El monumento a Franco en Tenerife: ¿símbolo histórico o arma política?

Tenerife lleva años con el mismo debate enquistado en la agenda política: qué hacer con el monumento a la Victoria, inaugurado en 1964 en la confluencia de la avenida de Anaga y las Ramblas de Santa Cruz, y conocido popularmente como el monumento a Franco. Esta semana, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha puesto un plazo concreto sobre la mesa: seis meses para que el Ayuntamiento capitalino retire la obra del escultor Juan de Ávalos del espacio público. Si no lo hace, el Estado la retirará él mismo y pasará la factura al consistorio.

La resolución de la Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática incorpora el monumento al catálogo estatal de símbolos contrarios a la Ley de Memoria Democrática. La decisión se apoya en el informe vinculante de la Comisión Técnica, fechado el 23 de junio de 2026, y en el rechazo del Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias a declarar la obra Bien de Interés Cultural por «amplísima mayoría y sin votos en contra». Sin esa protección, el argumento patrimonial que había servido durante años para aplazar la retirada queda sin sustento oficial.

El ministro Ángel Víctor Torres se reunió en Tenerife con la Asociación de Memoria Democrática de la isla para anunciar las consecuencias del incumplimiento. Torres se mostró «convencido» de que el consistorio acabará retirando la escultura antes del plazo, pero no dejó margen de duda sobre lo que ocurrirá si no es así: el Estado asumirá la retirada de forma subsidiaria y el Ayuntamiento deberá sufragar ese coste, además de enfrentarse a una sanción.

«Yo creo que todos podemos alegrarnos de que queden fuera de nuestras vías insignias y monumentos que nunca debieron construirse ni exhibirse porque simbolizan el fascismo y la dictadura.»

Ángel Víctor Torres·Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática

El Ayuntamiento de Tenerife pide tiempo y alerta del coste

La respuesta del gobierno municipal de Coalición Canaria y Partido Popular en Santa Cruz de Tenerife no ha sido una negativa frontal, sino una queja de plazos. El primer teniente de alcalde, Carlos Tarife, ha declarado que «no tiene sentido» dar solo seis meses para un proceso que, en su opinión, requeriría «casi un año y medio» solo para cumplir con los trámites administrativos previos: aprobación de proyecto, licitación y adjudicación. Según Tarife, «no hay expediente administrativo que en solo medio año tenga aprobado y adjudicado un proyecto, cuando legalmente no se puede ejecutar una obra sin licitar».

El alcalde José Manuel Bermúdez ha mantenido un discurso de acatamiento formal sin prisa. Afirma que «este Ayuntamiento cumplirá con lo que dicta la ley, tal y como está escrita», mientras sus servicios jurídicos analizan las «consecuencias legales y económicas» de la resolución. Bermúdez también ha señalado que el Ministerio evita actuar contra otros vestigios como el Monumento a los Caídos de la Plaza de España, y que el Gobierno central opta por el monumento a Franco por ser «lo más fácil». Torres, por su parte, ha negado que el interés sea «partidista» y ha subrayado que tanto el Gobierno de España como el de Canarias, de distinto color político, coinciden en que la obra «no tiene valor artístico».

El historial del litigio añade una capa de escepticismo. Tenerife ya vivió intentos anteriores de incluir el monumento en catálogos de vestigios franquistas que los tribunales tumbaron tras recursos del propio Ayuntamiento. Esa trayectoria explica la cautela con la que la asociación para la Investigación y Protección del Patrimonio Histórico San Miguel Arcángel, defensora de la obra, ha anunciado que estudia «respuestas jurídicas» tanto a la resolución ministerial como a la del Gobierno canario sobre la protección legal de la escultura.

La presión política en Tenerife se intensifica desde todos los flancos

Podemos Canarias ha lanzado un ultimátum al gobierno municipal para que inicie la retirada de forma inmediata. La formación advierte de que, si el Ayuntamiento mantiene su estrategia de aplazamiento, ampliará la denuncia presentada hace seis meses ante la Fiscalía por un presunto delito de prevaricación. El Pleno municipal ya rechazó días antes, con los votos en contra de CC, PP y Vox, una moción del PSOE que reclamaba la retirada inmediata. La concejala socialista Patricia Hernández consideró que, tras el rechazo del BIC, «se acabaron las excusas».

Desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife, su presidenta, Mercedes Pérez Schwartz, nieta del último alcalde republicano de Santa Cruz, asesinado por el bando sublevado, ha celebrado la resolución ministerial con «profunda emoción y firmeza». Pérez Schwartz ha señalado que el alcalde Bermúdez le ha transmitido en privado disposición a retirar el monumento, pero que en público ha dicho lo contrario: «Llevamos así años», afirmó. La asociación ha anunciado que permanecerá «vigilante» para que la resolución se ejecute sin dilaciones.

El Cabildo de Tenerife ha añadido otra voz al debate, aunque con un matiz institucional. El vicepresidente segundo, José Miguel Ruano, ha cuestionado que el Ministerio asuma el expediente directamente, al entender que ese proceso compete al Ayuntamiento capitalino. Ruano también ha criticado que Torres actuara antes de que el Gobierno regional concluya su propio catálogo autonómico de vestigios franquistas, que por ley debe abarcar todos los municipios.

Lo que queda claro, mientras Tenerife transita por este nuevo capítulo del mismo pulso, es que la resolución del 23 de junio de 2026 ha cerrado el argumento jurídico más utilizado para postergar la decisión: la posible declaración como BIC. Ahora, el reloj corre. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife dispone de seis meses para actuar de forma voluntaria; si no lo hace, el Ministerio podrá activar el artículo 37 de la Ley de Memoria Democrática para ejecutar la retirada de forma subsidiaria. La escultura, una vez desmontada, deberá quedar depositada en una dependencia pública sin posibilidad de volver a ser expuesta.