“Se acabó la beneficencia y el caos asistencial en Canarias”

Patricia Hernández, vicepresidenta y consejera del Gobierno regional, pone en marcha la Ley de Servicios Sociales de Canarias
Patricia Hernández, durante la presentación del anteproyecto de ley. / FRAN PALLERO
Patricia Hernández, durante la presentación del anteproyecto de ley. / FRAN PALLER

La vicepresidenta del Gobierno canario, y consejera de Políticas Sociales, Vivienda y Empleo, la socialista Patricia Hernández, anunció este viernes que llevará a la próxima reunión del Consejo de Gobierno, prevista para el  lunes, la propuesta de nueva Ley de Servicios Sociales de Canarias, para iniciar su tramitación.

La normativa regulará la creación del Sistema Canario de Servicios Sociales y con ello “se acabará la beneficencia y el caos asistencial en Canarias, y se pasará a los derechos y a un orden en todo el Archipiélago”, en palabras de Hernández, quien ofreció una rueda de prensa tras reunirse con el Consejo General de Políticas Sociales, que le dio el visto bueno al documento. Un órgano consultivo en el que están presentes los colegios profesionales, las ONG, los ayuntamientos y los cabildos, entre otras entidades.

Entre las grandes novedades que introducirá la ley están la de una ventanilla única, la asignación de un trabajador social de cabecera a cada demandante -que podrá ser atendido por un equipo interdisciplinar-, la tarjeta social, la historia social única, la coordinación entre administraciones y entre estas y las ONG dedicadas a este fin, el acceso al estado de tramitación de los expedientes por parte del solicitante, la agilización de las ayudas al establecerse las que deben ser urgentes, la previsión de una cartera de servicios y un catálogo de prestaciones único para toda Canarias, con ficha financiera, aspecto este que se desarrollará en un decreto posterior, en el plazo de un año. Hernández destacó que en este caso el borrador de una ley “por primera vez no lo eleva una consejera al Consejo de Gobierno, sino el Consejo General de Políticas Sociales, aunque formalmente sea yo la que lo presenta”.

Con ello quiso subrayar el consenso con que nace este documento, un principio que se propone mantener durante el resto de su tramitación, que ahora incluirá un periodo de información pública del anteproyecto, el informe del Consejo Consultivo de Canarias y luego su debate y aprobación en el Parlamento. La consejera quiso dejar claro la envergadura del giro filosófico que dará esta ley: “El Sistema Canario de Servicios Sociales no solo será para las personas que no tengan recursos, pues todos tenemos derecho a ellos y los usaremos alguna vez en la vida, e incluye también la adoptación y el acogimiento. No es solo para desfavorecidos, sin o para todos los ciudadanos, aunque fijaremos sectores prioritarios, como las personas discapacitadas, las víctimas de violencia de género o quienes estén en exclusión social o en riesgo de ello”.

Tal es el grado de consenso, con más de 300 aportaciones recogidas, que la vicepresidenta del Ejecutivo autonómico no dudó calificarlo como “un excelente anteproyecto” y en augurar que será “una magnífica ley”.

El anteproyecto establece que cada ciudadano que demande una ayuda se le asignará un trabajador social de referencia. La atención se prestará además mediante un equipo interdisciplinar de profesionales , que incluirá psicólogos y educadores sociales, entre otros.

El objetivo es que haya un grupo de profesionales de este tipo en cada comarca o en cada isla, si bien la distribución territorial está aún por definir.

El ciudadano tendrá el derecho a cambiar de trabajador social de referencia. Su función será que atienda a cada persona, “la comprenda, la conozca, sepa todo su historial y será una figura similar a la del médico de familia en la Sanidad Pública”, como ayer avanzó la consejera de Políticas Sociales.

Estos equipos multidisciplinares no dependerán de convenios entre administraciones públicas, como hasta ahora, sino que su creación y funcionamiento estarán garantizados mediante la futura ley. Hernández puso de relieve que con la nueva ley “se atenderá lo urgente pero sin olvidar lo importante, la urgencia del que no tiene recursos para su día a día sin olvidar la necesidad de la inclusión social y laboral de las personas”.

Otra de las novedades del sistema que se implantará cuando entre en vigor la normativa ahora en tramitación es la instauración de una tarjeta social, también al modo de la tarjeta sanitaria.

El solicitante de servicios sociales podrá además tener acceso al estado de tramitación de su expediente administrativo “en cualquier momento”, y le asistirá el derecho de pedir un segundo diagnóstico.

Ello se verá facilitado además por la puesta en marcha de lo que Hernández calificó “uno de los pilares” de la nueva ley: la creación del Sistema de Información los Servicios Sociales, “que ordenará la información relativa a las personas y permite hacer un seguimiento serio y eficaz en una sola fuente”.

Otra de las cuestiones que contempla el documento es la apuesta clara por la prevención. Se hace hincapié en el trabajo del educador social dentro de ese equipo interdisciplinar.

También recoge la futura ley la constitución del Observatorio de los Servicios Sociales que “garantizará el diagnóstico permanente para saber lo que se está haciendo y cómo se está haciendo, lo cual es una garantía de calidad y de mejora continua”.

Los ciudadanos contarán con una ventanilla única a la que acudir para solicitar las ayudas que le puedan prestar las diferentes administraciones públicas. Un servicio que encontrarán en los ayuntamientos, según adelantó ayer la vicepresidenta del Gobierno.

Uno de los objetivos de la nueva organización de los servicios sociales en Canarias es que las ayudas que se consideren urgentes realmente lleguen sin demora a quienes la necesitan. Para ello se establecerán unos plazos y unas prioridades, de modo que la ayuda alimentaria o disponer del servicio de electricidad, por ejemplo, deben ser garantizadas de forma inmediata, y otras prestaciones “tardarán más”.

Para ello, con la nueva ley, aunque no sea la Administración Pública la que llegue a tiempo, sí lo podrá hacer el Tercer Sector, en alusión a las organizaciones no gubernamentales.

La consejera socialista eludió entrar ayer en la polémica por la crisis del pacto entre CC y PSOE, y dijo que su “primera tensión” no es con su socio de gobierno, sino con el Ejecutivo estatal (PP), por sus recortes presupuestarios.

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