunque, de momento, sean dentro de la provincia y, en pocos casos, interprovicinales– y también -tristemente- los accidentes (hasta siete el fin de semana del 24 de mayo) y las multas. Lo habitual, vaya. Por eso, la DGT ha alertado a los conductores para que no se confíen: unas nuevas furgonetas, camufladas, vigilarán el comportamiento de los conductores.
La DGT ha anunciado, en palabras de su presidente, Pere Navarro, que durante los próximos meses muchos radares fijos se convertirán en radares de tramo y que no sólo se vigilará el exceso de velocidad de los vehículos, sino también el uso del móvil al volante –una de las grandes batallas del mandamás de Tráfico desde que recuperó el puesto de presidente.
Las furgonetas camufladas, realmente, no son nuevas. Empezaron a utilizarse en 2018 y se empezaron a ver, especialmente en Galicia, poco tiempo después con la matrícula PGC de la Guardia Civil. Y, aunque en un principio estaban destinadas a advertir y sancionar sobre las distracciones de los conductores al volante, ahora lo harán también para multar por el uso del teléfono móvil al volante.
La novedad es que estas furgonetas, totalmente blancas, que se pueden confundir fácilmente con la de otros negocios (pintores, fontaneros….), han sido adquiridas en un mayor número por la Guardia Civil. “Esto nos permite controlar a mayor altura si un conductor está utilizando un dispositivo móvil mientras conduce”, ha explicado Pere Navarro en el Congreso de los Diputados. Su eficacia, probada, permitirá sancionar por el uso del móvil, pero no por exceso de velocidad.
Pero estas furgonetas no serán las únicas que sancionen por el uso del móvil. La DGT también ha anunciado que se han instalado 216 cámaras de vigilancia que antes sancionaban por el mal uso del cinturón o las distracciones y ahora lo harán también por el uso del móvil.
Esta infracción, que implica una pérdida de tres puntos en el carné de conducir y 200 euros, pero será sancionada con seis puntos en cuanto se apruebe la Ley de Tráfico, tal y como recoge la propuesta de la Dirección General de Tráfico y como persigue su presidente, Peré Navarro.
