Canarias, en alerta: la flota rusa y 600 narcolanchas activas

El arco Canarias-Atlántico concentra dos de las amenazas más serias que el Gobierno lleva esta semana al Congreso: la presencia creciente de la denominada flota fantasma rusa en las proximidades del archipiélago y la proliferación de narcolanchas en el sur de España. El Informe Anual de Seguridad Nacional correspondiente a 2025, elaborado por el Departamento de Seguridad Nacional de Presidencia del Gobierno con aportaciones de 17 ministerios y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), será presentado el próximo viernes ante la Comisión Mixta Congreso-Senado de Seguridad Nacional por Diego Rubio, director del gabinete de la Presidencia del Gobierno.

El documento, que traza un mapa detallado de los riesgos para España, señala que las zonas del arco Canarias-Atlántico presentan una vulnerabilidad creciente. No es una afirmación menor: el informe cuantifica que durante 2025 la presencia de barcos rusos transitando próximos a las costas canarias se ha quintuplicado. El Centro de Operaciones y Vigilancia de Acción Marítima de la Armada (COVAM), encargado de monitorizar estos buques, informa de una media de 50 embarcaciones semanales, tomando como referencia la lista de buques sancionados por la Unión Europea, que ya suma casi 600 unidades.

Según el propio informe, la actividad de esta flota en España se focaliza precisamente en aguas cercanas al archipiélago de las islas Canarias y en el tránsito por el mar de Alborán y el Estrecho de Gibraltar. Se trata, en su mayor parte, de buques de transporte de hidrocarburos que realizan transbordos de petróleo crudo y refinados de origen ruso, aunque también venezolano e iraní, antes de su traslado a países asiáticos.

Qué riesgos plantea la ‘flota fantasma’ rusa junto a Canarias

El Gobierno reconoce en el documento que la creciente actividad de estos petroleros, que eluden sanciones internacionales y operan cerca de las costas españolas, «añade riesgos» para la seguridad nacional. El informe apunta a peligros de accidentes, contaminación, daños a infraestructuras submarinas y, en un escenario que califica de eventual aunque poco probable, el uso de estos buques como plataforma para el lanzamiento de drones.

No obstante, el propio documento admite que «la posibilidad legal de actuar contra los buques de la flota fantasma en la mar es un asunto de difícil resolución». Ante esa limitación jurisdiccional en aguas internacionales, la respuesta del Estado pasa por reforzar la vigilancia naval y el control portuario. Para ello se emplean herramientas como el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) de la Guardia Civil, diseñado para detectar, identificar y seguir embarcaciones sospechosas en tiempo real, así como sensores costeros y patrullas oceánicas en coordinación con la Armada y la Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA).

«Aunque España se considera un objetivo secundario de la actividad híbrida rusa, la creciente acción en el Mediterráneo de estos petroleros, que eluden sanciones y operan cerca de las costas españolas, añade riesgos.»

Informe Anual de Seguridad Nacional 2025·Documento oficial del Departamento de Seguridad Nacional

La misión internacional Operación Atalanta de la Unión Europea ha ampliado su mandato para incorporar tareas de inteligencia naval dedicadas en exclusiva al seguimiento de esta flota. La Unión Europea, por su parte, sigue estrechando el cerco sancionador buque por buque.

Más de 600 narcolanchas y una agresividad creciente en el Estrecho

La otra gran amenaza que el informe traslada al Congreso afecta directamente a las rutas del narcotráfico marítimo. El documento señala que existen más de 600 narcolanchas tipo go-fast operando en el área del Estrecho de Gibraltar. Estas embarcaciones de alta velocidad son sospechosas de participar en operaciones de tráfico de estupefacientes, principalmente hachís y cocaína desde el norte de África hacia la Península.

El Gobierno constata en el informe una mayor agresividad de los narcotraficantes hacia los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El documento advierte de una mayor capacidad ofensiva de estas organizaciones, incluido el recurso a lo que denomina «armas de guerra», y describe cómo estas redes no dudan en embestir vehículos y embarcaciones oficiales cuando consideran que pueden perder la droga o ser interceptados.

El informe añade una dimensión especialmente preocupante para Canarias: algunos grupos organizados podrían estar utilizando rutas y medios originalmente diseñados para el tráfico de drogas para realizar actividades vinculadas a la inmigración irregular. Esa doble utilización de la misma logística delictiva dibuja un escenario de convergencia entre narcotráfico y migración irregular en el arco atlántico.

El documento también dedica un apartado a las campañas de desinformación impulsadas por actores vinculados principalmente a Rusia. Entre otras cuestiones, alerta de la difusión de mensajes sobre flujos migratorios irregulares con el objetivo de fomentar la polarización social y erosionar la confianza en las instituciones públicas y en las Fuerzas de Seguridad. La proliferación de teorías conspirativas sobre salud pública y el uso de la desinformación como herramienta para facilitar fraudes a gran escala completan ese capítulo del informe.

El Departamento de Seguridad Nacional, dependiente de la Presidencia del Gobierno, es el organismo responsable de coordinar la política de seguridad nacional en España e integra las aportaciones de todos los ministerios y del CNI en el informe anual que eleva al Congreso. La Comisión Mixta Congreso-Senado de Seguridad Nacional es el órgano parlamentario ante el que el Ejecutivo rinde cuentas en esta materia.

Para los ciudadanos de Canarias, las conclusiones del informe suponen la confirmación oficial de que el archipiélago se encuentra en el cruce de dos de las amenazas marítimas más activas del momento: el tránsito masivo de buques que eluden sanciones internacionales y la expansión de redes de narcotráfico que diversifican sus rutas hacia el Atlántico. La presentación ante la Comisión Mixta el próximo viernes abrirá el turno de intervenciones de los grupos parlamentarios, que podrán exigir explicaciones al Gobierno sobre las medidas previstas para reforzar la seguridad en las aguas del archipiélago.