Amnistía Internacional y el Comité Español de Ayuda al Refugiado (CEAR) han exigido al Gobierno que sus nuevas medidas anunciadas para reforzar la política migratoria y descongestionar la situación que se vive en Canarias garanticen los derechos humanos de las personas que llegan a España.
La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, anunció el viernes desde Canarias algunas iniciativas que el Ejecutivo va a poner en marcha para mejorar la situación en el archipiélago, en donde la llegada de migrantes aumentó, hasta el 31 de octubre de 2020, más de un 600%, con respecto al mismo periodo del año pasado.
Según ha explicado Darias, España aumentará efectivos de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en sus fronteras, así como en las de Mauritania y Senegal y recibirá un mayor despliegue del equipo de Frontex hasta el 21 de enero de 2021. También instalará un Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) en Las Palmas de Gran Canaria con espacio para 800 personas y Defensa cederá un espacio de acogida en Fuerteventura.
Para Amnistía Internacional, «apostar únicamente por el control» de fronteras «no es la solución». Su portavoz en esta materia, Virginia Álvarez, ha señalado que cerrar las fronteras «es un riesgo» para la gente que sigue huyendo de sus países por violaciones de derechos humanos y que tendrá que elegir «rutas cada vez más peligrosas» para ponerse a salvo.
PROTECCIÓN A LOS MÁS VULNERABLES
Lo que aconseja la organización para esta situación es un «reforma urgente del sistema de asilo» que «cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos», que garantice «la asistencia letrada» a los migrantes y tenga «todos los mecanismos para proteger, especialmente, a los más vulnerables» como víctimas de trata o menores que viajen solos.
De forma similar se ha manifestado CEAR. En su caso, han aplaudido las medidas para descongestionar el muelle de Arguineguín, en Mogán (Gran Canaria), donde duermen millares de migrantes, pero pide que se deje de poner «obstáculos» al traslado a la Península de solicitantes de asilo y migrantes más vulnerables.
«Es necesario que en estos dispositivos se garanticen todos los derechos, en especial el de asistencia jurídica y se ofrezca información sobre el proceso de asilo, así como que haya medios suficientes para detectar los casos más vulnerables», apunta la organización.
«COHERENCIA» ANTE LAS DEVOLUCIONES EN CALIENTE
Del mismo modo, piden al Ejecutivo que «concrete con urgencia» sus medidas para «evitar más muertes en el mar», ofreciendo a los migrantes «vías legales y seguras», especialmente a «quienes deben huir de sus países, tal y como prevé la Ley de Asilo».
Por otra parte, la directora de CEAR, Estrella Galán, ha lamentado que Interior esté usando las devoluciones en caliente «como medida para expulsar» migrantes el país, una medida que, tal y como ha señalado «es ilegal», «vulnera los derechos humanos» y «no va acorde con la legislación internacional».
En declaraciones a Europa Press, Galán ha recordado a PSOE y Unidas Podemos que cuando estaban en la oposición recurrieron al Constitucional esta práctica y «siempre manifestaron estar en contra de la misma», por lo que, ahora, les pide «coherencia» en su comportamiento.
Mientras, desde el PSOE, su secretario de Organización, José Luis Ábalos, ha defendido las medidas anunciadas por Darias señalando que el Gobierno «tiene un plan» en esta materia y es «consciente» de la situación en la que está Canarias.
El ministro de Fomento, en rueda de prensa desde Ferraz, ha recordado que Interior y otros ministerios están llevando a cabo medidas para «que el puerto de Mogán no esté en las condiciones en las que está». «Se está planteando un centro de atención para pasar 72 horas los migrantes y centros de acogida que se están de modo urgente habilitando para ello», ha concluido.
