Sin acuerdo en el debate de la Ley del Suelo sobre la futura Cotmac

CC defiende que realice la evaluación ambiental de planes de municipios de menos de 100.000 habitantes; el PSOE, que lo haga de todos

Las enmiendas a la Ley del Suelo que han registrado los grupos parlamentarios, al concluir el plazo para su presentación, permiten presagiar un intenso debate aún sobre cuestiones fundamentales del proyecto de ley, que ahora pasará al trámite de debate en la ponencia de la Cámara regional. Es el caso de qué papel tendrá la actual Comisión de Ordenación del Territorio y el Medio Ambiente (Cotmac) o el órgano autonómico que la sustituya en el futuro sistema de planeamiento canario.

En el proyecto de ley, esa Cotmac se encargaría de emitir un informe único, preceptivo y vinculante, sobre competencias autonómicas que pudieran resultar afectadas por un plan. Además, también advertiría de cualquier ilegalidad que detectara, aunque será el ayuntamiento o el cabildo el que, en todo caso, aprobaría de forma definitiva el plan, no como ahora, que es la Cotmac la que tiene la última palabra.

El PSOE tiene claro, y así lo defiende en sus enmiendas, que el Gobierno canario deberá mantener la competencia de realizar la evaluación ambiental estratégica de los planes generales (ayuntamientos) e insulares (cabildos) “o cualesquiera otros instrumentos que se refieran o alteren la ordenación estructural a implantar o existente”. Así, ese órgano haría un informe preceptivo y vinculante para cabildos y ayuntamientos. Antes de romper con CC, el PSOE había logrado de los nacionalistas salvar este órgano autonómico para el control ambiental estratégico de los planes generales, en su parte estructurante, no en la detallada. Sin embargo, eso no basta ya al PSOE, pues quiere también que los cabildos se sometan a igual control de ese órgano colegiado que dependería del Gobierno regional.

Pero en sus enmiendas, CC-PNC reserva esta Cotmac solo para tal control ambiental de los planes generales de los municipios de menos de 100.000 habitantes de derecho, así como para los casos de modificación de su planeamiento. De resto, el Grupo Nacionalista propone que cada administración pública vigile el impacto ambiental del planeamiento urbanístico con un órgano propio. Solo habría para CC-PNC una salvedad: que los ayuntamientos que no tengan recursos suficientes, o que así lo establezcan mediante un convenio, podrán optar entre encomendar esa tarea al órgano ambiental autonómico o bien al de su isla correspondiente.

Además, el Grupo Nacionalista propugna que “el Gobierno canario establecerá reglamentariamente las normas, los criterios y la metodología” que deberá utilizar el órgano ambiental, “asegurando la unidad y coherencia de la evaluación, de acuerdo con criterios públicos y conocidos de antemano, lo más objetivos y reglados que permita el estado del conocimiento científico y técnico y de los métodos de evaluación existentes”.

El Partido Popular (PP) prefiere mantener las cosas tal cual están en el proyecto de ley, pues defiende solo que el Gobierno autonómico hará un único informe a los planes generales e insulares sobre las materias de su competencia, sin mayor intervención autonómica, dejando toda la responsabilidad a cabildos y ayuntamientos. De ahí que en una de las enmiendas del PP se proponga incluir en el texto legal que “en ningún caso” el informe de esa futura Cotmac “podrá basarse en criterios de oportunidad, conveniencia o de cualquier otra naturaleza, salvo los de mera legalidad”.

La diputada del PSOE Nayra Alemán explicó que su grupo parlamentario ha propuesto en total 73 enmiendas que recogen el mandato que dio el pasado año la Ejecutiva regional y una mesa con expertos que convocó el partido, las recomendaciones del Consejo Consultivo de Canarias y las sugerencias de la Plataforma por una Canarias Sostenible. Alemán indicó que el órgano ambiental autonómico, para los socialistas, también debería ser el que emitiera un informe preceptivo y vinculante sobre los proyectos de iniciativa privada que se acojan a las ventajas de su declaración como de interés insular o autonómico, uno de los puntos más polémicos de la ley, por cuanto podrían autorizarse en suelo rústico aun en contra del planeamiento vigente.

Alemán indicó que el PSOE no rompe del todo con sus enmiendas el procedimiento monofásico que plantea el proyecto de ley (la administración que elabora un plan, lo aprueba de forma definitiva), “pero sí incluye una tutela autonómica” al mantener las competencias ambientales de la Cotmac. Sin embargo, aclara que el PSOE no cuestiona la necesidad de renovar este órgano y clarificar los requisitos que debe vigilar en el planeamiento, pero siempre acortando los actuales plazos de tramitación de un plan.

El portavoz de Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, informó ayer en un comunicado que su formación presentó 22 enmiendas, entre las que destacó la apuesta por el uso de energías limpias para el aprovechamiento de las zonas rústicas. Así, propone incluir en el artículo 60 que “el abastecimiento de energía se llevará a cabo con sistemas de energías limpias o mediante conexión soterrada a la red general”.

Ni Nueva Canarias (NC) ni Podemos informaron ayer de las enmiendas al proyecto de ley, y lo harán previsiblemente hoy.

C’s pide mantener un órgano técnico regional con todas las administraciones

Ciudadanos (C’s), que no cuenta con diputados regionales, hizo aportaciones al proyecto de ley y registró ayer en el Parlamento siete alegaciones , en una de las cuales aboga por “mantener un órgano técnico regional, donde se dé cabida también a ayuntamientos y cabildos”, con el objetivo de que sea el encargado de “emitir informes que aclaren las competencias y dictamine si es conforme o no a la legalidad” el planeamiento, según indicó el coordinador de C’s, Mariano Cejas.

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