El empleo público fue una de las materias tratadas en la Conferencia de Presidentes del 17 de enero. De ahí salió el compromiso de las comunidades autónomas de incrementar las tasas de reposición. Algunas no se conforman con eso y han activado el mecanismo para reducir la jornada laboral desde las 37,5 horas semanales hasta las 35, pero han topado con la coraza del Gobierno de la nación y la advertencia del Tribunal Constitucional de que vulnera la Ley de Estabilidad. No todo está perdido. Aunque el Ministerio de Hacienda se opone, tampoco cierra la puerta a flexibilizar la postura en el marco del entendimiento entre el Ejecutivo del PP y el PSOE. Los socialistas canarios estudian llevar esta reivindicación a la mesa de diálogo montada en el Parlamento.
El día 16, 273.000 empleados públicos de la Junta de Andalucía empezaron a recuperar la jornada de 35 horas semanales. Además, la Junta de Castilla y León, gobernada por el PP, ha enviado a Cristóbal Montoro una carta en la que le pide que, “a la mayor brevedad posible”, acometa las “modificaciones necesarias” para “la recuperación de los derechos laborales de los empleados públicos”. En Extremadura (PSOE) se ha llegado a un acuerdo para acortar la jornada “en algún momento a lo largo del año”. Castilla-La Mancha lo aprobó en 2016 y, a pesar del varapalo del TC, los ayuntamientos capitalinos -Ciudad Real, aún no- ya aplican la medida. El País Vasco puso en marcha la reducción en el año 2000. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia anuló en diciembre de 2016 el decreto al estimar el recurso interpuesto por la Administración General del Estado.
En la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes (PP) calificó de “tremendamente demagógicas, para quedar bien”, las 35 horas semanales, pero se muestra dispuesta a secundar la propuesta. “Cuando hay unas normas que buscan conseguir el objetivo de déficit y de estabilidad presupuestaria, tenemos que hacer esfuerzos”, ha declarado durante una entrevista en Antena 3. “La prioridad es garantizar los servicios públicos esenciales”, remachó. Se refiere al real decreto ley de medidas urgentes económicas del 30 de diciembre de 2011.
El jefe del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo, no se ha posicionado. O por lo menos se desconoce cuál es su criterio. El sindicato Comisiones Obreras le ha remitido un escrito del que todavía no existe una contestación. Con él se reunirá el lunes el presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI.F), Miguel Borra, que intenta recabar el apoyo de las comunidades autónomas al respecto. “No por trabajar más horas se produce más”, arguye Javier Galván.
Carmelo Jorge, secretario general de CC.OO. en Canarias, apunta que, básicamente, significaría generar un 4%-5% de empleo en el sector público.
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