Los números no dejan lugar a dudas, por mucho que las restricciones para frenar la Covid tuvieran, claro está, mucho que ver. Esta misma semana, el VIII Informe sobre Cibercriminalidad elaborado por el Ministerio del Interior desveló que el número de ciberdelitos denunciados durante 2020 en España creció a pasos agigantados. Nada menos que un 32% más que el año anterior, para un total de 287.963 casos. Estos datos se traducen en un aumento de su peso proporcional dentro del conjunto de la criminalidad, al suponer ya el 16,3% del total de delitos penales.
No estamos ante una moda, no. La ciberdelincuencia sube tan rápidamente porque, como coinciden los expertos consultados por DIARIO DE AVISOS, estos delincuentes son conscientes de que muy pocos acabarán respondiendo ante la Justicia por sus delitos.
Basta con saber que, de esos 287.963 casos registrados el año pasado, solo unos 1.200 derivaron en una condena judicial. Ello se debe, aseguran, a que la gran mayoría de los juzgados españoles no están preparados para investigar unos hechos caracterizados por el perverso uso que se hace de las nuevas tecnologías por personas que, por lo general, operan desde países cuyos gobiernos no solo no colaboran para atraparles, sino que incluso las protegen al sacar también rédito de estas fechorías.
Para colmo, lo novedoso del tema coge desprevenida a la inmensa mayoría de sus víctimas potenciales. Ni los particulares ni las empresas asumen aún la necesidad de protegerse frente al auge de esta modalidad criminal.
Por el contrario, las fuerzas de seguridad sí están al cabo de la calle y se esfuerzan en adaptarse a cambios tan sustanciales, y combaten desde la primera línea del frente esta grave amenaza para la seguridad ciudadana. Sin ir más lejos, en la Policía Nacional tinerfeña, brilla con luz propia el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Comisaría provincial, gracias a servicios tan brillantes como la reciente redada contra la camorra instalada en el Sur de la Isla, que se tradujo en más de cien arrestos y que, sobre todo, permitió comprobar cómo estas bandas se han reconvertido para lucrarse con la ciberdelincuencia.
“Los beneficios que obtienen por los ciberdelitos superan claramente a los del tráfico de drogas”, explica un portavoz de dicha unidad policial. “Son el doble de lo que ganaban con el narcotráfico o la prostitución”, sostiene a su vez un especialista en ciberseguridad tan prestigioso como Cecilio Sanz, director general de Alisios Informáticos además de cofundador y alma mater de Hackron, el congreso sobre este tema que se celebra cada año en la capital tinerfeña.
No en balde, casi el 90% de los ciberdelitos registrados el año pasado en toda España fueron fraudes informáticos (89,6%), a mucha distancia de las amenazas y coacciones, que representaron el 4,9%.
“Ahora, no pasa ni un día en que nos llegue al menos una consulta sobre el tema al despacho”, reconoce Isaac Pérez, el letrado que lidera el Departamento de Nuevas Tecnologías y Ciberseguridad del bufete local Sirvent&Granados, pionero por estos lares desde que, hace ya cerca de dos años, creó dicha área específica al detectar la creciente demanda de los servicios jurídicos necesarios para reclamar lo estafado en estas actividades delictivas. Sabe de lo que habla, desde luego, dado que representa legalmente a decenas de afectados por el caso Arbistar, una presunta estafa de, aproximadamente, mil millones de euros, y por el que reclaman cerca de 40.000 clientes de dicha firma, cuya sede también se encontraba en el Sur de Tenerife.
Según la Fiscalía, este caso es el típico sistema piramidal que, como siempre, acaba derrumbándose por su propio peso dada la ausencia de unos cimientos económicos que garanticen las inversiones en criptomonedas. “Muchas veces preguntamos a los que denuncian haber sido estafados con las criptomonedas por su nivel de conocimiento sobre las mismas, y la respuesta más habitual es que no tienen ni idea del tema y se dejaron llevar por los bulos de unas ganancias considerables en muy poco tiempo”, apunta el aludido responsable del citado Grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional tinerfeña.
Porque, como se ha dicho, si la ciberdelincuencia crece tan rápido se debe, en parte, a la indefensión de ciudadanos y empresas, lo que confirma “La gente no está mentalizada, pero esto está pasado aquí y ahora” se lamenta Sanz, quien achaca la ausencia de medidas contra la ciberdelincuencia a causas como por ejemplo “la falsa creencia de que el banco responderá si los criminales les vacían sus cuentas, lo que ocurre más habitualmente de lo que se cree, así como que no hay sensación de peligro, nadie se siente amenazado a pesar de que el riesgo de ser estafados es cada vez mayor. No es de extrañar que sean pocos los que asuman la necesidad de invertir en seguridad para prevenir una delincuencia cada vez más preparada y eficaz a la hora de actuar”. Este experto suele usar otro ejemplo bastante gráfico: “Siempre les digo a mis clientes que Internet es como la calle, y cuando uno va por la calle hay que tener cuidado”, remacha Sanz.
Como no podía ser de otra manera, el responsable policial también insiste en que no hay una cultura de prevención al respecto y que cada vez es más necesaria ante la creciente incidencia de la ciberdelincuencia en nuestro país por culpa de unos delincuentes “que con el paso el tiempo recurren a métodos más eficaces para lucrarse todavía más a costa de sus víctimas”.
En cuanto a la referida falta de respuesta por parte de los juzgados, Isaac Pérez alude a que “no hay dudas de que las estafas cibernéticas están mejor diseñadas día tras día y, en consecuencia, son más difíciles de detectar a medida que pasa el tiempo. El negocio, por llamarlo de alguna manera, va viento en popa, y el uso de testaferros o de tecnologías más avanzadas para hacerse con los datos de sus víctimas es constante”.
Como se ha dicho, las estafas son los ciberdelitos más frecuentes, y entre ellas destaca el ya conocido timo del CEO, que consiste, básicamente, en interceptar los correos electrónicos de las víctimas para que, a la hora de suplantarlas, utilizar sus datos reales y camuflar así sus verdaderas intenciones, de tal modo que, al no levantar sospechas en quien recibe esos correos falsificados, sigue las instrucciones contenidas en los mismos y acaban abonando la factura de turno en la cuenta que se les indica por esta vía. Para cuando se descubre el engaño, es demasiado tarde y el dinero ha desaparecido sin dejar siquiera un rastro a seguir.
Otra estafa que se repite mucho es el timo de Microsoft, si bien el nombre de la empresa en cuestión varía. En este caso, los criminales simulan llamar en representación de una gran compañía y, poco a poco, enredan a su víctima, para lo cual alternan un tono amenazador con otros más conciliadores, y con la confusión generada averiguan los datos necesarios para vaciar las cuentas corrientes.