Canarias recibió entre el 1 de enero y el 15 de septiembre a 11.522 inmigrantes llegados en 255 embarcaciones clandestinas, 231 personas más que en el mismo periodo de 2021. Esto supone un incremento del 2%, el más bajo desde que comenzó el año. En cifras absolutas, de los datos publicados ayer por el Ministerio del Interior se desprende que la ruta canaria sigue moviendo a más personas que en 2021, pero sus comparativas interanuales dan muestras de que se puede estar conteniendo: en febrero crecían un 134 %; en marzo, un 70%; en abril y en mayo, un 50%; en junio, un 25 %; en julio, un 27%; en agosto, un 14%; y ahora, un 2%.
Las personas que entraron en España de forma irregular hasta el 15 de septiembre suman 21.472, un 11,6% menos que en el mismo periodo de 2021; la mayoría, por vía marítima. Han aumentado los inmigrantes que alcanzan las costas canarias y quienes acceden a Ceuta y Melilla por vía terrestre. Son cifras que se extraen del último balance quincenal publicado ayer por el Ministerio del Interior, con datos que comprenden la llegadas de inmigrantes entre el 1 de enero y el 15 de septiembre, que constata que de esas 21.472 personas, 19.573 lo hicieron por mar.
En la Península y Baleares se ha experimentado el descenso más notable, con 3.022 inmigrantes menos que en 2021, lo que implica un 27,8% menos (7.864 personas en 816 pateras). Las llegadas por mar a Ceuta y Melilla registran una disminución en el caso de la primera (76 personas, 530 menos que en 2021) y un crecimiento en la segunda (111 migrantes, 107 más que el año pasado). Sin embargo, por vía terrestre -saltando la valla fronteriza- han aumentado en ambas ciudades autónomas en lo que va de año con la entrada de 1.899 inmigrantes, 393 más que el año pasado (+26,1%). A Melilla han llegado 1.146 (un 15,9% más) y 753 a Ceuta (+45,6%).
La llamada ruta canaria de las pateras se vuelca cada vez más hacia los trayectos “cortos” desde Marruecos y el norte del Sáhara a Lanzarote y Fuerteventura, unas islas que concentran más del 53% de las llegadas; fundamentalmente, en lanchas neumáticas. Pierden peso, por el contrario, las travesías de más larga distancia, desde Dajla, Mauritania o Senegal. Según el recuento de Cruz Roja hasta el 5 de septiembre, consultado por Efe, habían desembarcado en Canarias 11.057 inmigrantes (un 13,46%, menores de edad). Por islas, Gran Canaria había recibido a 4.754 personas (el 42,99% del total); Lanzarote, a 3.957 (el 35,78%); Fuerteventura, a 1.941 (el 17,55%); Tenerife, 222 (el 2,00%); El Hierro, 94 (el 0,85%), y La Gomera, 89 (el 80%). Gran Canaria está al frente de la estadística desde que se reactivó la ruta, en el verano de 2019, pero sus cifras son decrecientes: en 2020 acaparó el 70,59% y en 2021 solo anotó el 41,88%, que se ha mantenido en 2022 con único un cuatrimestre para terminar el año (42,99%). En cambio, si el foco se pone en Lanzarote y Fuerteventura, las dos islas más próximas al continente africano, del que distan apenas 100 kilómetros en el paso más estrecho, se observa la tendencia opuesta: en 2020 representaban juntas el 9,86% del tráfico de la ruta, en 2021 subieron al 46,2% (ya por encima de Gran Canaria) y, en este momento, contabilizan más de la mitad (53,34%).
Alertas
Las alertas que gestionan Salvamento Marítimo y ONG que trabajan en la zona, como Caminando Fronteras y Alarm Phone, constatan que la mayoría de las salidas de pateras notificadas a las autoridades españolas en los últimos meses proceden de una franja de costa que va desde Tan-Tan (Marruecos) hasta Bojador (Sáhara). En especial, desde el entorno de dos ciudades: El Aaiún y Tarfaya, las más próximas a Fuerteventura y Lanzarote, que las neumáticas alcanzan en 24 o 36 horas si no hay percances. Se han reducido de forma significativa las llegadas desde Dajla (tres o cuatro días de travesía) o el norte de Mauritania (cinco o seis jornadas), lo que se refleja en las estadísticas de Gran Canaria.
Alarm Phone teme que Marruecos se convierta en responsable de efectuar los rescates en las aguas al sur de Canarias, por las que ahora vela España. Esa es una de las consecuencias analizadas en el informe sobre el primer semestre: Criminalización de las personas en tránsito.