El Ministerio de Sanidad negó al Consejo de Transparencia que existiera un comité de expertos encargado de decidir qué territorios iban avanzando en la desescalada del confinamiento cuando este organismo, a raíz de una denuncia, le preguntó si se ajustaba a la ley su negativa a hacer públicos los nombres de las personas que asesoraban en ese proceso.
Así consta en un escrito que el Defensor del Pueblo ha dirigido a varios diputados del Grupo Popular en el Congreso que solicitaron su intervención después de que el Gobierno rechazara enviarle los nombres de las personas que componían ese comité científico.
El PP alegó ante Francisco Fernández Marugán que al ocultar los nombres de estos expertos, el Gobierno contravenía el mandato no sólo de la Ley de Transparencia y Bueno Gobierno, sino también de la Ley General de Salud Pública.
En su respuesta a los populares, Fernández Marugán detalla que ante ese eventual incumplimiento de la Ley de Transparencia, se dirigió al consejo encargado de su aplicación para solicitarle información al respecto.
No se creó ningún comité
El organismo, que ya había recibido una denuncia por el mismo asunto por el que se interesaba el PP, informó al Defensor del Pueblo de que «la obligación de publicar la identidad de los expertos que asesoran al Gobierno en la crisis sanitaria del Covid-19 no tiene encaje en el artículo 6.1 de la Ley de Transparencia».
Ese precepto, detalla el escrito dirigido al PP, «sujeta a publicidad activa el organigrama de la estructura organizativa de los sujetos incluidos en su ámbito de aplicación», pero esto no ocurre con el grupo de expertos cuya composición querían conocer los de Pablo Casado, porque «no se ha creado formalmente como consejo o comité y no está por tanto incluido en la estructura administrativa».
Según relata Fernández Marugán, Transparencia también preguntó a Sanidad sobre la posible vulneración de la Ley de General de Salud Pública. En su respuesta, la directora general de Salud Pública, Calidad e Innovación señalaba: «No existe ningún comité de expertos encargado de la evaluación de la situación sanitaria de las comunidades autónomas y que decida las provincias o territorios que pueden avanzar en el proceso de desescalada del confinamiento».
En este contexto, Sanidad remarcaba que la responsabilidad de la toma de decisiones en esta materia correspondía «al Ministerio tras su valoración con las distintas comunidades, conforme a lo establecido en la orden ministerial del 3 de mayo que regulaba el proceso de cogobernanza para la transición a la denominada nueva normalidad».
En su escrito, y tras toda esta exposición, el Defensor del Pueblo da a entender a los diputados populares que pidieron su intervención en este asunto que no va a realizar ninguna gestión más al respecto.
Además, Fernández Marugán aprovecha para recordar al PP que la ley que regula la institución que dirige deja claro que el Defensor «no estará sujeto a mandato imperativo alguno, no recibirá instrucciones de ninguna autoridad y desempeñará sus funciones con autonomía y según su criterio».
En este contexto, si bien reconoce que los diputados pueden dirigirse a él para solicitarle que investigue o esclarezca actos, resoluciones y conductas de las administraciones que afecten a los ciudadanos «en el ámbito de sus competencias», el Defensor recuerda al PP que esa posibilidad «no supone» que la institución «deba desarrollar sus actuaciones al dictado de las instancias parlamentarias, sino que, al contrario, la ley prevé que pueda desestimar la intervención solicitada, explicando las razones de su negativa».