El Teide no es una hucha: lo que el Cabildo debe al volcán que lo financia

El Teide lleva décadas siendo el mayor activo turístico de Tenerife. Más de 4 millones de visitantes al año suben, fotografían, consumen y se van. Y el volcán aguanta. Aguanta la masificación, aguanta las colillas, aguanta los coches de alquiler aparcados en doble fila ante el teleférico. Lo que ya no está tan claro es cuánto de lo que genera El Teide regresa efectivamente a El Teide. Esa es la pregunta que el Cabildo de Tenerife lleva meses esquivando con habilidad retórica.

La prohibición de fumar en todo el ámbito del Parque Nacional, en vigor desde el 19 de junio de 2026, ha servido para que la presidenta insular, Rosa Dávila, se coloque ante los micrófonos con gesto de gestora responsable. Tres incendios en espacios protegidos de la isla, todos ellos presuntamente originados por colillas abandonadas o lanzadas desde vehículos, justificaron una resolución firmada por la consejera de Medio Natural, Blanca Pérez, que prohíbe fumar en senderos, miradores, aparcamientos, áreas recreativas y cualquier espacio abierto dentro del parque. La medida es razonable. Necesaria, incluso. Lo que resulta menos razonable es que haga falta esperar a tres amagos de incendio para tomar una decisión que cualquier gestor competente habría adoptado hace años.

Pero vayamos al fondo del asunto, porque la prohibición de fumar es apenas la superficie. El verdadero debate sobre El Teide no gira en torno a las colillas: gira en torno al dinero. El Cabildo ha aprobado una ecotasa de hasta 25 euros para acceder al sendero nº 10 «Telesforo Bravo» y a los itinerarios que conducen al estratovolcán. El aforo del sendero queda limitado a 300 personas diarias. Las reservas son obligatorias a través de la plataforma Tenerife ON. El acceso al cráter desde La Rambleta tiene un aforo máximo de 50 personas por tramo horario. Todo esto suena, sobre el papel, a gestión moderna y sostenible. El problema es lo que viene después de recaudar.

El Teide paga su propia fiesta, pero no controla la caja

La presidenta Dávila prometió, en el Debate sobre el Estado de la Isla, que los ingresos de la ecotasa «se destinarán íntegramente a la conservación». Lo repitió en mayo de 2025. Lo volvió a repetir cuando el Consejo de Gobierno del Cabildo aprobó formalmente la tasa. Cada vez que alguien pregunta adónde va el dinero, la respuesta es la misma: a El Teide. Sin embargo, la promesa verbal de un cargo electo no es una garantía jurídica. No existe, al menos de manera pública y verificable, un mecanismo de afectación legal que impida que esos fondos se diluyan en la caja común del Cabildo en cuanto apriete el presupuesto.

El precedente de Masca debería servir de advertencia. La ecotasa del barranco ha generado ya 600.000 euros, según datos ofrecidos por el propio Cabildo. Una cifra que Rosa Dávila exhibe como modelo de éxito. Pero ¿cuánto de esos 600.000 euros ha regresado al barranco en forma de conservación, mantenimiento de senderos o restauración ecológica? La institución insular no ha publicado ninguna cuenta de resultados ambiental que permita contrastar la promesa con la realidad. Y eso, en una institución que maneja un presupuesto de 1.278 millones de euros para 2026, no es un olvido: es una elección.

La Fundación Telesforo Bravo ya avisó en su momento de que la ecotasa del Teide, tal como estaba diseñada, se limitaba exclusivamente al ascenso al pico. Su portavoz, Jaime Coello, señaló que lo que habría que restringir «fundamentalmente» es el acceso de los vehículos de alquiler. Coello tiene razón en el diagnóstico, pero el problema va más allá del diseño de la tasa. El problema es estructural: El Teide es un Patrimonio Mundial de la UNESCO que genera millones de visitas al año y cuya gestión, hasta hace apenas unos meses, dependía del Estado. El Cabildo ha peleado durante años por la transferencia de competencias. La culminó en diciembre de 2025. Ahora viene la parte difícil: demostrar que quería el parque para protegerlo, no para explotarlo.

Proteger El Teide o monetizarlo: no son lo mismo

El nuevo Plan Rector de Uso y Gestión aprobado después de 22 años sin actualización es, en teoría, el documento que marca el rumbo. El Cabildo lo ha calificado de «valiente». Contiene medidas concretas: lanzaderas eléctricas para reducir vehículos privados, triplicación de la plantilla de agentes de medio ambiente (de 4 a 13), planes de regeneración ambiental. Nada de esto merece objeción. El problema no está en lo que el Plan Rector dice, sino en lo que no dice: de dónde sale el dinero para financiarlo de manera permanente y quién fiscaliza que los ingresos del turismo en El Teide se reinvierten efectivamente en El Teide.

El presupuesto del Cabildo para 2026 destina 84,5 millones de euros al área de Medio Natural, Sostenibilidad y Emergencias. Una cifra que incluye la vigilancia del Teide, sí, pero también bomberos, protección civil, residuos y aguas. Que el parque más visitado de Canarias comparta partida presupuestaria con los camiones de basura no es una metáfora: es la realidad contable de una institución que ha absorbido un activo de primer orden mundial sin crear un fondo específico, transparente y auditado para su conservación.

Lo que necesita El Teide no es solo una prohibición de fumar ni una ecotasa de 25 euros. Necesita un fondo de conservación con afectación legal de los ingresos que genere, con cuentas públicas anuales que detallen cuánto entra y cuánto se gasta dentro del perímetro del parque. Necesita que la promesa de Rosa Dávila de que «los ingresos se destinarán íntegramente a la conservación» se convierta en un compromiso jurídicamente vinculante, no en un titular de rueda de prensa. El Cabildo ha tardado 22 años en actualizar el Plan Rector. No puede tardar otros 22 en garantizar que El Teide no financia el resto de la isla a costa de su propio deterioro.

Tres incendios en un mes han bastado para prohibir el tabaco en El Teide. Ojalá no haga falta esperar a que el parque arda de verdad para que el dinero que genera vuelva a donde pertenece.