La diferencia entre un país en democracia, del sometido a un totalitarismo es, entre otras, el respeto de sus políticos por la separación de poderes, especialmente la Justicia. Algo que, y aunque no parezca, la clase política española cumple, pero no la que integran los resabios del “Eje Chavista” y sus socios por conveniencia.
Tras el derrumbe de la totalitaria Revolución Bolivariana, todo ex gobernante de países latinoamericanos adscriptos a ella, y al que ahora investiga la Justicia, denuncia una persecución de “la ultraderecha” o “el partido Judicial”, como rebautizaron una Justicia a cuyos miembros ellos sometieron arrestando, desplazando, o exiliando a los díscolos.
Así es como el kirchnerismo en Argentina logró archivar causas por presunta corrupción o enriquecimiento ilícito contra sus líderes y perseguir opositores; el chavismo en Venezuela repitió igual estrategia de presión en 14.500 causas; imitado todo en Bolivia por el presidente Evo Morales, y en Ecuador por su homólogo Rafael Correa en mayor o menor medida.
Pero lo sorprendente es que, en una Brasil donde el ex presidente Lula da Silva, y su sucesora Dilma Rousseff respetaron y respetan tal separación de Poderes, el primero de ellos ataque la Justicia al ser ahora investigado ante el ‘chapapote’ de corrupción en la estatal Petrobras, que ha encarcelado a su ex Jefe de Gabinete, un presidente de la Cámara de Diputados, directivos, legisladores, empresarios y gremialistas amigos, luego de que “gargantas profundas” reconocieran que, con petrodólares, se pagaron inclusive campañas electorales de aliados bolivianos, argentinos y peruanos, repitiendo lo de la venezolana PDVSA.
Ninguno se ha puesto a disposición judicial con rigor de país democrático y, especialmente este Lula ayer admirado y hoy investigado, al proclamarse demócratas e inocentes, olvidan proclamarse respetuosos de una Justicia independiente, única capaz de limpiar tanto “chapapote” de corrupción.
gerardoctkc@gmail.com
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