Lo dicta el Código Ético de Podemos, por un delito contra los derechos de los trabajadores. El asistente, no asistenta, se llama Eduardo y es inmigrante.
En julio de 2013, cuando Podemos aún existía en un estado embrionario, Pablo Iglesias salió a contestar una pregunta cuya respuesta se intuía pero que él vino a materializar en palabras. “¿Quiénes son los de abajo?”, se titulaba el artículo con el que el ahora vicepresidente segundo del Gobierno registraba ante notario a quién defendería su partido a punto de nacer. Y bien, ¿quiénes son? Pues los de abajo ya no son los mineros o los trabajadores de los astilleros, que un poco también, sino las “empleadas del hogar”, los “trabajadores públicos que cobran menos de mil euros”, los “estudiantes que ponen copas en negro para pagarse la matrícula”, los “migrantes que (…) cuidan ancianos, falsos autónomos” y así seguía.
La encrucijada actual obligaría, o bien, a cambiar la definición de quién son los de abajo, o bien, a considerar al portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, mano derecha de Pablo Iglesias, un gran contribuyente a que “los de abajo” sigan siendo, eso, los de abajo. Esta semana se ha confirmado que Pablo Echenique contrató de manera irregular, antes y después del artículo de Iglesias, a su asistente. El asistente -que no asistenta- se llama Eduardo. Es inmigrante, cuidaba a una persona con discapacidad y Echenique no le dio de alta en la Seguridad Social haciéndole cobrar en negro. Eduardo es el dibujo calcado “los de abajo” según Iglesias, y el Código Ético de Podemos obligaría ahora a Echenique a dimitir.
Y el artículo de Pablo Iglesias sigue: “Esos son los de abajo y sólo la miopía de cierta izquierda puede insistir en agruparles a todos bajo la etiqueta de obreros e invitarles a afiliarse a los sindicatos (ojalá pudieran). Muchos de ellos ni siquiera pueden ejercer su derecho a la huelga y, sin embargo, ellos son el pueblo, ellos son los que pagan impuestos (no como los ricos) y los que sacan el país adelante”. Pues eso.
Este martes el Tribunal Superior de Justicia de Aragón confirmaba la sanción impuesta por la Seguridad Social a Echenique de 11.040 euros por no haber cotizado por tener contratado a Eduardo. Según la sentencia, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, Echenique es culpable de haberse saltado la ley en dos ocasiones: desde septiembre de 2011 hasta junio de 2012 y desde marzo de 2015 hasta abril de 2016. El primer periodo, sin embargo, ya ha prescrito, lo que ha evitado que Echenique tenga que hacer frente a una multa del doble de dinero. El segundo, en cambio, no lo ha hecho y tuvo lugar mientras Echenique ya tenía puestos de responsabilidad en Podemos.
La sentencia permite ahora trazar fielmente la trayectoria que unía y separaba a Pablo Echenique y a su asistente Eduardo. Lo suyo son siete años de relación profesional, con sueldos de 11 euros la hora, que acabó con Echenique echándole la culpa a Eduardo en los medios de comunicación. Es un ir y venir en el que el alto cargo de Podemos contrata al asistente según si su mujer se puede hacer cargo de él o no. Y es un proceso legal en el que le acompaña la abogada de Podemos Marta Flor, en el centro de los líos judiciales actuales de la formación y que fue utilizada por Pablo Iglesias para despedir al abogado José Manuel Calvente, tras acusarle en falso de haberla acosado sexualmente.
La noticia que se ha conocido esta semana cierra definitivamente el capítulo del asistente de Echenique, que se abrió en 2016 cuando el diario Heraldo denunció la situación. Tras una investigación de la Inspección de Trabajo y una condena, Echenique ha ido recurriendo la sentencia constantemente hasta el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Con ello, el líder de la formación morada ha desistido de su recurso de casación en el Tribunal Supremo, antes de que el alto tribunal se pronunciara, lo que significa una condena en firme. Esto implica que, de no dimitir, Echenique estaría cumpliendo el apartado XI del Código Ético que obliga a ello “en caso de ser imputado, procesado o condenado” por “los delitos contra los derechos de los trabajadores”.
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