Los bares y restaurantes dicen que el 15% de los establecimientos no sobrevivirán y piden la exoneración del pago de las rentas de los alquileres.
Europa Press / Diario de Avisos
Hostelería de España, organización empresarial que representa a los 300.000 restaurantes, bares, cafeterías, pubs y alojamientos turísticos, y diversas asociaciones de hostelería provinciales, ha rechazado algunas de las propuestas para el sector, como la instalación de mamparas separadoras para la desescalada de la crisis sanitaria, porque consideran que supone una “inversión inasumible”.
En concreto, la patronal ha señalado que la hostelería se encuentra sumida en un “momento de extrema dificultad económica”, debido al cierre de sus establecimientos por el actual estado de alarma, y ha recordado que actualmente no se cuenta con ningún tipo de normativa por parte del Ministerio de Sanidad que indique que haya que utilizarlas. De cara a la reapertura de bares y restaurantes, el sector ultima la creación de un distintivo acreditativo de hostelería segura, que dé confianza a los trabajadores y clientes sobre el cumplimiento de una serie de medidas de limpieza, salud e higiene en los establecimientos una vez estos reactiven su actividad.
El protocolo al que hace referencia este distintivo incluirá varias medidas como el control de temperatura a la entrada del establecimiento, reajuste del aforo con una distancia mínima de separación entre mesas, implantación de dispensadores de hidrogel para favorecer las mejores condiciones de higiene o extremar la higiene en la manipulación de alimentos, así como en la limpieza de todo tipo de utensilios del local y baños.
Asimismo, los principales representantes de los empresarios de la restauración nacional, lamentaron que el Gobierno ignore la “grave situación” por la que atraviesa el sector y piden la exoneración del pago de rentas de los alquileres de los locales.
Estiman que en el caso de no implementarse algunas de las medidas planteadas al Ejecutivo, un 15% de las todas las empresas están abocadas a la desaparición, lo que supone más de 40.000 pequeñas y medianas empresas. En concreto, el sector denuncia que en vez de adoptar medidas de ayuda solidarias y de justa equidad económica, el Gobierno deja desasistido a un colectivo, que supone el 6,2% del PIB y emplea a más de 1,7 millones de personas de manera directa.
El sector reitera que en un escenario de “incertidumbre y crisis profunda” son necesarias la suspensión y acomodación proporcional de la renta de los alquileres a las ventas, nulas en este momento y muy restringidas en un futuro próximo. Así, piden la aplicación del artículo 1105 del Código Civil, que contempla la exoneración del pago de rentas por “fuerza mayor”.
