El pasado mes de enero dio el salto de la política insular a la regional, asumiendo el cargo de consejera de Políticas Sociales, Vivienda y Empleo del Gobierno de Canarias. La nacionalista Cristina Valido, un vez conformado su equipo y tras analizar la situación actual, ha marcado ya algunas de las líneas estratégicas que se deben desarrollar en lo que resta de mandato. El apoyo a la dependencia es uno de sus objetivos prioritarios, para poder atender mejor y a más personas en el Archipiélago.
-Hablemos primero de empleo. ¿Hay demasiada precariedad en las Islas?
“Creo que hay demasiado empleo precario, en general, en todo el Estado. No pienso que sea una cuestión solo de las Islas. La crisis, las enormes dificultades de la última década y la destrucción de empleo masivo en algunos sectores han generado un panorama de gran inestabilidad y de empleo de corta duración, baja remuneración y fácil despido. A medida que vamos mejorando empezamos a recuperar, también, los índices de puestos de trabajo indefinidos y de mayor duración, que empiezan a arrojar cifras mejores, aunque estamos aún a años luz de lo que nos gustaría”.
-Seguimos siendo una comunidad autónoma que recibe una cifra importante de personas que vienen a trabajar…
“En los próximos años, con el nivel de envejecimiento, vamos a necesitar mano de obra joven para poder mantener unos niveles de población activa que puedan soportar el crecimiento de población pasiva. En 10 o 15 años vamos a tener casi 500.000 mayores de 65 años y más de 100.000 dependientes. La natalidad ha caído y tendremos mucha menos gente joven. Eso va a significar que necesitaremos mano de obra joven, no nacida en Canarias, que venga a ocupar esas oportunidades que, con población local, no se puedan atender”.
-Una de las demandas de algunos cabildos, como el de Tenerife, ha sido la de asumir competencias en empleo. ¿Está prevista una delegación de las responsabilidades?
“No es la discusión que tenemos en la mesa en estos momentos. Estamos hablando de trabajar juntos, ayuntamientos, cabildos y Gobierno. Así podremos conseguir mejores resultados para brindar más oportunidades y mejorar los datos de desempleo en Canarias”.
-¿Tiene previsto incorporar modificaciones a los planes de empleo, ya que se ha cuestionado su efectividad en alguna ocasión?
“Estamos revisando los modelos, pero hay límites a la modificación, ya que la mayoría del dinero que gestionamos procede del Estado y tiene condiciones ya cerradas. El margen para modificar es pequeño. Si los presupuestos nacionales se aprueban como están, vamos a gestionar fondos extra, que habíamos perdido, que permitirán otras líneas de empleo en otros sectores, revisar la formación y empezar a pensar en las oportunidades que aparecen y las opciones en las que tendremos que formar a los jóvenes”.
-¿Cual será su medida estrella para frenar el desempleo?
“Estamos tratando de abordar, con los fondos extraordinarios que hemos recibido, una línea dedicada a personas en exclusión social o en riesgo de estarlo, específica, que vaya más allá de las líneas que existen hoy y que nos permita poner en marcha el empleo con apoyo. Queremos reforzar esta medida para que el beneficiario tenga éxito en su formación e integración al mercado laboral y para el mantenimiento del empleo. Queremos trabajar también líneas concretas para personas que llevan mucho tiempo en el paro en situación de exclusión social cronificada e intentar insertarlas. Además, incorporar nuevos proyectos que nos faciliten recuperar el sector primario como un espacio generador de empleo, que demanda mano de obra diferente, del siglo XXI, con cualificación especial. Creemos que el sector primario pide mano de obra que en el futuro será superior y, si hay formación adecuada, podemos rescatar a muchas personas y darles una oportunidad. También en sectores vinculados a la discapacidad y dependencia. Cada vez necesitaremos más especialización en la atención a los mayores”.
-Uno de los motivos que causó la ruptura del anterior Gobierno fue que su antecesora, Patricia Hernández, discrepaba en que los fondos de empleo del Fdcan los gestionaran los cabildos. ¿Usted está de acuerdo?
“Pienso que los cabildos tienen una visión y perspectiva del territorio más singular. No podemos establecer políticas de empleo iguales en ámbitos diferentes. Muchas de esas medidas horizontales, para todo el Estado, no funcionan, no nos permiten dar más posibilidades. Por eso, esta es una apuesta que responde a la singularidad”.
-Cambiando de tercio, ¿cuándo tendremos la nueva Ley de Servicios Sociales?
“Lo próximo será llevar la ley al Consejo General de Servicios Sociales. Mientras, estamos recibiendo todos los informes preceptivos. Una vez los tengamos, irá al Consejo Consultivo. Espero que antes de verano el Parlamento la pueda aprobar”.
-Se trata de una normativa del equipo anterior. ¿Confía en el documento?
“Es una ley participada por todas las administraciones públicas y todos los colegios profesionales, no es una ley de nadie, es de todos. Se ha ido haciendo entre todos y así continúa. Es la ley del gran sector social”.
-Tras el tirón de orejas dado por el Diputado del Común hace unos días sobre la gestión del sistema de dependencia, ¿qué medidas propone para reordenarlo?
“Tenemos tareas muy importantes por delante, porque la dependencia no se resuelve solo metiendo más dinero y teniendo a más personas para repartir el dinero rápidamente y decir que hay menos usuarios esperando. Entre otras cosas, porque a muchos dependientes una ayuda no les resuelve nada. Tenemos que trabajar mucho en el plan de infraestructuras sociosanitarias, que vea la luz en los próximos años y empezar a disponer de más centros y más camas, porque la demanda cada vez es superior. Repartiendo ayudas podemos decir que tenemos muchas personas en el sistema, pero no las estaremos atendiendo como lo necesitan. Tenemos que desarrollar un sistema en el que cabildos, ayuntamientos y Gobierno seamos una sola administración de cara a las personas dependientes y de cara al Estado. Nos encontramos con que Madrid solo contempla como dinero invertido en dependencia el presupuesto de esta Consejería, y, todos aquí sabemos que los cabildos ponen una cantidad muy importante y que muchos ayuntamientos tienen residencias de mayores municipales o prestan ayuda a domicilio. En la medida en que esas personas no han solicitado la dependencia, son atendidos en estos recursos, pero son invisibles a las estadísticas. Creo que hay que ordenar el sistema para que la fotografía de la atención sea real. También hemos contratado más personal, y con ese plan de choque vamos a reforzar la valoración y el informe social, para ir más rápido, pero también hay que decir que muchas de las personas que solicitan la valoración están ya atendidas”.
-¿Qué porcentaje de la lista de espera aspira a reducir?
“No puedo dar una cifra. Estamos trabajando en varias líneas. Por un lado, un posible plan de choque este año que nos permita incorporar a más personas a dependencia y discapacidad para reducir la lista de espera en reconocimiento. También queremos sumar más recursos económicos que nos ayuden a responder a más personas. Vamos a empezar con los cabildos, municipios y otras organizaciones a diseñar otro procedimiento que sea más ágil, más eficaz, más rápido y más sencillo que el actual, que es muy complicado. Creemos que hay margen para simplificar la tramitación de la dependencia. Por eso hablaba de redefinir el sistema, incorporar a todos los operadores y simplificar la tramitación, para que las personas tengan su resolución y su prestación en el menor tiempo posible”.
-¿En cuánto se podría incrementar ese presupuesto?
“Estamos haciendo números. No solo por pedir más dinero tendremos a más personas atendidas. Esas personas deben tener unos requisitos y deben disponer de una resolución. Necesitamos reforzar los equipos de profesionales. Estamos haciendo cálculos para ver cuántos expedientes podríamos tener este año. Además, estamos trabajando en una modificación presupuestaria que nos permita aumentar el número de plazas residenciales a través de los convenios con los cabildos”.
-¿Cuándo tendremos el segundo plan de infraestructuras sociosanitarias?
“Estamos estudiándolo con todos los cabildos. Hemos pedido que nos envíen sus necesidades aproximadas de crecimiento y estamos recibiendo esa información. En principio, si nos terminan de contestar este mes y si tenemos presupuesto del Estado, este año ya podríamos empezar a dar fondos a los cabildos para que empiecen a licitar o a construir. Queremos hacer un convenio a dos o tres años y ver lo que solicita cada institución, y si alguno puede adelantar los recursos, que luego pagaríamos. Si no podemos empezar este año, se iniciaría a partir de 2018 hasta 2020. Contará, como mínimo, con una inversión de 100 millones por parte del Gobierno canario”.
-¿Podemos hablar ya de un número de nuevas plazas?
“Una cosa es lo que nosotros podamos aportar y otra es lo que los cabildos quieran poner. Algunos están dispuestos a invertir más, como es el caso de Tenerife y Gran Canaria”.
-Pero ,según las estimaciones, al menos ¿se puede decir que se va a duplicar la oferta existente para mayores y dependientes en centros residenciales?
“Sí, vamos a intentar casi duplicar la oferta. Depende de cada isla, pero, en general, el segundo plan viene a duplicar las plazas. Cuando ya esté cerrado, veremos si, incluso, se supera esta estimación. Dependerá también de la capacidad de cofinaciar de los cabildos”.
-La Prestación Canaria de Inserción (PCI) es otro de los asuntos que más problemas y retrasos ha arrastrado…
“Vamos a intentar aprobar lo antes posible la modificación del reglamento, que tenía que haberse hecho desde 2015. Hay más dinero y no hay lista de espera, pero la modificación del reglamento va a significar que algunas personas, que con la norma actual no tienen derecho, puedan empezar a recibirla. Supone acercarnos a los colectivos más vulnerables. Tengo mucha prisa en sacar esta modificación, que espero resolver en las próximas semanas”.
-Pese a lo recogido en la ley, ha aumentado en los últimos años la cifra de acogimiento residencial de menores en desamparo frente al de familias. ¿Tiene previsto dar un giro a esta situación?
“Tenemos que reforzar los acogimientos y trabajar la promoción, poniendo en valor los muchos casos de éxito. Es verdad que hay perfiles de menores que no lo tienen fácil para ser acogidos, ni siquiera adoptados, y ahí tenemos que reforzar los recursos y los profesionales que les atienden. La nueva Ley del Menor nos obliga a adaptarnos a la nueva tipología de recursos y queremos crecer en la especialización”.
-Usted que conoce los servicios sociales de Canarias, ¿qué radiografía hace? ¿Estamos peor de lo que vemos?
“Tenemos mucho que mejorar, pero no estamos tan mal como se dice. Tenemos una imagen catastrofista de un sector que en los últimos 20 años ha mejorado muchísimo, no solo en ratios de profesionales, sino en su especialización. Ahora lo que toca es ordenarnos. Por eso confío mucho en que la nueva ley venga a hacer un fotografía real de lo que existe en Canarias, con un mapa claro de recursos, sabiendo quién hace cada cosa. En estos momentos la sensación que hay es de desorden y que cada uno hace lo que puede para responder a los ciudadanos que le tocan la puerta cada día”.
-Hablando de política y de su partido, Coalición Canaria, ¿debe el nacionalismo reinventarse?
“No me gusta la palabra reinventar, se ha puesto de moda y hay cosas ya inventadas que no se reinventan. Creo que las cosas lo que tienen que hacer es evolucionar, adaptarse a los cambios y crecer. Pienso que tenemos que crecer, evolucionar al nacionalismo que necesita la Canarias del siglo XXI. Ese es el reto. No quedarnos anclados en el pasado, mejorar y ser cada vez más eficaces en la respuesta a nuestra gente y sus necesidades, que son muchas”.
-¿El Congreso de CC vino a apuntalar a su partido?
“Fue un ejercicio de consenso y de acuerdo para arrancar una etapa nueva, de menos conflictos entre islas, entre personas, entre apellidos, y empezar a tener un equipo con apoyo de todos. A mí las discrepancias y diferencias no me asustan”.
La villera de adopción que se quiere jubilar en Valle Gran Rey
Aunque Cristina Valido nació en Gran Canaria, de donde procede su padre, creció en La Orotava, origen de su familia materna. Su trayectoria política se inició mientras estudiaba Filosofía en la Universidad de La Laguna, cuando se incorporó a los Jóvenes de las AIC. La nacionalista es técnico especialista en Administración de Empresas y experta en Gestión de Políticas Públicas por la ULL. Mientras cursaba sus estudios, se incorporó al mundo laboral gestionando la administración de una empresa de la construcción, a la par que hacía sus pinitos en el mundo de la comunicación. Esta labor la compatibilizó entre 1999 y 2003 con sus responsabilidades como concejal de Juventud del Ayuntamiento de La Orotava. En el año 2003, Ricardo Melchior le pide que asuma en el Cabildo el Área de Asuntos Sociales, cargo que desempeñó hasta el 9 de enero de este año. Lectora empedernida y viajera, recuerda especialmente su estancia en Anantapur (India) con la Fundación Vicente Ferrer y sus visitas a los campos de refugiados de Tinduf, experiencias que, asegura, todo el mundo “debe vivir para hablar con perspectiva y sensatez de lo que tiene y lo que le falta”. Se confiesa amante del mar -no podría vivir lejos de él- y sostiene que su intención es jubilarse en el municipio gomero de Valle Gran Rey.
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